Se veía venir aunque no por ello la absoluta falta de escrúpulos del gobierno central en defensa de su tasa cero para la banca pierde un ápice de gravedad
ASTURIAS SE DEFENDERÁ…
El Gobierno de Rajoy recurrirá el impuesto a la banca del Principado ante el Constitucional
El Estado considera que la creación del tributo incurre en errores de «forma y de fondo» y el Ejecutivo regional replica que «es plenamente legal»
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El Estado recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto a la banca aprobado por el Principado en el último Pleno del año, el pasado 28 de diciembre, en un pleito que tardará varios años en resolverse. El Gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer lo que era un secreto a voces, su intención de recurrir el tributo sobre los depósitos, que grava directamente a las entidades bancarias, con el que el Gobierno asturiano pretendía recaudar 30 millones de euros en este ejercicio. La decisión del Estado provocó la reacción inmediata del Ejecutivo asturiano, que sigue plenamente convencido de que su tributo es «plenamente legal». Estado y Principado tendrán que dirimir la competencia de ese impuesto y, sobre todo, su posible compensación ante el Tribunal Constitucional. El anterior pleito entre ambas administraciones sobre el impuesto a las grandes superficies comerciales tardó 9 años en resolverse.
«Lo que era una posibilidad se ha consumado», reveló ayer la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros, que decidió encargar un informe, preceptivo, al Consejo de Estado sobre el recurso contra el impuesto a los depósitos bancarios de Asturias. El Gobierno central ya había advertido al Principado de que adoptaría esa medida cuando formalizó el recurso contra un tributo similar, aprobado por la Generalitat catalana, aunque anunció compensaciones por idéntica figura fiscal a Extremadura, Canarias y Andalucía. La Vicepresidenta argumentó que el Estado se reservó la competencia sobre ese impuesto a finales del pasado año, cuando lo aprobó para el conjunto del territorio nacional, aunque con un tipo cero; es decir, los bancos no pagarán ni un euro pese a la creación de esa figura fiscal por parte del Ejecutivo de Rajoy.
Soraya Sáenz de Santamaría también fundamentó el recurso del Gobierno central en el hecho de que el Principado creó el tributo a la banca mediante la ley de Presupuestos para 2013, «lo que no está permitido en la Constitución». Por último, la portavoz también puso en entredicho la entrada en vigor del impuesto asturiano, con fecha de 30 de diciembre, gracias a una enmienda al Presupuesto regional, que «implica un grado de retroactividad de temporalidad extremo y desproporcionado, con grave afectación de la seguridad jurídica de los sujetos pasivos».
La confirmación del recurso estatal provocó una doble respuesta del Gobierno de Javier Fernández. La primera en términos políticos y la segunda, previa consulta con la abogacía del Principado, con respuestas y acotaciones jurídicas.
El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, pasó al ataque en su primera valoración tras conocer el recurso. «El Gobierno central evidencia que su prioridad es la defensa de los intereses de la banca y no los de los ciudadanos». Martínez mantuvo también que el tributo a las entidades bancarias que operan en Asturias «es plenamente legal».
El Principado salió al paso de los reparos jurídicos de Sáenz de Santamaría. El Gobierno de Javier Fernández defiende que el impuesto asturiano estuvo vigente desde el 30 de diciembre, dos días antes de que el impuesto estatal entrase en vigor, con los nuevos Presupuestos del Estado, el pasado 1 de enero. El Ejecutivo socialista sostiene que el tributo regional y la norma estatal afectan al mismo hecho imponible, los depósitos bancarios, pero en el caso del Estado no hay recaudación alguna. «Por lo tanto, el Gobierno central no aumenta su capacidad recaudatoria, simplemente vacía de contenido la potestad tributaria de la comunidad autónoma, en un uso arbitrario». Por último, el Gobierno regional invoca un informe del letrado mayor de la Junta General que atribuye la prohibición de crear tributos a la ley de Presupuestos del Estado y no a los de autonomías, como cuestiona el Gobierno de Rajoy a Asturias.
El Consejo de Ministros recurrirá al Constitucional el impuesto a la banca aprobado por el Gobierno de Asturias
El Principado ha aprobado el tributo en su ley de Presupuestos para 2013, lo que no está permitido, y ha introducido además efectos retroactivos al último periodo de 2011
EUROPA PRESS | MADRID /OVIEDO
El Consejo de Ministros ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional el impuesto sobre depósitos bancarios aprobado por el Gobierno asturiano, al igual que hizo con idéntico impuesto aprobado por la Generalitat de Cataluña. El argumento fundamental es que es un tributo ahora de competencia estatal.
El anuncio ha llegado tras la reunión del Consejo de este viernes. La vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que al decidir recurrir contra el tributo catalán ya advirtió al Principado de Asturias, que entonces trabajaba en una medida similar. Lo que era una posibilidad "se ha consumado", ha dicho Sáenz de Santamaría, y el Gobierno acude a los tribunales.
El recurso se presentará una vez que el Ejecutivo reciba el informe que hoy le ha encargado al Consejo de Estado, informe preceptivo y que deberá estar preparado en un plazo urgente, de cinco días hábiles.
Entre los argumentos, la portavoz ha recordado que la aprobado de este impuesto para el conjunto del territorio nacional a finales del año pasado reserva ahora al Estado la competencia sobre el mismo. Además, el Principado ha aprobado el tributo en su ley de Presupuestos para 2013, lo que no está permitido por la Constitución, y ha introducido además efectos retroactivos al último periodo de 2012.
El Gobierno señala que la entrada en vigor anticipada y cómo se ha regulado el tributo "implica un grado de retroactividad de temporalidad extremo y desproporcionado, con grave afectación de la seguridad jurídica de los sujetos pasivos garantizada constitucionalmente por el artículo 9.3 de la Constitución Española", argumenta.
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