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El comité de empresa del Hospital de Arriondas acusa al Principado de convertir el centro en una cárcel

Los representantes de los trabajadores aseguran que el Ejecutivo persigue el «secuestro profesional» de la plantilla

 

A. SÁNCHEZ R / R. DÍAZ /Arriondas / Llanes, para La Nueva España

 
El comité de empresa del hospital del oriente de Asturias acusó ayer al Gobierno del Principado de perseguir el «secuestro profesional» de los trabajadores y de intentar convertir el centro en «una cárcel». Los representantes de la plantilla relataron la última acción, presuntamente ilegal, de los responsables del hospital de Arriondas: negar la excedencia a un facultativo del servicio de traumatología, que la había solicitado en tiempo y forma. Es, según el comité de empresa, un flagrante incumplimiento del convenio colectivo por el que se rige el centro, gestionado por una fundación privada controlada por el Ejecutivo regional.

El convenio colectivo del hospital regula y explícitamente señala que tiene derecho a excedencia de su puesto de trabajo, «todo aquel empleado que con carácter fijo lo haya desempeñado durante un mínimo de un año». El trabajador no ha recibido ninguna explicación, según el comité de empresa, que adelantó que cuando vuelvan a funcionar los juzgados, el próximo mes de septiembre, se presentará una denuncia en Magistratura de Trabajo por este caso.

Es sólo un capítulo más de una política de personal que, según los representantes sindicales de los trabajadores, persigue el «secuestro profesional» de la plantilla. El comité de empresa aseguró que los empleados del Grande Covián que dejan el centro no son contratados en ningún centro asistencial de Asturias. Así que algunos han optado por marcharse a otras comunidades autónomas. Otros solicitarán la excedencia en breve, desveló la presidenta del comité, Lola Colunga.

«Si algo sacamos en claro los trabajadores tras el largo conflicto vivido en el centro, fue la falta de interés por fidelizar e incentivar la permanencia en el hospital de la actual plantilla», señalaron los miembros del comité de empresa, que pusieron como ejemplo de la política de personal que aplica el Principado unas recientes declaraciones del director general y patrono del centro Arcadio Fernández: «El que quiera irse, que se vaya».

Los representantes de los trabajadores destacaron que la gerencia, el patronato y la Consejería de Sanidad, «incapaces de asumir la situación que ellos mismos crearon, negándose al diálogo con la plantilla para ofrecer un horizonte de normalidad, reniegan de sus propias palabras y para ello incumplen el convenio colectivo».

«¿Qué futuro le espera a este hospital si se convierte en una cárcel?», se preguntaron los integrantes del comité, que desvelaron que en lo que va de año ya se han marchado cuatro trabajadores de urgencias, dos pediatras, un cirujano, un neurólogo y un nefrólogo. Varios de estos puestos aún no han podido ser cubiertos.

«Si no se normaliza la relación entre institución y trabajadores, si no se restablece el diálogo para buscar soluciones que pongan fin a la salida de profesionales del centro y lo hagan atractivo para otros cuyo compromiso vaya más allá que el temporal interés económico, esta situación se repetirá una y otra vez», auguraron los sindicalistas.

La solución, señalaron, no es negar los derechos a los trabajadores, sino «acabar con la situación de discriminación que sufren dentro del sistema sanitario». El comité de empresa expresó su deseo de que prime «el sentido común» y «la búsqueda de un futuro para el hospital», que «en ningún caso puede pasar por el "secuestro profesional" de sus trabajadores». Lola Colunga auguró una salida masiva de profesionales, ya que el Principado se limita a dar «bandazos» y a aplicar «parches», en lugar de ejecutar una «gestión coherente».