Y como empieza a ser habitual lo pagaremos todos con más recortes y pérdidas de derechos, empezando por los empleados públicos
Rajoy comienza una carrera contrarreloj para evitar el rescate duro
La recuperación de la confianza en España pasa por un plan económico detallado hasta 2014
Los inversores quieren que se aclare si el fondo de rescate tendrá prioridad al cobrar la deuda
La Comisión, el FMI y los expertos piden al Gobierno un calendario con los próximos ajustes
Amanda Mars, Madrid, en El País.
Lo crucial de la economía es sencillo de explicar, por más ingeniería financiera que haya de por medio. España batalla para evitar que el llamado rescate suave que está negociando con Europa para salvar a la banca se acabe convirtiendo en un rescate duro en toda regla: el del propio Estado. El contagio funciona así: los bancos, podridos de créditos inmobiliarios tóxicos, necesitan del auxilio público; el Estado los rescata; se endeuda para ello; las dificultades se agravan; el ya alto precio del dinero sube todavía más; la desconfianza se agudiza; los mercados se cierran; la hucha pública para pagar las letras que vencen se va agotando y, al final, es el propio país el que acabar por lanzar el SOS.
La crisis de los bancos irlandeses ya arrastró a Dublín a pedir el rescate financiero de todo el Estado. Aunque las diferencias entre este caso y el español son enormes por la magnitud relativa de las ayudas, medida con relación al producto interior bruto (PIB). Las entidades irlandesas han necesitado inyecciones de capital que han superado el 40% del PIB de la isla (unos 70.000 millones). En España las auditoras externas fijan las necesidades del sector financiero en un máximo de 62.000 millones. Y aunque ascendieran a esos 100.000 millones que Europa está dispuesta a prestar al Gobierno, este dinero no representa ni el 10% del PIB español.
La diferencia entre el círculo y el bucle es que el segundo ofrece una vía de escapatoria. Madrid y Bruselas se afanan en buscarla, pero el carácter vírico de la crisis financiera española tiene otra vuelta de tuerca: los principales prestamistas de la deuda pública española no son otros que los bancos españoles (nutridos por el Banco Central Europeo). Así que, si un día el Estado dejara de pagar parte de su deuda, acabaría castigando sobre todo a esa misma banca a la que ayuda. “Si el Gobierno español rescata a los bancos y la banca rescata al Gobierno, el sistema se convierte en una economía vudú”, dijo el Nobel de Economía Joseph Stiglitz solo un día antes de que España solicitara el rescate al Eurogrupo.
Este es el motivo por el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha intentado en todo momento que el fondo de rescate europeo inyecte directamente el dinero a las entidades con problemas y no aumentar la deuda pública ni los riesgos contraídos con la banca. Pero Berlín se niega en redondo. Enrocada Alemania, España acata, de momento, que los préstamos vayan al Estado y de ahí a la banca.
¿Qué cortafuegos puede evitar el contagio entre crisis bancaria y deuda pública?
Esa es la gran pregunta del momento. Una parte de la solución está en manos del Gobierno. En las últimas semanas no hay analista que no reclame más claridad y solidez a la hoja de ruta del Gobierno. “España debería tomar las recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y ponerlas en marcha en plazo [de tiempo] más corto posible, el Gobierno tiene una holgada mayoría en el Congreso y puede hacerlo cuanto antes”, apunta Antonio García Pascual, analista jefe para el sur de Europa de Barclays Capital. Entonces, opina, puede venir el apoyo más contundente del BCE y Europa, es decir, créditos más baratos para los bancos o la compra de bonos para frenar las altas rentabilidades.
“España debe recuperar la credibilidad, pero el problema es que esta se recupera con hechos, y estos requieren un tiempo que ahora el país no tiene. Por eso, aunque haga los deberes, en el corto plazo solo la ayuda del Banco Central Europeo y la Unión Europea pueden comprar ese tiempo”, advierte Ignacio Rodríguez, responsable en España de M&G Investments, una gran gestora de renta fija.
Madrid ha puesto en marcha el ajuste más duro de la democracia. Pero muchos analistas se quejan de la falta de detalle de un programa que pretende recortar un déficit del 8,9% en 2011 al 3% en 2014. “Es necesario concretar las medidas fiscales para llevar a cabo el ajuste de 2013 en adelante, la composición en ingresos y gastos, además de ir más allá en la reforma laboral, reduciendo la dualidad”, agrega Pascual.
El FMI cuestiona que España cumpla los objetivos de déficit y ha pedido a Rajoy más aceite de ricino: que suba el IVA, baje el sueldo de los funcionarios y elimine las deducciones por vivienda, entre otras medidas. Bruselas también pide una subida del impuesto sobre el consumo, así como acelerar el aumento de la edad de jubilación, entre otras medidas.
“No hay alternativa si queremos seguir en el euro: España ha perdido la credibilidad y lo que debe hacer ahora es presentar un plan creíble, razonable. Se ha hecho una reforma financiera por partes, pero hay que abordar también los cambios de la función pública o profundizar en lo laboral”, explica Xavier Vives, profesor de IESE y miembro del instituto alemán IFO. “La gran duda que tienen los mercados es si España va a poder pagar todo el dinero que debe fuera, sobre todo con unas perspectivas de crecimiento tan bajo” añade Vives.
La deuda neta externa española (la diferencia entre lo que presta y toma prestado del exterior) alcanza el 95% del PIB, el mismo nivel que la maltrecha Grecia y solo superada por la también rescatada Portugal, según datos del IFO.
Además de presentar un plan creíble y detallado, con un calendario lo más preciso posible, medidas cuantificadas y soluciones de reserva, el otro punto clave es evitar que se cierren los mercados a la financiación de la deuda. En este sentido, preocupa mucho la posibilidad de que el crédito europeo tenga carácter preferente respecto al resto de la deuda ya existente. Es decir, que si España cayese en impago, sus actuales y potenciales acreedores privados cobrarían después que los nuevos prestamistas públicos.
Las condiciones se están negociando ahora y algunos inversores lo ven crucial para evitar el rescate integral. El rescate de la banca española se puede realizar a través del fondo de rescate temporal (el EFSF), que no establece ese orden de cobro, o el mecanismo permanente (MEDE), que sí lo fija y podría provocar una estampida de inversores.
“Es un peligro, a menos que el préstamo oficial sea a muy largo plazo y con intereses bajos”, apunta Daniel Gros, del laboratorio de ideas bruselense CEPS. “Una subordinación acabaría reduciendo aún más demanda de la deuda que el Estado aún debe emitir si quiere evitar un rescate integral”, corrobora Gianluca Ziuglio, del banco de inversión suizo UBS.
En cambio, García Pascual, de Barclays, quita hierro a este aspecto: “Los bonistas privados están más protegidos con este acuerdo a pesar de la subordinación [concepto técnico que hace referencia al orden de cobro]. Si a España le dan un crédito al 3% y a 30 años, el bonista queda más protegido porque mejora la solvencia de España”.
Los mercados no tienen suficiente con un programa de salvamento bancario, miran con recelo todo lo que pueda ocurrir dentro de seis años. Myles Bradshaw, de Pimco, otro de los grandes jugadores del mercado de deuda, lanza su advertencia: “Para que funcione, este rescate debería estar acompañado de otras iniciativas políticas a nivel europeo que cambie las expectativas de los inversores e incentive el retorno del capital a España. Sin esto, es difícil no ver este plan como un precursor de mayores problemas”.
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