Más en los medios de hoy sobre la rueda de prensa de ayer de los sindicatos profesionales de sanidad
Sindicatos sanitarios acusan al Gobierno asturiano de declararles "la guerra" y ya hablan de huelga
RTPA
Los sindicatos profesionales sanitarios asturianos han mostrado su total rechazo a la propuesta de regulación de la jornada ordinaria realizada por el Gobierno del Principado. Ni en la Mesa Sectorial ni en la Mesa General se ha llegado a ningún acuerdo. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de declararles "la guerra" y ya hablan abiertamente de la posibilidad de realizar una huelga en el mes de octubre que afectaría a todo el sistema sanitario asturiano.
Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa el secretario del Sindicato médico del Principado de Asturias (Simpa), Antonio Matador, la secretaria general del Sindicato de Enfermeria (Satse), Margot Marqués, el secretario general del Sindicato de Celadores y Personal no Sanitario de Asturias (Sicepa), Francisco Fernández y la responsable del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (USAE), María José Fernández.
"Es toda una declaración de guerra", ha insistido Matador, quien ha dicho que la Administración regional, de signo socialista, va "mucho más allá" de lo que la norma del Gobierno central sobre aumento de la jornada (de 35 a 35,7 horas) y quiere cambiarlo todo e "imponer métodos de la empresa privada".
A Tirador le sorprende la "falta de diálogo" que ha mostrado el Gobierno asturiano y que pretenda "ocultarse" en las medidas de Mariano Rajoy. Según ha explicado, de lo que se trataba era de trasladar a la legislación asturiana el aumento de jornada. Sin embargo, ha dicho que el Principado pretende cambiar "radicalmente" las condiciones de trabajo del personal sanitario.
Ha dicho que el Gobierno asturiano pretende convertir al sistema de salud asturiano en un "cortijo" donde la administración puede decidir discrecionalmente el tipo de jornada que realizan los profesionales. "Se va a trabajar cuando ellos digan, quitándonos muchos derechos además de dinero", ha señalado.
Los sindicatos consideran que con el plan del Gobierno habrá más de 1.000 personas que irán al paro procedentes del sistema de salud asturiano y que la calidad asistencial se va a resentir.
Y aseguran que en ninguna comunidad gobernada por el PP se aplican condiciones tan duras como las que pretende poner en marcha el Gobierno asturiano. María José Fernández lo ha definido como una "puñalada trapera" del Ejecutivo asturiano.
Han lamentado que el Ejecutivo no haya recurrido al constitucional los recortes en Sanidad. Francisco Fernández ha señalado que la propuesta del Gobierno asturiano supone trabajar 18 días más al año "y perdiendo dinero".
Margot Marqués ha insistido en el importante impacto que tendrá en el empleo los planes del Gobierno. "Cada hora de más que suben a un trabajador, supone una hora menos que un parado podría hacer", ha indicado, criticando los "abusos" que a su juicio pretende realizar la Administración asturiana.
María José Fernández ha insistido en que hay "otras maneras" de aplicar el incremento de la jornada pero que el Gobierno del Principado ha querido "castigar" al personal sanitario. A otros funcionarios, sin embargo, se les ha permitido ampliar la jornada en media hora, sin cambiarles otras condiciones.
Todos han criticado duramente al Gobierno del Principado y han hablado de realizar asambleas para informar a los compañeros que llegarán de vacaciones y se van a encontrar con estos planes del Gobierno. El conflicto está servido, anuncian, salvo que el Gobierno del Principado dé marcha atrás. Han dejado claro que estas movilizaciones, contra el Ejecutivo asturiano, irán separadas de las que se efectúen contra recortes de Rajoy.
No obstante, los sindicatos van a enviar al Gobierno una contrapropuesta antes del 1 de septiembre, aunque no son optimistas en vista de la "falta de diálogo" mostrada hasta ahora por el Ejecutivo asturiano.
Los empleados sanitarios ven una «declaración de guerra» en el ajuste que prevé el Principado
Los representantes de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores comparecen juntos y acusan al Gobierno regional de «ir mucho más allá del decreto de Rajoy» al ampliar la jornada
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
«Es una declaración de guerra en toda regla por parte del Gobierno asturiano». Los sindicatos profesionales de todos los estamentos de la sanidad asturiana fueron así de categóricos y contundentes a la hora de valorar la nueva jornada laboral que pretende imponer el Principado en aplicación del real decreto dictado por Mariano Rajoy para que todos los trabajadores públicos realicen, al menos, treinta y siete horas y media a la semana. Los representantes sindicales de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores acusaron ayer al Gobierno asturiano de aprovechar esa ampliación de jornada para cambiar de manera sustancial la organización del trabajo en la sanidad regional y, lo más importante, «suprimir de un plumazo más de mil empleos». Los sindicatos SIMPA, SATSE, SICEPA-USIPA y SAE no se quedarán de brazos cruzados. Anuncian asambleas de manera inmediata y prevén un «otoño caliente» de movilizaciones y huelga general si el Gobierno socialista aprueba una resolución para imponer la nueva jornada laboral a partir del 1 de septiembre.
