Alimentando el miedo que puede atenazar: la información que se facilita ahora es de antes de la manifestación del 25-S y, con posterioridad, quedó acreditado que no se alteró el normal funcionamiento del Congreso que es lo que exige la tipificación del delito al amparo del artlo. 494 del CP
El “Sainete” continúa…
La Policía pidió identificar dos cuentas corrientes vinculadas a la convocatoria del 25-S
El juez Pedraz ordenó la diligencia hace 15 días dentro de la investigación a promotores de la manifestación
Foto: Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional.
PÚBLICO, Madrid, 03/10/2012
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a petición de la Policía, solicitó hace quince días identificar a los titulares de dos cuentas bancarias y a las personas que realizaron aportaciones económicas en las mismas con el concepto "colaboración con el 25-S", según confirmaron este martes fuentes jurídicas.
La Policía argumentó al juez que los encargados de abrir las cuentas corrientes tenían un "papel activo" en la organización de la manifestación "Rodea el Congreso", según la cadena SER. Y añadió que "las aportaciones" suponían una forma de colaboración en caso de que se constatase la comisión de delitos.
Fuentes jurídicas de la Audiencia confirmaron que el juez accedió a la petición de la Policía y, el pasado 18 de septiembre, remitió mandamientos a Triodos Bank y La Caixa con dos peticiones: que se identificara al titular y a las personas que hayan procedido a realizar aportaciones económicas bajo el concepto "colaboración 25S".
En Internet, ambas cuentas corresponden a la organización de los viajes en autocar a Madrid de los manifestantes desde distintas provincias españolas.
Las citadas fuentes jurídicas recalcaron que la diligencia fue acordada por el juez Pedraz al inicio de la investigación sobre promotores de la manifestación del 25-S y una semana antes de que ésta tuviera lugar.
El magistrado ha citado a declarar mañana jueves a ocho personas identificadas por la Policía como supuestos promotores de la manifestación. Es en el marco de esas diligencias donde realizó el mandamiento judicial a los dos bancos.
El juez citó a esas ocho personas como imputadas en un delito del artículo 494 del Código Penal, con pena máxima de un año de prisión para quienes promuevan manifestaciones ante el Congreso, cuando éste se encuentre reunido y cuando se altere su normal funcionamiento.
Precisamente ayer se conoció otra diligencia del juez en la que pedía el acta oficial del Pleno celebrado en el Congreso el 25 de septiembre, para comprobar si la manifestación alteró la sesión. En el diario de sesiones no se recoge ninguna incidencia en ese sentido.
Sobre los 34 detenidos después de la manifestación, que están imputados por un delito contra las instituciones del Estado, el caso está pendiente de recursos a la decisión de la juez de Madrid de inhibirse en favor del juez Pedraz, que ya anticipó en su momento que considera que la causa no le corresponde por no haber indicios del delito que sí aprecia la juez madrileña. Si se formaliza un conflicto de competencia, resolvería el Tribunal Supremo.
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