PARTICIPACION

Alumnos, padres y profesores han celebrado esta noche marchas contra la reforma educativa...

Silencio nocturno contra la Lomce

La de Madrid pasó por delante de la sede del PP y concluyó en el Tribunal Constitucional.

12.05.13 - AGENCIAS | MADRID, en El Comercio.

Profesores, padres y estudiantes -agrupados en la Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública- han protagonizado marchas en diversas ciudades españolas a lo largo de la noche detrás de pancartas con el lema "No a la Lomce, no a los recortes, no a las contrarreformas educativas". La más numerosa ha sido la de Madrid, que ha partido a las diez de la noche desde el Ministerio de Educación, situado en la calle Alcalá, para pasar después por delante de la sede del Partido Popular, del Defensor del Pueblo y, finalmente, concluir en la sede del Tribunal Constitucional.

Con esta iniciativa, la plataforma quiere poner el "broche al "éxito" de la semana de movilizaciones y protestas secundadas en defensa de la enseñanza pública y para rechazar a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), según ha explicado el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, José Luis Pazos. En Madrid, grupos de profesores, familias y pandillas de estudiantes han protagonizado esta "simbólica" marcha, que ha discurrido la mayor parte del recorrido por aceras y bulevares, ya que sólo ha sido interrumpido el tráfico unos minutos cuando se ha detenido ante la sede del Partido Popular en la calle Génova.

Durante la marcha, secundada por un millar de personas, se han oído lemas como "Sanidad y educación, no a la privatización", "Educación pública" o "Sí se puede", que han subido el tono a la llegada a la sede del PP, donde han lanzado la pregunta de "En qué sobre está mi paga de Navidad". En el arranque frente al ministerio, los manifestantes han reclamado la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

"Arrancamos del ministerio para recoger el anteproyecto y llevarlo al PP, que son los responsables de que esté aquí, para continuar hacia el Defensor, al que pedimos que actúe en defensa de la educación pública, y terminaremos en el Constitucional, donde lo llevaremos si finalmente se aprueba esta reforma", ha asegurado el representante de los padres. Desde CCOO, Isabel Galvín ha destacado el éxito de las movilizaciones del pasado jueves, que han conseguido -a su juicio- que el Gobierno haya retrasado la aprobación del anteproyecto, aunque no confía en que abra un proceso de diálogo con los sectores implicados.

"Talante antidemocrático"

"El Gobierno está demostrando un talante antidemocrático, está haciendo la reforma de espaldas a la comunidad educativa y que sólo cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal y de sectores empresariales que pretenden hacer negocio con la educación", ha añadido. La representante del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha advertido de que si el Ejecutivo no cambia el anteproyecto continuarán las movilizaciones.

"Estamos apoyando esta marcha simbólica para reivindicar la necesidad de seguir luchando; no estamos aquí para que se paralice la Lomce, sino para que se eche para atrás por completo, por eso si sigue adelante, continuaremos con el plan de lucha conjunta con toda la comunidad educativa". Emilia Sánchez, de UGT, ha opinado que la reforma que plantea el ministro José Ignacio Wert es "el mayor ataque educativo de los últimos años, y prácticamente desde la dictadura; no vamos a parar hasta que no se retire la ley". El Gobierno no envió ayer finalmente el proyecto al Parlamento, como había previsto el Ministerio de Educación, debido a que la propuesta legislativa tenía "unas observaciones" que han de resolverse antes de aprobarse en Consejo de Ministros, lo que podría ocurrir el viernes próximo, según fuentes gubernamentales.

Padres, profesores y alumnos protestan en silencio contra la reforma Wert

Un millar de personas sale a las calles de Madrid para pedir la dimisión del ministro de Educación y la retirada total de la Lomce

EFE, Madrid.

Grupos de padres, profesores y estudiantes tomaron parte desde las diez de la noche de este sábado en una marcha silenciosa en defensa de la educación pública, que ha arrancado en el Ministerio de Educación, y que pasó por delante de las sedes del PP y del Defensor del Pueblo, para concluir en el Tribunal Constitucional.

La marcha discurrió de forma tranquila detrás de una pancarta con el lema "No a la Lomce, no a los recortes, no a las contrarreformas educativas". Ha discurrido la mayor parte del recorrido por aceras y bulevares, ya que sólo ha sido interrumpido el tráfico unos minutos cuando se ha detenido ante la sede del Partido Popular en la calle Génova.

Durante la manifestación, secundada por un millar de personas, el silencio se ha roto en ocasiones por algunos de los congregados al lanzar lemas como "Sanidad y educación, no a la privatización", "Educación pública" o "Sí se puede". Ha subido el tono a la llegada a la sede del PP, donde se han preguntado en alto: "En qué sobre está mi paga de Navidad". En el arranque frente al ministerio, los manifestantes han reclamado la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

La concentración -convocada por la Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública- ha querido ser el broche al "éxito" de las movilizaciones y la huelga celebradas el pasado jueves, según ha explicado el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, José Luis Pazos.

"Arrancamos del ministerio para recoger el anteproyecto y llevarlo al PP, que son los responsables de que esté aquí, para continuar hacia el Defensor, al que pedimos que actúe en defensa de la educación pública, y terminaremos en el Constitucional, donde lo llevaremos si finalmente se aprueba esta reforma", ha asegurado el representante de los padres.

Desde CCOO, Isabel Galvín ha destacado el éxito de las movilizaciones del pasado jueves, que han conseguido que el Gobierno haya retrasado la aprobación del anteproyecto, aunque no confía en que abra un proceso de diálogo con los sectores implicados. "El Gobierno está demostrando un talante antidemocrático, está haciendo la reforma de espaldas a la comunidad educativa y que sólo cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal y de sectores empresariales que pretenden hacer negocio con la educación", ha añadido.

