P. R. La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, calificó ayer de "sesgado y unilateral" el informe elaborado por el Imserso sobre la aplicación de la ley de Dependencia en lo que respecta a su financiación, ya que sólo recoge la aportación estatal cuando, en la actualidad, al menos en lo que respecta a Asturias, el ejecutivo de Rajoy es el que menos contribuye de los tres pilares financieros: 23,3 millones (12%) frente a los 142 del Gobierno asturiano (74%) y los 27 millones (14%) de los dependientes a través del copago. La Consejera no dio su aprobación al análisis.
"El informe tiene que hacer referencia a las aportaciones de todas las partes. Asturias supera con creces la financiación estatal, sobre todo porque mantenemos una red de prestaciones públicas. El Gobierno no se puede escudar en la diversidad contable o presupuestaria de los diferentes gobiernos, porque la normativa estatal, aprobada en diciembre de 2013, obliga a las autonomías a presentar una certificación anual del gasto en dependencia antes del mes de abril, y Asturias ha entregado toda la documentación", declaró la consejera en Madrid.
Esther Díaz también denunció la notable reducción de la financiación por parte del Gobierno del PP, tanto a la dependencia como al resto de servicios sociales. En 2010, el ejecutivo estatal dio 41 millones a la dependencia y la cifra bajó, el año pasado, a los 23 millones.
Sin embargo, la ministra de Asuntos Sociales, Ana Mato, hizo una valoración positiva de la aplicación de la ley en 2013. Según dijo, en diciembre de 2013 había más beneficiarios con prestación (753.842) que en 2011 (738.587). Según sus cifras, se incorporaron un total de 224.810 nuevos beneficiarios al sistema desde 2011 y la lista de espera se redujo en un 37,73%.
Los datos de la ministra se conocen un día después del informe semestral del Observatorio de la Dependencia, en el que once comunidades autónomas suspenden en la aplicación de la ley se subraya no sólo el recorte de presupuesto y derechos, sino de beneficiarios y atenciones. Los datos, a 31 de mayo de 2014, arrojan una cifra de atendidos de 736.777, es decir 1.810 personas menos que a finales de 2011.
En lo que respecta al fondo de lucha contra la pobreza infantil, a la que el Estado destina 16 millones de euros, de los que Asturias recibirá 800.000, la consejera de Bienestar ve insuficiente la dotación económica y abogó por alcanzar un pacto de Estado, "una colaboración entre administraciones y entidades del tercer sector a fin de eliminar los índices de pobreza infantil tan deplorables", indicó.
"Encontré receptivos al Ministerio y a otras comunidades autónomas", que han mostrado "una sensibilidad especial para trabajar contra la pobreza infantil, por las necesidades de las familias con menores a cargo", en un momento en el que "los recortes en prestaciones y servicios están provocando una mayor desigualdad", pero, por ahora, "no hay una expresión como acuerdo para un pacto de Estado", declaró a los medios de comunicación.
El Principado ya anunció el pasado lunes que incrementará en 600.000 euros esa ayuda estatal, llegando a 1,4 millones. Las ayudas las recibirán las familias con menores a su cargo que estén pasando por graves dificultades económicas.
Esther Díaz solicitó en la reunión que se mantenga esta financiación en el tiempo y se incluya en los Presupuestos Generales del Estado.
