Es un clamor ante el que "intentarán" seguir ajenos (la cuestión es cómo) los de siempre los que suponen el tercer problema en orden de importancia de este país.
Petición casi unánime para que se cambie la ley contra los desahucios
El 95% de los encuestados reclama un acuerdo para reformar la ley hipotecaria
Fernando Garea, Madrid, 11 NOV 2012, en El País.
Por mucho que miembros del Gobierno como Fátima Báñez se empeñen en decir que ven señales de que estamos saliendo de la crisis, los españoles se mantienen instalados en el pesimismo. La crisis cada vez es vista como algo más próximo por más ciudadanos y de todas las imágenes sobre el empobrecimiento de los españoles la más dramática es ya la de los desahucios por impagos de hipotecas.
Hasta un 95% pide que se cambie la legislación hipotecaria, lo que pone una cifra próxima a la unanimidad en una oleada de malestar ciudadano que ha terminado por arrastrar a los dos grandes partidos. Lo que inicialmente solo estaba en la actuación de movimientos ciudadanos más o menos marginales, empezando por el 15-M, ha irrumpido en la agenda política del PSOE y del PP. Hace meses bloqueaban iniciativas de partidos como IU y ahora se encuentran próximos a un acuerdo, en tiempos de discrepancia y en vísperas de una enconada huelga general.
Según Metroscopia, el 98% de los votantes del PSOE exigen esta reforma legal que la dirección del partido ha promovido recientemente, aunque la rechazara cuando estaba en el Gobierno. Y hasta el 92% de los del PP respaldan el giro del Ejecutivo, tras su intento de solucionar la injusticia con un pacto de libre adhesión con los bancos.
De acuerdo con el sondeo, no tiene ningún respaldo social la tesis de culpabilizar a quienes firmaron los créditos en un momento en el que era posible hacerle frente y, por contra, sí cala la idea de que los bancos utilizaron su posición de fuerza para vender productos financieros que han terminado por arrastrar a muchos ciudadanos.
De esta forma, el 91% de los ciudadanos considera que la banca abusa de la buena fe y la falta de conocimientos jurídicos de los ciudadanos y, por eso, les ofrecen y venden condiciones abusivas. El 96% culpa al Banco de España por falta de vigilancia y supervisión; el 91% exige que los jueces apliquen la ley buscando soluciones equitativas y razonables y el 64% rechaza que haya habido buena fe en las entidades financieras.
Estos porcentajes son coherentes con los datos que habitualmente muestran cómo los ciudadanos culpan de la crisis a los bancos y cajas de ahorro, lo que constata una corriente de opinión en la que se considera que los ciudadanos desahuciados son la parte más vulnerable y, por tanto, susceptible de protección. Contribuye el contexto del pesimismo, que lleva al 83% a decir que la crisis se prolongará aún más y afectará a más personas y a augurar la desaparición de la clase media. Por eso el 96% asegura que aumentará la brecha entre ricos y pobres en España; el 83% dice que sin entidades benéficas la crisis sería ya insostenible y el 63% estima que la crisis social separa a los ciudadanos de los asuntos colectivos.
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