La representante del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha advertido de que si el Ejecutivo no cambia el anteproyecto continuarán las movilizaciones. "Estamos apoyando esta marcha simbólica para reivindicar la necesidad de seguir luchando; no estamos aquí para que se paralice la Lomce, sino para que se eche para atrás por completo, por eso si sigue adelante, continuaremos con el plan de lucha conjunta con toda la comunidad educativa". La estudiante ha exigido "que se respete el derecho de la mayoría de la sociedad a tener una educación de calidad y a tener derecho a la igualdad".

Emilia Sánchez, de UGT, ha opinado que la reforma que plantea el ministro José Ignacio Wert es "el mayor ataque educativo de los últimos años, y prácticamente desde la dictadura; no vamos a parar hasta que no se retire la ley".

Además de Madrid, se han llevado a cabo otras marchas nocturnas en varias ciudades españolas para expresar la defensa de la enseñanza pública y el rechazo a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Presentando las demandas en Oviedo, con una “toma simbólica” del C.S. de La Lila

La plataforma contra la privatización de la sanidad «toma» el centro de la Lila

La gestión pública transparente y el uso de genéricos, entre sus reclamaciones

Foto: Un grupo de profesionales de la medicina, ayer, junto a la mesa de la plataforma en el centro de salud de la Lila.

10.05.2013, E. V., Oviedo, en La Nueva España.

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias «ocupó» ayer simbólicamente el centro de salud de la Lila. El acto forma parte de las actividades reivindicativas que el grupo realiza por todo el Principado para reclamar una sanidad pública sostenible con la puesta en marcha de cinco medidas; el uso de medicamentos genéricos, la centralización de las compras, el rechazo a la repetición de pruebas y controles sanitarios, evitar «medicalizar» a las personas sanas, una gestión pública transparente con rendición de cuentas y la potenciación de la participación ciudadana en los consejos de salud.

La plataforma instaló una mesa informativa en el interior del centro de salud, recogió firmas de apoyo a sus peticiones y repartió folletos informativos a los usuarios de la Lila. El grupo ya ha presentado sus reivindicaciones en los centros de salud de Teatinos, Otero, Pumarín y Ciudad Naranco, entre otros.

WEB DE LA PLATAFORMA…

Ya está bien del austericidio y del "infame complot contra el desgraciado pueblo griego, portugués y español" hay que "arrebatar el poder al mundo de las finanzas".

Miles de personas exigen a Hollande el fin de la austeridad

Un año después de su victoria electoral, el mandatario ve abrirse un nuevo frente en la calle

La protesta ha constituido una exhibición de fuerza de la extrema izquierda

Mélenchon pide una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y abra la VI República

06.05.13 - EFE | PARÍS.

Casi un año después de la elección de François Hollande como presidente de Francia, la extrema izquierda del país ha mostrado hoy (por ayer) su fuerza en una manifestación en París en la que ha reclamado el final de la austeridad y un giro progresista a la política.

Convocados por el excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, líder del Frente de Izquierdas, 180.000 manifestantes se han reunido en la plaza de la Bastilla de la capital gala para "arrebatar el poder al mundo de las finanzas" y "proclamar la VI República". La policía, que inicialmente afirmó que no haría estimaciones de participación, ha dado la cifra de 30.000 personas.

Un día antes de que se cumpla un año de su victoria electoral, Hollande ve cómo se le abre un nuevo frente en la calle, tras varios meses en los que la derecha y la extrema derecha han convocado manifestaciones contra la legalización del matrimonio homosexual. Con una impopularidad récord, con indicadores económicos alarmantes, el presidente cumple el primero de sus cinco años de mandato lejos del respaldo popular que le aupó al Elíseo frente al conservador Nicolas Sarkozy.

Tras haber logrado que la Comisión Europea le conceda dos años suplementarios para conseguir el objetivo de déficit del 3%, que el Gobierno ha vendido como un triunfo de sus tesis frente a las de Berlín, Hollande ve cómo la izquierda le pide un giro más radical. "El periodo de pruebas se ha agotado y no salen las cuentas", le ha reprochado Mélenchon, que había dado su aval en la segunda vuelta pero que se ha mostrado muy crítico con la política del Ejecutivo.

Un esfuerzo "innecesario y sádico"

En el punto de mira del político y de la mayoría de los manifestantes está la política de austeridad impuesta por Berlín y Bruselas. Mélenchon han asegurado que los dos años de plazo suplementarios obtenidos por Francia son "una mentira, porque representan dos años más de chantajes y de sufrimiento de los ciudadanos". "El esfuerzo que se impone a los ciudadanos es innecesario y sádico", ha manifestado el político, convencido de que la deuda de los países de Europa y Estados Unidos "nunca será pagada".

Respaldado por comunistas, algunos ecologistas y la mayor parte de los sindicatos, Mélenchon ha acusado a la "maldita troika" de acreedores internacionales y a la "vacía Comisión Europea" de llevar a cabo, junto con el mundo de las finanzas, un "infame complot contra el desgraciado pueblo griego, portugués y español".

El líder del Partido de Izquierdas ha pedido, incluso, paso al actual Gobierno para instalar una nueva política porque considera tener "las personas y las competencias" para llevar a cabo el giro necesario, pero sobre todo ha dicho poseer "el respaldo del pueblo".

Su cambio va más lejos ya que Mélenchon ha preconizado la instauración de una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y abra la VI República, en la que los poderes del presidente "estén limitados a la voluntad del pueblo".

En caso de que no se produzca el giro que demanda, Mélenchon ha augurado un nuevo tiempo político en el que el Frente de Izquierdas, que hasta ahora ha colaborado en las cámaras con los socialistas, "trabaje para crear una nueva mayoría parlamentaria".

El Elíseo carga contra Mélenchon

Desde el Partido Socialista y desde el Gobierno han atacado con dureza a Mélenchon, a quien han acusado de "romper la unidad de la izquierda, lo que beneficia a la derecha", en palabras del ministro de Economía, Pierre Moscovici. "En el pasado, cuando la izquierda ha olvidado que lo que hay que combatir es a la derecha, siempre ha fracasado", ha señalado Mocovici en la televisión iTélé.

