De ellos 2.820 corresponden el Servicio de Salud...
El decretazo amenaza en Asturias a más de 16.500 empleados públicos
La reforma facilita los despidos del personal laboral si se alega «insuficiencia presupuestaria» durante 9 meses
15/02/2012, Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias
La reforma laboral no solo abarata el despido de los trabajadores de las empresas públicas sino que también facilita los expedientes de regulación (ERE) entre los empleados de las administraciones. Esto significa que allana el camino para aplicar ceses colectivos del personal laboral de los ayuntamientos y mancomunidades, de las comunidades autónomas o de los propios ministerios. La medida afecta a más de 16.500 empleados en el Principado.
Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuatro trimestre de 2011, recogen que Asturias tiene 75.800 asalariados en el sector público, de los que, al menos, 16.500 son personal laboral. A esta cifra hay que sumar todos los empleados de este tipo que desempeñan su trabajo en las empresas públicas que dependen de las administraciones locales, aunque los sindicatos aseguran que la reforma no especifica si a este colectivo se le incluye como entidades públicas o si a la hora de aprobar los EREs se acogen a la normativa de la empresa privada. Lo que prohíbe la nueva ley son las suspensiones temporales de empleo o la reducción de jornada en la administración pública.
El único criterio que deben alegar estos entes, organismos y entidades públicos que forman parte del sector público es, según contempla la normativa, justificar nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Si se cumple este requisito, y ya que la reforma está en vigor desde el lunes, se puede poner en marcha un ERE por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral dé el visto bueno.
Calcular la cifra exacta de personal laboral que trabaja en el Principado es complicado, aunque, según las cifras que manejan los sindicatos, superan los 16.500, una cantidad que se dispara si se suman las empresas públicas. A modo de ejemplo, y solo en Gijón, Emulsa (Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón) emplea a otros 630 trabajadores de este tipo y EMA (Empresa Municipal de Aguas de Gijón) a otros 150.
De la cantidad total de laborales, aproximadamente 6.450 personas trabajan directamente para los ayuntamientos y las mancomunidades asturianas. Este grupo es el que está compuesto por más personal laboral. Entre los que desempeñan su trabajo en la administración autonómica están aproximadamente 5.800, a los que hay que añadir otros 2.800 del Servicio de Salud.
Este último colectivo está formado por unas 1.100 personas que trabajan entre el Hospital Monte Naranco, en el Hospital General de Asturias o en Salud Mental, y otros 1.700 que lo hacen en el Hospital de Oriente, en Jove, el Adaro o en Cruz Roja. Otros 650 prestan sus servicios como personal laboral en correos, a los que hay que añadir otros 800 de la administración general del estado.
Por último, están los más de 5.800 trabajadores repartidos por la los entes, organismos y entidades del Principado. Entre ellos se encuentran los cerca de 1.500 del ERA, y el personal laboral del IDEPA, SERIDA, los de las consejerías o los 90 de RTPA.
Precisamente este último ente es uno de los que encajaría perfectamente en la nueva casuística. Desde su llegada al Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos asfixió económicamente a la televisión pública debido a su incapacidad para privatizarla, tal y como regía en su programa electoral. Con la nueva reforma, y tan solo con justificar insuficiencia presupuestaria durante los últimos nueve meses, lógico en un ente que sobrevive gracias a los presupuestos autonómicos, podría aprobar un despido colectivo sin tener en cuenta la opinión de la autoridad laboral.
Pero esta situación podría extenderse a muchos más organismos. La inmensa mayoría de las administraciones públicas, especialmente las locales, tienen importantes deudas, por lo que con esta normativa se abre la puerta a una oleada de despidos en el sector público. Esta es una vieja aspiración de la patronal española CEOE y de la asturiana FADE, que en varias ocasiones han exigido recortes en las plantillas de los trabajadores públicos.
Protestas sindicales
Los sindicatos asturianos continúan con su calendario de actos encaminados a conseguir el mayor número de apoyos de cara a la manifestación del próximo domingo en Gijón.
Delegaciones de CCOO y UGT de Asturias se reúnen hoy, en la sede de UGT, con representantes del PSOE, IU y Foro (el PP rechazó ayer su asistencia) para explicarles la negativa de las organizaciones sindicales a la reforma laboral.
Las dos centrales asturianas pretenden que los actos del próximo domingo sean secundados por el mayor número de personas posible, por lo que a lo largo de esta semana tienen programadas una serie de reuniones y encuentros para conseguir el respaldo de las asociaciones ciudadanas.
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