Por la normalización de la «muerte con calidad»

Montes: «No abrir el debate sobre la muerte digna es un error político y se pagará»

El ex jefe de urgencias de Leganés dice que los médicos tienen miedo tras el caso de las sedaciones, «ahora se muere peor»

Oviedo, Marcos PALICIO, para La Nueva España
Luis Montes atiende a un «clamor popular» cuando reclama una regulación y un debate político sobre el derecho a una muerte digna. El ex coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, implicado y absuelto en el proceso por las presuntas sedaciones irregulares en el centro sanitario madrileño, interpreta la negativa a la discusión como «un error político» y pronostica que el Gobierno «va a tener que abrir el debate», que «las concesiones en política son nefastas» y que «los errores se pagarán».

Montes y Fernando Marín, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), acompasaron ayer sus demandas sobre la normalización de la «muerte con calidad» en una charla organizada por Tribuna Ciudadana en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Los ponentes fueron presentados por Carlos Ponte, presidente de la Asociación Asturiana para la Defensa de la Sanidad Pública. Acertó Montes cuando empezó viéndose «entre amigos», porque tampoco hubo en la charla debate ni voces disonantes con la defensa que hicieron ambos del derecho a una muerte tutelada y decidida libremente por cada paciente.

Con los papeles bien repartidos, Montes repasó la ordenación jurídica del problema en España y Marín se ocupó de su consideración ideológica. El ex coordinador de urgencias en Leganés, que volvió tras la polémica a su puesto de anestesista en el centro, expuso los pormenores de una legislación que define «progresista, aunque no me lo crea», porque «por lo menos encauza por dónde debe ir el futuro».

En su justificación, el doctor sostiene que «el derecho a decidir y planificar cómo queremos que sea nuestra muerte» está garantizado por la Constitución allí donde ésta preserva la dignidad y la libertad. Valora que el ordenamiento español «no penalice la sedación terminal ni la eutanasia pasiva -la que se administra por omisión-», pero a la vez detecta un déficit de dimensión práctica, muchos escollos al trasladar a las consultas esos derechos que se reconocen en la teoría. Montes pide por eso «una labor de pedagogía intensa para que esos derechos lleguen a los ciudadanos».

En ese punto se encadenan las valoraciones de Fernando Marín sobre la «muerte libre» y la «libertad para decidir» sobre ella. Su argumento define «respetable» la creencia en «la santidad de la vida», pero no la pretensión de «imponerla» que tienen aquellos a los que el presidente de DMD llama «pro-vida, pero pro-vida como yo diga, los que creen que todo lo que es pecado tiene que ser delito». Marín reacciona contra la falsedad de otra convicción, la de los cuidados paliativos vistos como panacea. «Es absurdo», afirma, «porque una persona que se muere no sufre sólo por el dolor, también porque uno no quiere morirse, porque tiene 45 años y cuatro hijos o porque sus proyectos se están truncando. El sufrimiento no se puede medicalizar».

Y ya que «la eutanasia existe», enlaza Marín, y que «el 59,9 por ciento de los médicos aprobaría su despenalización», «pedimos que se hable de este tema. O miramos para otro lado o nos decidimos a abordar el problema. Y promoviendo ese debate conseguiremos poco a poco que la mala muerte desaparezca de nuestra sociedad».

Luis Montes debió responder asimismo sobre su protagonismo en el caso sobre las sedaciones en el Hospital de Leganés, que desembocó en una acusación por cuatrocientos asesinatos. A pesar del archivo del procedimiento y a causa de «toda la campaña mediática tan tremenda» que lo acompañó, Montes sostiene que ahora «en Madrid y en otras ciudades se muere peor que antes. Esa campaña ha tenido sus efectos colaterales. Hay miedo e incertidumbre». Al menos desde que estalló aquella controversia, dice el doctor, hay «un tema que me obsesiona», la objeción de conciencia, que, a su juicio, es inadmisible como excusa para que un médico se niegue a aplicar lo dispuesto por un paciente en su «testamento vital». Si lo hace, afirma Montes, «no puede seguir cobrando de un servicio público».