El ministro de Economía ha asegurado que "la austeridad ha acabado en Europa" para dar paso "a las políticas de crecimiento", pero ha defendido "el control del gasto público" para que los países no pierdan autonomía presupuestaria. Moscovici ha recalcado que la insistencia de Hollande en favor del final de la austeridad ha motivado "un nuevo rumbo" en la política europea en el que "el crecimiento es la primera de las prioridades".

Y siguen (el PP) en la estafa con falacias y mentiras

¿Son sostenibles las pensiones?

Si creemos lo que nos dicen los poderes públicos neoliberales que nos gobiernan, entiéndase el gobierno del PP, la troika, FMI, OCDE, todos ellos dominados por la misma doctrina económica, basada en dos conceptos básicos: la primacía de lo privado sobre lo público y el dominio del Dios mercado, las pensiones son inviables.

Además la dócil y sumisa prensa del país sólo reproduce este pensamiento neoliberal, ignorando otras doctrinas o pensamientos mucho más científicos.

nuevatribuna.es | Edmundo Fayanás Escuer

Desde mi punto de vista y el de otros muchos economistas y pensadores, creemos que las pensiones públicas son totalmente viables. Está claro, que estamos en una guerra y para que sigamos teniendo pensiones públicas deberemos parar a las poderosas élites neoliberales que nos gobiernan.

¿Qué argumentos se emplean para aseverar que las pensiones públicas son inviables?

El principal argumento y prácticamente único es la demografía, diciendo “el actual sistema de pensiones es insostenible por la presión demográfica, que empuja a la población hacía edades más altas” u otro “el número de beneficiarios de las pensiones será cada vez grande que el número de cotizantes del sistema de pensiones, con lo cual se llegará a una situación en que no habrá suficientes cotizantes para tantos beneficiarios”.

¿Es verdad este argumento?

El relato puede tener algo de verdad pero el problema es que las pensiones no dependen como factor fundamental de la demografía. El factor principal para garantizar el sistema público de pensiones es LA PRODUCTIVIDAD y no la demografía. Veamos dos ejemplos clarificadores:

A) Año 1913, en España trabajaban en el campo el 80% de la masa laboral del país y no producían lo suficiente porque el país pasaba hambre. Sin embargo,  en 2013, sólo trabajan en el campo el 3% de la masa laboral y no sólo producen para alimentar al país, sino que nuestra balanza agrícola presenta un superávit que ronda unos 8.000 millones de euros anuales. A esto se le llama productividad.

B) Un trabajador navarro con 20 años es contratado, en el año 1970, en la fábrica de coches Audi de Pamplona. Cuando empezó a trabajar producía 20 coches al año. En 2013, este mismo trabajador se jubila ya en la Wolkswagen pero ya produce 105 coches al año. Es decir el mismo trabajador produce más de cinco veces de riqueza de la que producía al inicio, esto se le denomina aumento de productividad.

Como vemos, el factor fundamental para las pensiones está en la productividad mientras que la demografía es un factor menor. La productividad española en los últimos cien años ha tenido un crecimiento real del 1,5%. Las últimas previsiones demográficas que nos han dado son irreales y fuera de toda lógica científica.

¿Porqué afirmo esto? 

Sirva como ejemplo, que las previsiones que hizo el INE en el año 1999 (ver hemerotecas) preveían una población para España, en 2010, de 39 millones de personas, cuando la realidad es que pasamos de 47 millones de habitantes ¡Cabe mayor error! Deberían ser mucho más prudentes y cuando se utiliza la ciencia demográfica para justificar determinadas políticas, tiene un nombre no aconsejable utilizar aquí. Inmediatamente de dar a conocer sus previsiones de 1999, el BBVA y Santander iniciaron la campaña en pro de las pensiones privadas.

El pensamiento único neoliberal del gobierno del PP y de la Unión Europea nos plantean la inviabilidad futura del sistema de pensiones y en consecuencia nos están planteando lo que ellos denominan reformas estructurales, que en el caso de las pensiones pasan por las siguientes medidas:

1º Alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años para el 2027. Este periodo lo van a acortar no llegando a 2027 sino hacerlo ya en 2020.

2º Pasar de los actuales quince años de cotización para hacer la base de la jubilación a hacerlo con los últimos 25 años ¿Qué significa? Muy sencillo, si  una pensión calculada con los últimos quince años laborables llegaba a los 1.000 euros mensuales, si cuentan los últimos veinticinco se reduce la misma a 750 euros mensuales, es decir, una reducción del 25%.

3º Dificultar las jubilaciones anticipadas. Esto supone anualmente un coste a la Seguridad Social de unos 10.000 millones de euros. Con las medidas recientemente tomadas se ahorran unos 5.000 millones de euros.

4º Cuando hablan de “sostenibilidad del sistema” y últimamente INDEXACIÓN, ¿qué quieren decir?, ¿cómo afecta a las pensiones actuales? 

Muy sencillo, plantean dejar de actualizar las pensiones en base al IPC y buscan un sistema en que la subida anual sea mucho menor, con lo que consiguen que las pensiones sean menores. Hasta ahora cuando el IPC subía el 3% la pensión se revalorizaba el 3%, pero con el sistema de sostenibilidad que están planteando solo subirá un 0,5%. Es decir, que año a año nuestra pensión será más pequeña, calculándose que en ocho años se perdería un 25% de la pensión.

Todas las reformas, que está planteando el Partido Popular en el tema de las pensiones, llevan el mismo camino, que haya menos pensionistas y que estas sean cada día de menor valor. Entonces podemos preguntarnos:

¿España gasta mucho en pensiones? 

La respuesta es NO, siendo uno de los países de la Unión Europea con menor gasto en pensiones. Si seguimos el informe de la OCDE del año 2011, España gastaba en pensiones el 8% del PIB, Alemania el 10,7%, Francia el 12,5%, Italia el 14,1%, Portugal el 10,8%.   Decir que España gasta mucho en pensiones es simplemente mentira.

Si seguimos el gasto público previsto en pensiones para el año 2050 según la propia Unión Europea, España tendrá un gasto en pensiones del 13,7%, por debajo de Francia e Italia y parecido a Alemania y Portugal.