«Estamos ante la ampliación de jornada más dura de toda España», aseguró Francisco Menéndez, secretario general del sindicato de celadores y personal no sanitario. «El personal de la sanidad asturiana va a trabajar 18 días más al año y un promedio de entre 70 y 80 horas más que en cualquier otra autonomía», detalló el representante sindical. «Cada hora de más para un empleado de la sanidad es una hora menos para un compañero de trabajo, que se va ir a la calle», afirmó Margot Marqués, secretaria general del sindicato de enfermería SATSE. «No nos oponemos a trabajar dos horas y media más, es el momento de arrimar el hombro, pero han cambiado todas las condiciones laborales que había hasta ahora», cuestionó Marqués. Los sindicatos de la sanidad piden un tratamiento similar al que han recibido los trabajadores de la función pública asturiana: poder ampliar la jornada en media hora diaria, para evitar una supresión masiva de puestos de trabajo. «La jornada laboral que impone el Gobierno socialista supondrá la pérdida de más de mil empleos, sólo en la sanidad. El Principado aplica un decretazo sobre el decretazo de Rajoy y sólo a los trabajadores de la sanidad. Pedimos el mismo trato que se da al resto de trabajadores del Principado», mantuvo María José Fernández, del Sindicato de Auxiliares en Enfermería (SAE).
«Es una auténtica declaración de guerra por parte del Gobierno del Principado, no del de la nación. Nos van a movilizar, no nos queda más remedio que defendernos», valoró el secretario general del Sindicato Médico del Principado de Asturias (SIMPA), José Antonio Matador, quien responsabilizó al Gobierno socialista de «querer el conflicto en la sanidad asturiana». Según el dirigente del SIMPA, el Principado quiere cambiar «para siempre» las condiciones de trabajo en la sanidad asturiana, pactadas en las décadas anteriores.
Los sindicatos calculan que el Principado suprimirá más de 2.500 empleos públicos
El Sindicato Médico del Principado responsabiliza al nuevo Gobierno regional de aplicar «medidas muy parecidas a las de la empresa privada». «Quieren convertir la sanidad pública en su cortijo, para hacer lo que ellos digan», afirmó José Antonio Matador. «Con el pretexto de esta ampliación de jornada nos cambian las condiciones de trabajo de manera radical, disminuyen el empleo y nos suprimen el descanso de las guardias, algo que no ha hecho nadie en España».
Los sindicatos profesionales de la sanidad sostienen que el Gobierno del PSOE ha cargado la mayor parte de los ajustes sobre su sector. «Volvemos a la jornada de 1987, con 1.650 horas y tres días de libre disposición. Estamos ante el empecinamiento del Gobierno socialista de Asturias contra la sanidad, que va mucho más allá de una mera ampliación de jornada en dos horas y media», afirmó María José Fernández, del sindicato de auxiliares de enfermería.
La falta de información del Ejecutivo regional sobre las consecuencias que tendrá la aplicación de la nueva jornada laboral en el personal del Principado fue una de las quejas en las que coincidieron ayer sindicatos de la sanidad, la educación y la función pública. «No nos han dado cifras, algo básico en una negociación de este tipo», indicó Francisco Menéndez, de SICEPA-USIPA. «El Gobierno regional ha pretendido un paripé. No tenía ninguna intención de negociar. Después de seis años convocaron la mesa sectorial de negociación un 14 de agosto y fijaron la mesa general un solo día después de esa primera reunión», reprochó Matador, quien dio por hecho que en octubre habrá una huelga general de la sanidad en Asturias: «Presentaremos una contrapropuesta al Gobierno regional antes del 1 de septiembre e informaremos a los médicos en todos los centros de trabajo para movilizarnos».
Ante la falta de datos por parte del Principado, los sindicatos realizaron ayer sus propias estimaciones sobre el impacto que tendrá en el empleo la nueva jornada laboral, comunicada ayer por el Gobierno regional. La conclusión es que se perderán más de 2.500 empleos. «Con el aumento de jornada en dos horas y media, se perderá un empleo por cada quince trabajadores», avanzó Francisco Menéndez, una ratio que también comparten sindicatos de la educación y la función pública (consejerías del Principado). Esa ratio prácticamente coincide con las estimaciones de pérdidas de puestos de trabajo realizadas por sindicatos de esos tres sectores de la Administración regional.
Sanidad.
Los sindicatos profesionales cifraron en más de mil los empleos que se perderán en la sanidad pública asturiana, en la que trabajan alrededor de 16.000 personas. El ajuste afectará tanto a personal médico como enfermeros, auxiliares y celadores, según los sindicatos. «En la sanidad, tres cuartas partes de la plantilla trabajan en turnos rotatorios, por eso se van a perder muchos empleos», precisó Margot Marqués, del SATSE.
Educación.
Los sindicatos están a la espera de que salga la primera convocatoria de interinos, el próximo día 28, pero calculan también la pérdida de más de mil empleos de los aproximadamente 12.000 que hay en la educación pública: cuatrocientos en la Educación Secundaria, doscientos en Primaria, treinta y siete en centros de profesores y recursos, quince interinos que cubrían las plazas de horas sindicales y el resto, personal jubilado, del que sólo se repone el 10 por ciento.
Función pública.
En las consejerías del Principado trabajan unos ocho mil empleados, a la espera de la publicación de la relación de puestos de trabajo (RPT). Los sindicatos calculan que la ampliación de jornada supondrá una reducción de quinientos empleos.
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