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Mato: "No hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas"
La ministra de Sanidad defendió este miércoles el copago y los recortes del último año, obviando los datos de la Defensora del Pueblo, la oposición y las 'mareas blancas'
Foto: La ministra Ana Mato a su llegada a la Comisión de Sanidad.
PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.es
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha comparecido este miércoles, por primera vez desde hacía un año, en la Comisión de Sanidad del Congreso para explicar y defender las medidas adoptadas por su departamento desde la llegada del PP al poder. El medicamentazo, el copago farmacéutico y en transporte sanitario no urgente, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, así como los recortes en Dependencia y el aumento de la pobreza, centraron el debate, en el que los grupos de la oposición acusaron a la ministra de haber "desmantelado" el sistema sanitario público y universal y, con él, el Estado del bienestar.
Frente a estos ataques, la titular de Sanidad aseguró que, a día de hoy, "el sistema sanitario español es más universal y más equitativo" y que "no hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas". Sin embargo, Mato obvió los datos de un informe publicado este martes por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) en el que se pone de manifiesto que el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento debido al copago. El portavoz del grupo Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, también contrarrestó con datos las afirmaciones de la ministra. "El 20% de los pacientes con una renta inferior a 400 euros no retira alguno de los fármacos que necesita para su tratamiento", afirmó.
Asimismo, Mato también eludió los datos -conocidos hoy- de la Defensora del Pueblo, en los que se demuestra que las quejas recibidas en sanidad "se han multiplicado por tres en 2012 y se ha pasado de las reclamaciones por la calidad de la sanidad a las quejas por las limitaciones en el acceso a lo más básico", recordó Rosa Díez. "Ha elegido usted un mal día para comparecer porque nuestras críticas han sido confirmadas con este informe", ironizó la líder de UPyD.
Pese a todo, y en una Comisión en la que, según el portavoz del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, no se admitía "hablar de cómo ha afectado la Gürtel a su capacidad para ser ministra de Sanidad", Mato defendió sus medidas aludiendo a la "necesidad de las mismas" por la "mala gestión" del Gobierno anterior, que dejó una herencia de "16.000 millones de deuda" y "grandes desigualdades entre Comunidades Autónomas". La ministra presumió de haber ahorrado ya 3.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS) y de haber acabado con el "turismo sanitario". "Hoy los ciudadanos que vienen a España están en igualdad de condiciones ante la Sanidad que los españoles cuando viajan al extranjero, con una salvedad: la atención de urgencia a extranjeros en situación irregular es mucho más generosa que en cualquiera de los países de nuestro entorno", aseguró.
Bajo el paraguas del ahorro, la ministra también defendió todas las decisiones tomadas en los sucesivos Consejos Interterritoriales (reuniones con los consejeros autonómicos), como los copagos, y defendió las medidas "dolorosas pero necesarias" que están llevando a cabo los responsables de algunas Comunidades. "A mí no me gusta hacer algunas cosas que se han hecho pero había que hacerlas y no critico a ningún consejero porque creo que todos están haciendo lo mejor para garantizar la sanidad pública", concluyó.
Así, Mato justificó el modelo privatizador de Madrid o los cierres de los servicios de Urgencias en Castilla-La Mancha y Castilla y León, entre otros ejemplos. Para ello, la ministra también atacó a "algunas Comunidades gobernadas por el Partido Socialista -refiriéndose a Andalucía-, que es líder en sanidad privada", a pesar de que afirmó que su discurso no era "partidista", como había demostrado al rechazar el euro por receta tanto en Catalunya como en Madrid.
Por otro lado, la titular de Sanidad también anunció que instaurará nuevos tramos de renta para las "aportaciones" económicas que los usuarios tienen que hacer en medicamentos, prótesis y transporte. Antes de que termine el mes de marzo, adelantó Mato, se celebrará un nuevo Consejo Interterritorial para determinar dichos baremos, así como para terminar de definir cómo afectan ciertos copagos a pacientes especiales como los oncológicos, los que requieren hemodiálisis o los que padecen enfermedades raras.
Peticiones de dimisión
"Eliminar el derecho universal a la atención sanitaria, los copagos y el recorte de presupuesto en planes de prevención en VIH-Sida suponen, en la práctica, barreras reales al acceso a la sanidad que ponen en riesgo la salud de todos", resumió Martínez Olmos, que pidió la dimisión de Mato. "Con sus decisiones, que son letales para la ciudadanía ha dinamitado la cohesión social y ha destruido el Estado del bienestar", sentenció también su compañera de partido, la exministra Rosa Aguilar.
"El ahorro a través del repago viene de parte de pensionistas y crónicos no reconocidos, con tratamientos de larga duración, que no pueden retirar alguno de los fármacos prescritos", insistió Llamazares. El portavoz de Izquierda Plural criticó duramente a la ministra: "Usted no debió aceptar nunca este Ministerio", le espetó. Joan Baldoví, del Grupo Mixto, también se unió a la petición de dimisión, "no sólo por el copago, sino por imponer medidas que causan sufrimiento a los ciudadanos para garantizar negocios con sus empresas amigas que ganan beneficios con A y con B", ironizó.