¿Qué pretenden con estas medidas?

Evidentemente empobrecer el sistema público de pensiones para favorecer las pensiones privadas.

¿Por qué les interesan las pensiones privadas? Porque estas suponen un gran beneficio al sistema financiero y asegurador. Actualmente hay unos fondos de pensiones en España que suponen unos 87.000 millones de euros, el 8,7% del PIB, mientras que en Alemania su fondo privado del pensiones supone el 105% de su PIB es decir más de dos billones de euros y Holanda tienes un fondo de pensiones que supone el 120% de su PIB. Un bocado tan apetitoso financiero no puede pasar por la puerta del BBVA, Santander y Caixa sin tocarlo. Pero preguntémonos:

¿Son los fondos de pensiones privadas la solución?

La respuesta es NO ¿Por qué? El 80% de los fondos privados de pensiones españoles tiene rentabilidades negativas, si a ello le unimos las comisiones bancarias de estos fondos que es un 2% de media (autentico negocio bancario) y añadimos la inflación anual, podemos afirmar que los únicos beneficiarios son los bancos y aseguradores y no el pensionista privado. 

¿Por qué Fedea no ha hecho ningún informe sobre las pensiones privadas y nos inunda con los maleficios de las públicas?

Para que les quede todavía más claro, veamos el caso real de lo que pasó en Chile. En el año 1981, la dictadura de Pinochet se planteó la privatización del sistema de pensiones siguiendo el modelo neoliberal propugnado por la escuela de Chicago encabezada por Milton Friedman. La argumentación que empleó Pinochet es que aumentaría el capital del país, las inversiones, se provocaría un mayor crecimiento económico y en consecuencia las pensiones privadas serían más generosas que las del sistema público.

El trabajador chileno tuvo que elegir entre pensión pública y privada. Analicemos este caso. Dos técnicos de laboratorio chilenos que cobran en enero de 2013 730 euros mensuales y que ambos tienen 66 años y el mismo curriculum laboral: ¿cómo quedaría cada uno de ellos?

A) El que eligió el sistema privado le quedaría una pensión mensual de 240 euros y su duración es de veinte años, es decir, hasta el 2033, pasada esta fecha se queda sin pensión, entonces como diría Pinochet muérase antes.

B) El que eligió el sistema público le quedan 540 euros mensuales y la pensión es de por vida.

¿Tienen ya claro en este ejemplo real lo que es lo público y lo que es lo privado? La expresidenta chilena Michelle Bachelet tildó el sistema privado de pensiones chileno de escandaloso.

Otro de los aspectos llamativos en el tema de las pensiones es que los poderes públicos (PP), sólo hablan de gastos pero nunca hablan de los ingresos  ¿Por qué?  Es la misma política que en los recortes, solo se actúa en los gastos y nunca en los ingresos. El culpable de todo lo que está pasando es el injusto sistema fiscal español, añadido al fraude fiscal consentido y alentado desde el poder, donde salen beneficiados las élites.

¿Qué se puede hacer en cuanto a ingresos?

Como dice el catedrático de derecho del Trabajo, Juan López Gandía, de la Universidad de Valencia “nunca se habla de financiación ¿Por qué no se cuestiona el modelo de ingresos solo a través de cotizaciones? Se pueden crear impuestos finalistas como sucede en Francia o subir cuotas sociales, hay países en que se suben”.

Es difícil de explicar por ejemplo que los Sres. Botín  (Santander y González (BBVA) paguen a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banco. Es injusto, ya hablando de la demografía que tanto gusta a los neoliberales, que un trabajador de la construcción vive diez años menos que un médico y le suban la edad de jubilación lo mismo a todos.

Está claro, que se puede recaudar mucho más y hacer el sistema más justo, pero no lo que propone el PP. Actualmente hay un fondo de pensiones de 63.000 millones de euros, de los que 58.000 están invertidos en deuda pública del Estado español, para que en casos como el actual no haya problemas. Es evidente que la situación actual con muchísimo paro y no avance del PIB es un problema, pero los análisis hay que hacerlos en periodos de diez años y no cuando hay problemas puntuales.

Hoy a pesar de todo lo que está cayendo podemos afirmar  que el sistema de pensiones públicas no es un problema económico real y si se deben hacer cambios, es en otro sentido del que realizan los del PP. La cuestión de las pensiones públicas actualmente, no es un problema económico sino que es un problema político de desmantelamiento de todo lo público en favor de lo privado.

Hoy los millones de jubilados y de trabajadores deben de tener claro que quieren cargarse el sistema público de pensiones, empobreciéndolo. Por eso todos tenemos armas para combatirlos ¿Cómo? Protestando en la calle ante esta injusticia y por otro lado, echándoles del poder mediante nuestro voto. Esto no es un problema de ser de derechas, de izquierdas, católicos, progresistas, nacionalistas, sino es la defensa de unos derechos para una vida digna para nuestros mayores actuales y los futuros. Ni un voto al PP, UPN, PAR… y a todos aquellos que apoyan de forma ignominiosa, el terminar con un justo sistema de pensiones públicas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lanza un nuevo vídeo dirigido al presidente del Gobierno en el que responde a sus acusaciones contra los movimientos sociales

La PAH le habla de democracia a Rajoy de pantalla a pantalla

Sus miembros recurren a conocidas frases de Rajoy para abrir un debate sobre la democracia que va más allá de las propias demandas del movimiento en defensa del derecho a la vivienda

eldiario.es

Diferentes caras, diferentes edades, diferentes acentos, pero desde una misma pantalla y con un único mensaje. Tras dirigirse a los diputados con sus peticiones y a los votantes del PP para explicarles que no son el enemigo, la PAH lanza un nuevo vídeo dirigido al presidente del Gobierno. Bajo el título #deciudadanoapresidente, varias decenas de afectados por la hipoteca dan la vuelta a los argumentos con los que Rajoy justifica las acciones del Ejecutivo y recogen el guante lanzado por destacados dirigentes del PP en forma de debate sobre el concepto de democracia.

