Dos no se respetan si uno no quiere y ese uno es Mariano Rajoy
El Principado rompe con Rajoy
El malestar con el Ejecutivo central por el impuesto sobre la banca marca un antes y un después en las relaciones entre el Gobierno asturiano y Madrid
Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España
A su llegada al Gobierno del Principado Javier Fernández hizo de la «lealtad institucional» una de sus señas de identidad. Opinaba que un proceder firme pero cordial con el Ejecutivo de Mariano Rajoy siempre sería más útil y ofrecería mejores resultados que la vía de la confrontación. Sin embargo, la postura desde Madrid apenas ha variado desde el junio pasado, con escasas concesiones a las peticiones que llegaban desde Asturias.
En los últimos días la actitud asturiana ha cambiado. El Ejecutivo de Javier Fernández, posiblemente espoleado por el impuesto nacional a la banca que pretende anular el autonómico, anunciado previamente en el Principado, ha endurecido su discurso y marca distancias con el Gobierno popular de la nación. En Asturias acusan al Ejecutivo central de actuar de forma «fraudulenta». El ejemplo lo puso ayer Guillermo Martínez, portavoz del Ejecutivo regional, en su última comparecencia del año. Nunca antes desde la sede de la Presidencia del Principado se habían expresado con tanta dureza. La ruptura es un hecho.
En su repaso a los siete meses de Gobierno socialista en Asturias, Martínez reservó un apartado para la cooperación institucional, señalada como «regla básica en las relaciones con el Gobierno central». Aunque reconoce la «lógica» colaboración en «algunos casos», el también consejero de Presidencia constata una «absoluta cerrazón» por parte de Madrid.
La fría relación entre los socialistas asturianos y el PP regional tampoco ayuda a engrasar la situación. La ausencia de sintonía personal entre Javier Fernández y la líder popular en el Principado, Mercedes Fernández, es evidente.
En siete meses apenas han alcanzado puntos de encuentro. En privado, las quejas del uno respecto de la otra y de la otra respecto del uno son mutuas. En público sus partidos escenifican recurrentes desacuerdos en el Parlamento regional que no hacen sino alejar aún más a sus líderes.
Y de fondo aparece el elemento desestabilizador de Foro en la derecha asturiana, cuyo empeño por laminar al PP es incluso mayor que su deseo de recuperar el Gobierno regional. De la división conservadora salen beneficiados los socialistas.
Los problemas entre el PP y el PSOE en Asturias crecen cuando se trasladan a Madrid. Guillermo Martínez lo dejó claro ayer al exponer la declinante situación del sector minero y la decisión de Rajoy de llevar el nuevo Plan de la Minería a Bruselas sin negociaciones previas. «El Gobierno asturiano se ha caracterizado por contribuir a buscar soluciones al conflicto», dijo el consejero de Presidencia, que también rescató la petición personal que Javier Fernández hizo a Mariano Rajoy para que considerase cambios en la posición estatal sobre las ayudas al sector.
Como respuesta, «la actitud fue atrincherarse en los duros recortes al carbón y el rechazo a buscar soluciones». Y, refiriéndose directamente a Rajoy, Guillermo Martínez le acusa de hacer «oídos sordos» a las peticiones del sector y de apostar «por la imposición».
Si, además de Rajoy, el Ministerio de Industria era el destinatario de la crítica anterior, tampoco el de Fomento se libró de duros calificativos. «No han respondido a las ofertas de diálogo del Gobierno asturiano, que no ha hecho causa de enfrentamiento con ninguna de las obras ni con las fechas, pero crece la incertidumbre y la indefinición para infraestructuras fundamentales, lo que empieza a resultar muy preocupante».
El Ejecutivo asturiano considera irrenunciable la culminación en tiempo y forma del AVE y las autovías del Cantábrico y del Suroccidente. En la sede presidencial de Suárez de la Riva echan de menos «una solución para el tráfico mixto de mercancías y pasajeros por Pajares», además de la conclusión de ambas carreteras.
De la comparecencia de Guillermo Martínez queda la sensación de que el Gobierno regional no se siente correspondido. El Consejero considera que han sido «leales» con el resto de instituciones públicas, «pero exigentes» a la hora de defender a la región.
Así justifica los recursos elevados al Tribunal Constitucional por los recortes de Rajoy en sanidad y educación, donde detectaron invasión de competencias, aunque en la balanza de la lealtad pone las decisiones que el Principado tomó para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del producto interior bruto que exige el Ministerio de Hacienda y que no todas las comunidades podrán respetar.
En el resumen que hizo de los siete meses con los socialistas al frente de la región, Guillermo Martínez subrayó su «legítimo orgullo por haber conjurado el riesgo de intervención» (lo lograron con la aprobación del plan económico financiero) y también por «la negociación y el diálogo» que supieron llevar con «el resto de fuerzas, que han permitido, entre otras cosas, lo más importante: la aprobación de los Presupuestos».
El análisis de Martínez aclara la satisfacción del Gobierno regional con su labor de puertas adentro en el Principado y abunda en la decepción por el muro que han encontrado en el Gobierno de Mariano Rajoy, con el que ahora ponen distancia, a la espera de lo que suceda con el enfrentamiento que se desencadenará al hilo del impuesto sobre la banca. Mientras Asturias calcula recaudar 30 millones al año, la respuesta de Madrid bajo la excusa de guardar el equilibrio del mercado, no le reportará ingresos, al haberlo fijado a tipo cero. «Un fraude», según el Principado.
Críticas a la «ley del embudo» por el objetivo de déficit regional
El Gobierno del Principado confía en cerrar el año dentro del objetivo de déficit que marca el Gobierno central, el 1,5% del producto interior bruto de la autonomía. El último dato, de septiembre, situaba a Asturias con un superávit del 0,63% y convertía al Principado en la única región, junto al País Vasco, con números positivos. La buena marcha de las cuentas, a la espera del cierre contable, que se conocerá ya avanzado enero, no es obstáculo para que desde el Ejecutivo regional se exija al Gobierno central flexibilidad con el límite del año que viene, fijado en el 0,7%. Más aún si se tiene en cuenta que la Comisión Europea sí se lo ha concedido al Ejecutivo de la nación. «Practican la ley del embudo, exigiremos que suavice el límite para 2013», dijo ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
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