Punto final a las comparecencias, antes del trámite legislativo en la cámara, del proyecto de ley del Principado sobre medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria
El Principado califica de "excepcionales" las medidas urgentes adoptadas
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, sostiene que están encaminadas a poder cumplir con el objetivo de déficit
EFE, OVIEDO.
La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha dicho hoy que las medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria contempladas en el proyecto de ley del Principado son "excepcionales" ante "momentos excepcionales", concebidas con "sentido de la responsabilidad" para poder cumplir el compromiso de estabilidad presupuestaria.
Además de Carcedo otros dos consejeros del Gobierno regional, Ana González, de Educación, Cultura y Deporte, y Faustino Blanco, de Sanidad, junto a varios directores generales de sus respectivos departamentos han comparecido durante casi cuatro horas en la comisión de Hacienda de la Junta, en cuya sesión gran parte de las preguntas han estado relacionadas con el conflicto sanitario.
Precisamente la reincidencia en las cuestiones planteadas por distintos parlamentarios, con constantes referencias, entre otras, a la exención de las guardias de los facultativos, el cambio de rango normativo y la voluntad negociadora de la consejería ha generado un par de discrepancias significativas.
"Aquí la presidenta soy yo", ha enfatizado la diputada de Foro y presidenta de la Comisión, Esther Landa, ante la irrupción en escena de su compañera de mesa, la parlamentaria socialista Pilar Alonso, que se había arrancado para mostrar su queja: "Discrepo del contenido del debate".
El propio Faustino Blanco, receptor de la batería de preguntas planteadas por Albano Longo (Foro), quien le ha afeado haber conducido la "negociación" al "conflicto" sanitario y prevé "sobrecoste" en la gestión, ha cifrado en el 30 por ciento la reducción de directivos.
La titular de Hacienda y Sector Público ha subrayado que "derivadas de normativa estatal" se introducen medidas que modifican la ley de ordenación de la Función Pública y afectan tanto a personal funcionario como estatutario, entre las que ha mencionado "la reducción de los días de vacaciones y de libre disposición incluidos los adicionales por ambos conceptos ligados a la antigüedad y la regulación del complemento de incapacidad temporal".
Asimismo ha citado la medida coyuntural de contención de gasto hasta el 1 de enero de 2015 centrada en "la suspensión de la prolongación del servicio activo excepto para aquellos funcionarios que no hayan cumplido el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la pensión de jubilación".
Ha precisado que en el caso del personal docente se permite "prolongar el servicio activo hasta la finalización del curso académico en el que se cumpla la edad de jubilación" y para el sanitario se contemplan "otros casos de excepcionalidad" relacionados con "especiales competencias y necesidades del servicio que no podrán superar el porcentaje fijado por Consejo de Gobierno".
Otras medidas incorporadas al paquete de medidas urgentes, ha dicho, son la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los altos cargos de la administración, la Procuraduría, el Consejo Consultivo y la Sindicatura, que quedaban "fuera de la norma estatal", y el "complemento retributivo de alto cargo".
En el ámbito tributario ha destacado la inclusión en el proyecto de ley del "incremento del 10 por ciento en los tipos vigentes aplicables en el presente ejercicio al Impuesto sobre Patrimonio" como una de las actuaciones "correctoras" de ingresos.
La diputada del PP Enma Ramos ha sostenido que las modificaciones en relación a la jubilación de los funcionarios de carrera ponen "claramente de relieve la desconsideración" del Gobierno regional con estos al "estar realizando un ERE a personas que tienen adquirido un derecho de trabajo en la medida que han accedido a la función pública conforme a los criterios de mérito y capacidad".
"Está generando una discriminación en contra de los funcionarios y a favor de los laborales", ha agregado, ya que sobre este último colectivo "no se aplica esta medida dado que su convenio colectivo no indica edad de jubilación".
Ignacio Prendes, portavoz del Grupo Mixto, ha expresado su opinión de que el título de la ley sobre medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria "no se corresponde con el contenido", puesto que en algunos casos "no se ajusta" y en otros va "más allá de lo que planteaban las normas estatales".
El diputado de IU Ángel González ha manifestado no "compartir" la que considera una "fotocopia ampliada" de la política del PP en el Gobierno central, ha añadido que "se plantean unos 'ahorros' en lugar de mejorar los ingresos" y ha empleado el término "casualidad" para citar la sanidad y la educación, "aquello que nadie iba a tocar".
La diputada de Foro Teresa Alonso ha recriminado al consejero de Sanidad la "falta de diálogo" en un escenario de situaciones "inverosímiles" en el que ha sostenido que los profesionales de este sector están "discriminados", y entiende que el proyecto de ley "consagra recortes específicamente" del Gobierno asturiano que "se suman" a los del Ejecutivo central.
El socialista José María Pérez ha mencionado el "contrasentido" y la "irracionalidad" en la que "muchas veces" se asientan algunas formaciones políticas en el caso de la huelga sanitaria y de la tramitación de la ley citada, a la que ha adelantado el apoyo de su partido al considerarla "necesaria" para "garantizar los recursos" que precisa el Principado.
Hacienda defiende «medidas excepcionales» para sostener los servicios básicos
UPyD, uno de los apoyos del Gobierno socialista, anuncia enmiendas a la ley para cumplir el déficit
Oviedo, J. A. A., en La Nueva España
«Tenemos que tomar medidas excepcionales ante momentos excepcionales». La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, resumió en esas palabras la defensa de la ley de medidas urgentes en materia de personal, y presupuestarias, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria. Si los sindicatos, a excepción de UGT que no asistió, coincidieron el lunes en la crítica al plan del Gobierno regional para cumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria y el déficit, ayer le tocó al Gobierno justificar la adopción de medidas que afectan especialmente a los empleados públicos.
Los consejeros del Gobierno coincidieron en que el conjunto de medidas, que incluye desde la supresión de la paga extra de Navidad a la supresión de los programas extraordinarios para los médicos de más de 55 años y el despido de personal interino, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
La portavoz del PP, Emma Ramos, cargó contra alguna de las medidas del PSOE como, por ejemplo, la prohibición de que los funcionarios puedan alargar su actividad más allá de los 65 años. La diputada forista Teresa Alonso criticó la falta de diálogo en el conflicto de la sanidad y acusó al Gobierno de discriminar a los funcionarios que dejarán de cobrar el plus de alto cargo. Ángel González, de IU, se desmarcó de ajustes que calificó como «una fotocopia ampliada» de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, y el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, anunció que presentará enmiendas para mejorar el texto final de la ley. El portavoz socialista, José María Pérez, reprochó la «irracionalidad» de los partidos que critican aquí lo que aprueban en el ámbito nacional, en alusión al PP y Foro
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