"Le ha parecido profundamente antidemocrático que nos acerquemos a sus señorías con asambleas y pegatinas para mostrarles una realidad que están ignorando", comienza el vídeo en alusión a la primera condena pública de Rajoy a los escraches el pasado 26 de marzo.

Tras esas palabras, los miembros de la PAH retoman su discurso a través de una pantalla. "Nos parece profundamente antidemocrático que comparezca a través de una pantalla sin responder a las preguntas de los medios y que incumpla punto por punto su programa electoral", afirman. "Antidemocrático es gobernar con reales decretos, sin diálogo, esconderse ante la corrupción, proteger los intereses de una banca acosadora y llamarnos acosadores a sus víctimas", continúan.

En su vídeo, de poco más de dos minutos de duración, los afectados por las hipotecas se hacen eco también las sospechas sobre el papel de Rajoy en el caso Bárcenas -"no sabemos si ha recibido sobres de su partido, pero sí sabemos que los ciudadanos no le dimos un cheque en blanco" - y los duros recortes aplicados por el anterior y el actual Gobierno - "pagaremos su fiesta durante años con nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras pensiones y nuestras viviendas, hipotecando el futuro de todos para salvar a los culpables del desastre"-.

En el comunicado que acompaña al vídeo, la PAH explica que la grabación propone una reflexión "sobre qué es democracia y qué no con el fin de abrir un debate más allá de nuestras demandas". En ese juego, emplean una de las frases con las que Rajoy justifica sus políticas, "estamos haciendo lo que tenemos que hacer", pronunciada en el vídeo por Ada Colau, para afirmar que el colectivo está luchando por "salvar vidas, proteger derechos fundamentales y luchar por el bienestar de las personas". "Queremos justicia y exigirla, mire usted, es profundamente democrático", afirman los miembros de la Plataforma en la grabación en la que recuerdan, además, que sus propuestas cuentan con el apoyo del 80% de la población.

Mano tendida al diálogo

Tras preguntar a Rajoy si quiere pasar a la historia como el presidente que no paró los desahucios o como aquel al que llamen antisistema en un futuro, el vídeo incluye una oferta de diálogo para el presidente del Gobierno: "Si quiere buscar soluciones, soluciones reales, aquí nos tendrá abiertos al diálogo". "Si no, nos tendra enfrente, defendiendo a las familias y luchando por una democracia que sea de verdad profundamente democrática", concluyen los miembros de la PAH. Tras esas palabras, una nueva oferta, en este caso sobreimpresa: "si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de responder sin pantallas de por medio".

El PP carga contra los movimientos sociales y los enfrenta a la democracia

VER VIDEO ANTERIOR DE LA PAH

Dicen disponer de una flota de 125 vehículos y que el SESPA podría ahorrar hasta un 30% del gasto actual

Taxis para transportar pacientes

Cooperativas del oriente y occidente buscan optar al concurso de transporte sanitario

01.05.13 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Son taxis que ya realizan funciones de trabajo social y quieren optar al nuevo concurso público de transporte sanitario que el Principado deberá renovar en los próximos meses. La actual adjudicataria es Transinsa, «pero a su contrato ya no le caben más prórrogas por lo que debe volver a salir a concurso», explicaron fuentes del sector. Cooperativas del taxi del Oriente y el Occidente han solicitado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) y a la Consejería de Sanidad que dividan el pliego de condiciones entre transporte sanitario urgente y no urgente, de manera que «podamos presentarnos las cooperativas de taxi agrupadas en trabajo social», aseguró José Luis Álvarez González, de 'Taxi Accesible Mieres'.

Los demandantes han cursado esta petición ante el Sespa y la propia consejería. Aseguran que su entrada en el transporte sanitario, pudiendo llevar pacientes del sistema sanitario al igual que ahora lo hacen con personas que acuden a centros de día, permitiría al Sespa «ahorrar hasta un 30% del gasto destinado a transporte sanitario no urgente».

Este taxista afirma que «nuestro sector, como muchos otros, vive una difícil situación y, por tanto, el servicio del taxi se ha reinventado y evolucionado para intentar cubrir todo tipo de demandas de instituciones y usuarios». En este sentido, dicen disponer de una dotación de 125 vehículos, de los que el 25% están adaptados a personas discapacitadas. Asimismo, entre el centenar de taxis «contamos con unos 70 furgones de hasta nueve plazas adaptadas». Entienden estos profesionales de agrupaciones de Cangas del Narcea, Tineo, Mieres, Nava, Arriondas, Covadonga y Ribadesella que «disponemos de los materiales y la formación suficiente para poder optar al transporte de pacientes no urgentes». Argumentan, en este sentido, que desde la agrupación de trabajo social a la que pertenecen ya realizan funciones similares. Entre el 80 y el 90% del transporte escolar que no se cubre con autobuses «lo hacemos con nuestros taxis. Tenemos una dilatada experiencia y formación que podemos demostrar».

En su flota de vehículos hay también eurotaxis «que son vehículos que cumplen con la normativa europea de transportes de viajeros discapacitados y persona de movilidad reducida que incluso llegarían a tener capacidad para varias sillas de ruedas», abunda José Luis Álvarez, que recuerda que algunas de las empresas participantes «han sido galardonadas con el premio Aspaym, por ser ejemplo de accesibilidad universal en el transporte». Finalmente, indican que «por nuestra parte sería posible poner a disposición unos 110 taxis extendidos por toda la región. Optimizando los horarios de las consultas de los pacientes e intentando unificar los traslados darían unos resultados de eficiencia y ahorro económico abrumadores respecto al gasto actual.

Opinan: Antonio Arias, integrante de la Sindicatura del Cuentas del Principado; Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional; Xuan Xosé Sánchez Vicente, ex diputado regional (PAS); y Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex presidente del Principado

Los expertos reclaman una Administración ágil, fuerte y con independencia política

La politización de la función pública que se inició en los años ochenta ha generado «prácticas clientelares y corrupción», alertan los especialistas

Foto: Francisco Bastida.