En un tono un poco más suave apareció, casi al final de la Comisión, Joan Tardá (ERC), que recordó la "humildad" con que Mato recibió a todos los grupos en el Ministerio al iniciar su mandato, motivo por el que le reconoció su "admiración por su talante". "Yo no voy a pedir su dimisión, pero sí que haga autocrítica para reconocer sus errores", instó.
La ministra, por su parte, recogió el guante, pero sólo en parte. "Asumo las críticas, pero los datos que he aportado, aunque no nos guten, son reales", concluyó Mato.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Los recortes sanitarios disparan las quejas ante el Defensor del Pueblo
La oficina investiga la muerte de un paciente al que no se atendió por motivos económicos. Recoge la espera de dos años para una operación maxilofacial
El País, Madrid.
Los recortes sanitarios, tanto los debidos en todo el Estado al real decreto ley de abril que cambiaba el copago en medicamentos y las condiciones para recibir atención como las distintas actuaciones autonómicas han disparado los expedientes de queja al Defensor del Pueblo en 2012. La oficina que dirige Soledad Becerril tramitó 1.674 expedientes de queja en el área de Sanidad, casi el triple de los 595 del año anterior.
Entre ellas destacan dos peticiones de que presente recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto, y las recibidas contra los servicios de Salud de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña.
En el informe que ha presentado al Congreso de los Diputados, el Defensor critica la nueva regulación del derecho al acceso sanitario, que deja fuera a los españoles o extranjeros en situación regular que no hayan cotizado a la seguridad Social y ganen más de 100.000 euros al año. “Esta situación no resulta congruente con el sistema de financiación sanitaria”, que desde 1999 descansa “en la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes”.
Por otro lado, la oficina del Defensor pregunta por la atención a extranjeros sin autorización de residencia “y con procesos graves”. “En estos supuestos determinados derechos, como el de la protección de la salud en todas sus dimensiones, deberían pertenecer a la persona con independencia de su situación administrativa”. Por eso afirma que se trasladó al Ministerio de Sanidad “que se adopten las medidas complementarias necesarias” para garantizar ese derecho. “Reconocer la atención sanitaria a los mencionados colectivos tendría consecuencias relevantes: en términos de salud pública, porque se conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad; y en términos organizativos, porque se aliviaría la posible saturación de los servicios de urgente”.
El informe recoge la respuesta del ministerio, que apunta que no puede cambiar la exclusión por los acuerdos internacionales y porque considera que da atención sanitaria es “promover el mantenimiento de situaciones de ilegalidad”. Además, la Administración recuerda que está preparando un seguro especial para estas personas, y recalca lo que defiende, contra la experiencia de muchos afectados, desde el principio: “Los ciudadanos sin residencia legal serán atendidos sanitariamente según su situación de salud”.
También relacionado con los cambios por los recortes, el Defensor, “ante el elevado número de quejas” por el copago que afecta a los pensionistas, que en las comunidades sin receta electrónica pagan por encima del máximo fijado, ha pedido al ministerio que lo evite. Además ha instado al ministerio a que actualice las bases de datos que fijan el porcentaje del copago en función de la renta, ya que se aplican los resultados de las declaraciones de 2012.
Respecto a la situación de algunos colectivos afectados por los cambios, pide que se trate a los perceptores del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) igual que a los perceptores de prestaciones no contributivas, que están exentos de copago, ya que sus pensiones “son análogas” en importe.
El Defensor también ha actuado preventivamente, y pide que se tenga especial cuidado en el copago del transporte sanitario para algunos casos, que aún no está en vigor.
Muerte de un paciente
En el informe se destaca un caso que no está cerrado: el de un paciente derivado desde Andalucía a Cataluña para ser sometido a una operación compleja. Aunque los médicos del hospital Clínico de Barcelona consideraron que había que operarle, “la intervención se anuló finalmente por razones estrictamente económicas”. Ambas Administraciones se excusan. La andaluza, porque derivó al paciente; la catalana, porque el hospital no era un centro de referencia en esa intervención. El resultado es que el paciente falleció, y el Defensor sigue investigando las responsabilidades.
También se ha interesado por los cierres en servicios de urgencias nocturnos de ambulatorios y los retrasos en el pago a las farmacias.
Dentro de las quejas que se repiten todos los años, algunos casos de lista de espera son especialmente llamativos. Por ejemplo, dos años en el servicio de maxilofacial del hospital Virgen de la Salud de Toledo, 20 meses para una prótesis de cadera en el Virgen de la Victoria de Málaga o 18 meses para tratar un dolor crónico en el Vall d’Hebron de Barcelona.
Respecto a pruebas, destaca siete meses para hacerse una densitometría preferente en el hospital de Almansa (Albacete) o más de un año para una electromiografía en el 12 de Octubre de Madrid.
Hay, como otros años, quejas por la desigualdad en la atención entre comunidades, en áreas como la reproducción asistida, prestaciones ortoprotésicas, atención bucodental, reasignación de sexo, ayudas a personas celíacas, enfermedades raras y cuidados paliativos o unidades del dolor, entre otras.
Por último, el Defensor ha preguntado por los tratamientos para dejar de fumar. La respuesta de la Administración es que “en estos momentos, no considera viable incluirlos en las prestaciones farmacéuticas”.
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