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

 

España necesita una Administración fuerte, ágil, independiente, basada en la meritocracia y al margen del albedrío político, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y el municipal. Sin embargo, la función pública está aquejada ahora en casi todos sus escalones de una grave esclerosis y de un acentuado clientelismo, consecuencia directa del asalto al que ha sido sometida por la clase política durante las tres últimas décadas. Éste es, a trazo grueso, el análisis de los juristas, magistrados, funcionarios y expertos en la Administración consultados por este diario.

 

A pesar de algunos intentos, España no ha conseguido implantar una administración profesional e independiente de los vaivenes políticos tomando como base para ello lo mejor del modelo francés. El último revés pudo haber sido la fallida creación de un cuerpo de «superfuncionarios» con capacidad directiva, a modo de tercer eslabón de la Administración, y sin dependencia electoral. Esta figura estaba prevista en el estatuto del empleado público de 2007 pero no ha cuajado.

 

Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo del Principado y arquitecto de la autonomía asturiana, defendió la creación de estos niveles directivos en una conferencia pronunciada hace unos meses en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). También son reivindicados ahora por Antonio Arias, integrante de la Sindicatura del Cuentas del Principado a propuesta de IU. «Esa clase directiva, que no baile al son de los cambios políticos que se puedan producir, ya existe en casi todos los países y sería fundamental para mejorar nuestra función pública. Es más, yo diría que es la esencia del problema», asegura Arias.

 

En Francia funciona una escuela de funcionarios de los que se nutren las más altas instancias de la Administración y, también, de la política. El actual presidente de la República, el socialista François Hollande, pasó por sus aulas.

 

Lejos de caminar hacia la independencia del funcionariado, y en el otro extremo de la rigidez franquista, desde los años ochenta del pasado siglo se ha producido en España una creciente y progresiva politización de la Administración, asegura Francisco Bastida. Este catedrático de Derecho Constitucional se muestra muy crítico con una evolución de la función pública que, a su juicio, «fomenta las prácticas corruptas».

 

«Hemos llegado al punto de que los gestores de un hospital cambian cuando lo hace el Gobierno», lamenta Bastida, para quien esa excesiva politización ha generado una red clientelar entre los funcionarios y ha distorsionado la propia Administración.

 

La deriva ha sido especialmente llamativa en el ámbito municipal, donde, por ejemplo, los antaño intocables interventores y secretarios han perdido buena parte de sus atribuciones. Y eso cuando no han sido sustituidos por un personal de confianza que, en palabras de Xuan Xosé Sánchez Vicente, ex diputado regional y presidente del Partíu Asturianista (PAS), «tienen, por decirlo así, una actitud mucho más laxa ante el poder».

 

«Nada ha hecho en España tanto daño a la moral administrativa y a la política municipal como la supresión de la advertencia de ilegalidad como obligación esencial de los secretarios de los ayuntamientos respecto de las decisiones municipales, y lo mismo ocurre respecto a las advertencias a las que estaban obligados los interventores», sostiene Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex presidente del Principado. A su juicio, la desaparición de estas «garantías», unida a la «desaparición de prácticamente todo control sobre cualquier tipo de actos municipales que no sea el judicial a posteriori, amenaza con hacer renacer modos propios del gobierno municipal de la Restauración».

 

Una legislación asturiana de Régimen Local -que recupere la capacidad de advertencia por parte de secretarios e interventores- sería un medio de control de los actos municipales perfectamente compatible con su autonomía», subraya Rodríguez-Vigil.

 

En el anteproyecto de la nueva legislación de Régimen Local que ha presentado el Gobierno de Rajoy se incluye un vuelco jerárquico para interventores y secretarios, que dejarían de depender orgánicamente de las Corporaciones locales para volver a hacerlo del Ejecutivo central, como sucedía hasta la década de los ochenta del pasado siglo. Sería en aquel momento, hace casi tres décadas, cuando, con el socialista Felipe González en la Moncloa, dio comienzo el asalto político a las administraciones y la consiguiente «desaparición de los controles efectivos de sus decisiones», según apunta Antonio Muñoz Molina en su reciente obra «Todo lo que era sólido».

 

En la actualidad, los altos funcionarios municipales están controlados por aquellos cargos políticos a los que ellos mismos deben controlar. A su entender, no tiene sentido que un interventor tenga que fiscalizar a un Alcalde cuyo nombramiento dependa de él, o que un secretario tenga que informar de una ilegalidad del regidor que lo nombra y lo destituye. Sin embargo, la Federación Asturiana de Concejos ya ha mostrado cierta inquietud ante la posibilidad de que estos funcionarios se conviertan en figuras blindadas con un poder superior a los órganos elegidos democráticamente. Se trata de un argumento casi calcado del que se tuvo en cuenta para acometer las reformas que limitarían sus atribuciones.

 

Los empleados públicos asturianos también defienden cambios en la Administración, para hacerla más efectiva, independiente y atractiva para los propios trabajadores. Javier Villa, portavoz del colectivo de funcionarios «Conceyu por otra función pública en Asturias», estima que, para ello, habría que empezar por disponer de una carrera profesional que vacune contra las injerencias políticas y, que, a la vez, estimule al funcionario con la posibilidad de obtener ascensos laborales por méritos propios o mejoras económicas con independencia del criterio del responsable político que tenga por encima. Los colectivos de funcionarios han criticado con insistencia, y también denunciado ante la justicia, que la excesiva politización de la Administración autonómica ha desembocado en un «uso abusivo» de la libre designación, de los nombramientos a dedo.

 

Los tribunales han dictado seis sentencias contra la libre designación en la última legislatura del socialista Vicente Álvarez Areces. El magistrado Manuel Chaves, que tumbó varios procedimientos del Principado y que hoy forma parte del Tribunal Superior de Justicia de La Coruña, ha alertado desde estas páginas de que «Asturias es la excepción» en cuanto a libre designación, convirtiéndola en «regla general». A su juicio, «si todos los nombramientos fueran así, estaríamos ante un régimen de botín electoral y volveríamos a las cesantías».

 

Xuan Xosé Sánchez Vicente ve a la Administración «hipertrofiada», tras «haber crecido mucho -más de lo necesario- y con gente afín al gobernante de turno», al tiempo que se creaban «empresas periféricas también con personas próximas». Ahora bien, el histórico político asturianista también defiende un uso «bien entendido» de la libre designación ,«cuando es necesario escoger a un determinado funcionario».

 

A la hora de proponer mejoras para la Administración, Villa también defiende que los puestos no tengan carácter poco menos que vitalicio. En línea con otros funcionarios consultados, aboga por que los empleados públicos se sometan a evaluaciones objetivas cada cierto tiempo y que puedan ser removidos si no trabajan o no rinden. «En el Principado hay demasiados puestos de élite y sería necesario adaptarnos a las necesidades», añade.

 

Antonio Arias resume así las limitaciones «intemporales» del sistema de empleo público español a las que habría que poner coto: «No permite conocer las reglas del ascenso jerárquico, no tiene establecido un sistema de valoración o de compensación del trabajo, y las expectativas de promoción económica no están establecidas y dependen de forma absoluta del ascenso, que es aleatorio».

 

La ley permite la creación de un cuerpo de élite, profesional y al margen del vaivén político

30.04.2013, Oviedo, J. A. O., en La Nueva España

La reforma de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobada en 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, abre la puerta a que las administraciones estén dirigidas por equipos de gestores, contratados a través de criterios empresariales y con parámetros estrictamente profesionales. Sin embargo, esta figura no se ha desarrollado, pese a que especialistas como Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo, o el síndico Antonio Arias, defienden la creación de este «tercer espacio».

Según el texto legal de 2007, la élite funcionarial «para el desarrollo de funciones directivas profesionales» tendría un régimen jurídico establecido por el Estado y por las autonomías «a través de órganos especializados», pero de acuerdo con «criterios de mérito, capacidad e idoneidad». Además, los directivos serían evaluados con arreglo a «parámetros de eficacia, responsabilidad y resultados».

La idea inicial era que este cuerpo de élite estuviera compuesto en su mayoría por funcionarios, aunque el criterio de selección sería como en el sector privado. No perderían su nivel retributivo al cesar, para atraer profesionales y evitar fugas a las empresas.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Opinan el escritor Antonio Muñoz Molina, Javier Villa, del Conceyu por Otra Función Pública, Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo y el magistrado José Ramón Chaves (Blog de SEVACH)

La privatización del interés público

La politización de los responsables del control en la Administración está en la raíz de la crisis, según los expertos
Los funcionarios reclaman «total independencia» del poder para actuar como freno a la ilegalidad y la corrupción

Foto: Emilio Rabanal (ordenanza de la Consejería de Bienestar Social), en el mercado de Grado ayer, recitando el romance de ciego compuesto por los empleados públicos…

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

«Lo que sin que nadie lo advirtiera o lo denunciara empezó a suceder hacia mediados de los ochenta es que al mismo tiempo que las instituciones públicas empezaban a disponer de mucho dinero desaparecían los controles efectivos de la legalidad de las decisiones políticas. Entre todos los errores de la Transición española (...), uno de los más graves no lo ha mencionado casi nadie: la incapacidad de crear una administración pública profesional, solvente, atractiva como oportunidad de trabajo y progreso personal, austera, ajena a la política y a los vaivenes electorales».

La reflexión es del escritor Antonio Muñoz Molina y aparece en su último libro, «Todo lo que era sólido». Se trata de un alegato moral sobre las causas que han llevado a España a la situación actual y en la que el autor de «Sefarad», que conoció los entresijos de la Administración como funcionario municipal en el Ayuntamiento de Granada, llama a la ciudadanía a «una serena rebelión cívica para rescatar los territorios de soberanía usurpados por la clase política». Unos políticos que -denuncia- han colonizado mecanismos de control cuya independencia resulta fundamental para evitar prácticas corruptas y que deberían estar en manos de funcionarios ajenos a las prácticas clientelares y a los cambios de gobierno, pero a los que, en cambio, se les han ido quitando atribuciones y prestigio. Así, Muñoz Molina lamenta que aquellos secretarios e interventores que velaban por el interés público pasaron a convertirse en un «estorbo» para la nueva clase política: «La ruina en la que nos ahogamos hoy empezó entonces: cuando la potestad de disponer del servicio público pudo ejercerse sin mecanismos previos de control de las leyes y cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía insensata, la codicia o el delirio».

La ausencia de una carrera profesional que garantice la total y necesaria independencia del funcionario, visto como el último parapeto del ciudadano ante el albedrío político, el brutal asalto a los mecanismos de control, el abuso de la libre designación, el clientelismo o la proliferación de empresas públicas de todo tipo y con escasa justificación son vicios a los que ni socialistas ni populares han puesto coto en las tres últimas décadas. Es el análisis que hacen también los expertos asturianos consultados por este diario. Y lo comparte, al menos parcialmente, el consejo asesor del presidente del Principado, que aboga por una «reforma profunda» de la Administración autonómica, que debería basarse en la meritocracia y en la supresión de las «pautas clientelares».

Javier Villa, del Conceyu por Otra Función Pública, subraya que el desmantelamiento por parte de la clase política de todo tipo de mecanismos de control de su actividad está en la base de la crisis actual. «La burbuja inmobiliaria es un claro ejemplo de ello: se aprobaron planes de urbanismo con unas previsiones muy por encima de lo racional por parte de organismos politizados y no formados por técnicos independientes, a los que se fue apartando para que no molestaran», señala Villa, que también censura la proliferación de empresas públicas creadas, apunta, con un triple objetivo: «Hacer uso indiscriminado de la contratación a dedo, situarse al margen de la ley de contratos y eludir los controles de gasto». Son los «organismos híbridos» que, según Muñoz Molina, han crecido «en los márgenes de la Administración», que «ya no estaban sometidos a los antiguos controles y que, por lo tanto, dependían únicamente de los dirigentes políticos».

«Lo que se impone en esta situación es recuperar el rigor y la independencia de los empleados públicos y emprender una reforma de la Administración que le quite burocracia y le dé agilidad, pero sin entenderla como una empresa privada», afirma Javier Villa, portavoz de este colectivo de funcionarios. A su juicio, para ello, resulta «absolutamente necesaria» una carrera profesional que «garantice la imparcialidad» y «estimule al funcionario con expectativas de mejora laboral sin depender del criterio político, con ascensos por méritos».

«En lugar de modernizar la antigua burocracia la sumergieron en una inundación de nuevos puestos clientelares, de comisarios políticos descarados o encubiertos, dependientes siempre del favor del que les nombraba, leales hasta la sumisión, volcados en el servicio al partido o al líder del que dependía su sueldo y no a la ciudadanía que los costeaba con sus impuestos», escribe Muñoz Molina.

Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo, lamenta que «no se haya detectado a tiempo» que los organismos máximos de control, como el Tribunal de Cuentas o las sindicaturas, estaban controlados por la clase política y que su grado de independencia es «nulo». A su juicio, ha faltado «capacidad de reacción» ante un «problema de diseño del Estado» y que hace obligada una reforma profunda, «basada en la transparencia y en la participación».

«Es evidente que se ha producido un abuso de la política en las instituciones y del personal eventual», subraya el magistrado José Ramón Chaves, quien como el resto de expertos consultados defiende una Administración meritocrática, despolitizada y que haga de muro infranqueable frente al albedrío político.

 

Los funcionarios protestan en verso

Los trabajadores de las administraciones públicas de Asturias acuden al mercado de Grado para quejarse contra los recortes recitando coplas de ciego

Grado, Félix VALLINA, en La Nueva España.

Era costumbre hace siglos que algunos invidentes recorriesen las plazas y los mercados de los pueblos describiendo con versos algunos hechos y sucesos de amplia resonancia, que por su dramatismo, atrocidad o espanto, así como por su desenlace trágico, impresionaban a las gentes. Los llamados romances de ciego calaban hondo y corrían de boca en boca, por eso los funcionarios públicos asturianos, que ya están hartos de difundir su mensaje de alarma a través de las nuevas tecnologías sin obtener resultados, han decidido recurrir a métodos más tradicionales para denunciar los recortes que afectan a los trabajadores del sector y a los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Para ellos, la situación actual es lo suficientemente «trágica» como para cantarla en un romance de ciego y ayer lo hicieron en pleno mercado de Grado. Lo único que cambia «es que nosotros tenemos los ojos bien abiertos y somos capaces de ver que la situación es dramática», asegura Emilio Rabanal, que fue el «ciego» encargado de leer las coplas compuestas por los miembros de la Asamblea General de Trabajadores Públicos de Asturias, entidad organizadora del acto.

Rabanal trabaja a diario como ordenanza en la Consejería de Bienestar Social, pero ayer se puso un parche en el ojo, gafas oscuras, se caló el sombrero de fieltro y se echó sobre los hombros una capa negra que le daba aspecto de cansado, de peregrino con mucho camino recorrido y aún ve borroso el destino.

«Atiéndame todo el mundo / Mozos neños y paisanos / También que presten oído / Señoritas y casados», comenzó a relatar el falso ciego para llamar la atención en el mercado moscón. A continuación desarrolló un pliego de cordel y empezó a disparar poesía de ataque a discreción: «Érase que se era / un país al sur de Europa / de charanga y pandereta / donde los sus gobernantes / eren unos mangantes / presididos por un barbas / que no está ni se le siente / pero cuando abre la boca / más que hablar, el castrón miente», espetó Rabanal. El funcionario continuó gritando su mensaje a viva voz ante un amplio corrillo de curiosos. «Hubo un tiempo en el pasado / que ser público empleado / era motivo de honra / por la gente respetado; / Maestros, bomberos, médicos, / conserjes, bibliotecarios, / operarios, enfermeros... / de toles administraciones, / empezamos ya nel branu / a sufrir polos recortes. / Primero quítote perres / después quedeste sin extra / y pa jodevos aún más / voy a quitate los días / que te pusieron a cambio / de un sueldu que no subía».

Los romances de ciego solían venderse en los pueblos para ser recitados y cantados en reuniones familiares, entre los amigos o en actos sociales, pero el de los funcionarios se repartió entre los asistentes por miembros de la asamblea en formato de octavilla. Las coplas también hacen referencia «a la criminalización a la que nos han sometido los mandatarios a los trabajadores públicos», afirma Rabanal. «¿Sabéis que ye lo peor? / que encima lo que ficieron, / dieron como explicación / que ye que no trabayamos, / que somos lo más peor / y na foguera taríamos / si hubiera Inquisición». Hubo para todos: «Mientras crisis y parados / continúan aumentando / abundan en los palacios / corruptos y despreocupados», recitó Emilio Rabanal.

Las «verdades como puños» de los funcionarios -al menos así lo piensa Serafín Tuñón, un ovetense que ayer estaba en Grado- arrancaron los aplausos de los presentes. «Agradezco su atención / y su bien recibimiento / de esta villa me despido / no sin recordarles antes/ que ni ustedes ni nosotros / somos vagos ni maleantes», se despidió Rabanal.

 

Hubo un tiempo en el pasado

Que ser público empleado

Era motivo de honra

Por la gente respetado;

Maestros, bomberos, médicos,

conserjes, bibliotecarios,

operarios, enfermeros?

***

¿Sabéis que ye lo peor?

Que encima lo que ficieron,

dieron como explicación

que ye que no trabayamos,

que somos lo más peor

y na foguera taríamos

si hubiera Inquisición.

***

Y ye que tan confundíos.

Laborales, funcionarios

empleaos públicos somos,

sacamos oposición

y nuestru únicu baldón

ye tar mandaos por trapazas,

que usen la Administración

pa enchufar a los amigos.

***

Conserjes y profesores

También investigadores

Van a mandaivos al paro

Y traerán muchos asesores