La decisión final para antes de que acabe el año

España defenderá ante la UE que las ayudas al carbón no estén ligadas al cierre de las minas

Industria asume que las subvenciones «deben reducirse», pero rechaza el recorte «traumático» que plantea la Comisión

Madrid, Modem Press

El Gobierno de España defenderá ante la UE que se prolonguen las ayudas al carbón hasta 2022, pero también que esas subvenciones no estén condicionadas exclusivamente el cierre de las explotaciones y que los recortes en el sector «no sean traumáticos».

La supervivencia de la minería del carbón en España se decidirá de aquí a final de año en el seno de la Unión Europea, cuando los estados miembros deberán acordar un nuevo reglamento de ayudas, que sustituya al actualmente en vigor, que finaliza en diciembre de este año. La propuesta que en este sentido realizó la Comisión en julio disparó todas las alarmas en el sector al poner fecha de cierre a las explotaciones deficitarias, todas las españolas, en octubre del 2014 y marcar una drástica reducción de las ayudas públicas hasta esa fecha, a razón de un 33% cada quince meses, vinculándolas además a un plan de cierre. Esta propuesta de la Comisión, según todos los expertos, abocaría a las minas españolas al cierre, no ya en la citada fecha del 2014, sino prácticamente el próximo año 2011. «Por fortuna», como dijo el pasado martes en el Senado el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, «la decisión final sobre el nuevo reglamento depende de los estados miembros, del Consejo, y no de la Comisión, cuya propuesta es inaceptable para España».

Y España ya ha comenzado a mover sus hilos en el intrincado mundo de las instituciones europeas. Así, los técnicos del Consejo (órgano que agrupa a los Presidentes y Jefes de Gobierno de los 27 y a los Ministros de cada una de las áreas) ya manejan la propuesta española, que pasa, según anunció el propio Ministro de Industria, por mantener las ayudas a la producción de carbón hasta el año 2022, ocho más allá de lo que fija la propuesta de la Comisión. Sin embargo, la gran discusión que en las próximas semanas se va a plantear en Bruselas en torno a este tema no parece que vayan a ser los años de mantenimiento de las ayudas públicas sino la reducción que estas sufrirán durante el periodo de vigencia del nuevo reglamento y el hecho de que vayan o no vinculadas al cierre de las explotaciones al final del mismo.

Sebastián ya dijo en su intervención en el Senado que en Europa consideran «razonable» la propuesta española de extender las ayudas más allá del 2014, como en los últimos días ha comentado el Comisario de Industria, Günther Oettinger, o viene señalando también el Vicepresidente de la Comisión y Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quienes han dejado entrever que esta extensión podría producirse hasta el año 2018, curiosamente la fecha en la que Alemania tiene planificado cerrar sus minas de carbón deficitarias.

Pero más allá de la fecha, Miguel Sebastián calificó en el Senado de «muy cuestionable», jurídica y políticamente, que las subvenciones públicas a la industria del carbón sólo puedan recibirlas, como indica el texto de la Comisión, aquellas explotaciones que tengan elaborado un plan de cierre, y de «inasumible» una reducción de ayudas tan «traumática» como la del 33% cada quince meses. «Todos vamos en la senda de ir reduciendo las ayudas y la producción», afirmó el Ministro, «pero de manera paulatina, razonable y no traumática y la UE tiene mecanismos para que así sea, porque además de su carácter estratégico para España, la minería del carbón tiene mucha importancia en algunas regiones de España y continúa manteniendo unos altos niveles de empleo, que en una situación de crisis como la que vivimos no nos podemos permitir el lujo de eliminar». Hay que tener en cuenta que el Plan del carbón español actualmente en vigor plantea una reducción anual de las ayudas del 3 por ciento.

Para conseguir sus propósitos el Gobierno español lleva semanas manteniendo contactos con los otros tres países que se benefician de las ayudas a la minería del carbón como son Alemania, Hungría y Rumanía, «que apoyan nuestros planteamientos», y trata de «convencer» y atraer a sus tesis a otros estados que ya no mantienen minas deficitarias, como pueden ser Francia, Gran Bretaña o Bélgica, o a los que no las han tenido nunca, «pero no será fácil y nos va a llevar mucho trabajo y amplias dosis de persuasión», sentenció Sebastián.

La «pelea» promete ser dura como se desprende de las palabras que viene pronunciando últimamente Joaquín Almunia, quien insiste, una y otra vez, que: «no hay marcha atrás y esta será la última vez que en Europa se permitan subvenciones para las minas de carbón deficitarias, cuyo cierre es irreversible y lo único que hay que establecer es el plazo y el procedimiento para llevarlo a cabo». Esta es la postura que mantiene la Comisión, pero «por fortuna», como dijo Sebastián, la Comisión no tiene la decisión final en este tema, aunque sí mantiene la capacidad de iniciativa y la de influir en la decisión de los estados miembros. Como la tiene el Parlamento europeo, donde la pasada semana los europarlamentarios españoles del PP presentaron una propuesta en la misma línea que la del Gobierno Español.

En este sentido, el Ministro de Industria lleva pidiendo en sus últimas comparecencias parlamentarias la «ayuda» del PP para «que todos los europarlamentarios españoles tengan una misma voz», porque «todo nos va a hacer falta en esta discusión». Una discusión en la que el Gobierno no olvida el papel de las eléctricas españolas, que mantienen recursos contra el real decreto de ayudas al carbón nacional ante el Supremo y el Tribunal Europeo de Luxemburgo y que, según el Ministro, «no han jugado limpio con el tema del carbón español en Europa».

Toda ayuda será poca para conseguir, como pretende España, un reglamento europeo que no firme la sentencia de muerte a corto plazo para la minería del carbón, un sector que aún mantiene cerca de 8.000 empleos directos en España (entre personal propio de las empresas y trabajadores subcontratados), es vital para amplias zonas, como las cuencas asturianas del Nalón, el Caudal y el suroccidente. La solución: en pocas semanas. «A lo largo del mes de diciembre», fijó el miércoles en el Senado el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

El incentivo al mineral nacional pone en peligro la continuidad de la central de Lada

Langreo, P. C., en La Nueva España

La entrada en vigor del real decreto que incentiva el consumo de carbón nacional y que garantiza la actividad del sector minero en España pondrá en peligro la continuidad de centrales térmicas que funcionan con carbón importado. La situación no sólo afecta a las térmicas gallegas (la Xunta ha recurrido el decreto ante el Supremo), también a centrales como la de Iberdrola en Lada, en Langreo. La compañía ya ha denunciado esa situación y ahora es la Comisión Nacional de la Energía (CNE) quien da la voz de alerta.

La CNE, en su informe sobre el real decreto de ayudas al carbón nacional, hace referencia a las alegaciones que han presentado miembros del consejo consultivo en las que indican que, según el esquema propuesto en el decreto la producción de las centrales de carbón importado será «casi nula», salvo en lo que respecta a un funcionamiento esporádico por restricciones técnicas de la red, al menos hasta el final de 2014. Además añade que a partir del 1 de enero de 2016 entrará en vigor la directiva de emisiones de instalaciones industriales lo que introducirá unos límites de emisión más restrictivos que los que actualmente presentan estas centrales, lo que requerirá más inversiones. En el caso de la central de Lada será necesaria una inversión de 50 millones de euros, según se han apuntado desde Iberdrola. La CNE señala que «los titulares de esas plantas pudieran plantearse el cierre de las mismas ante las actuales previsiones de reducido funcionamiento, lo que tendría un impacto en el mantenimiento de la seguridad del sistema ya que algunas de estas centrales resultan necesarias en algunas ocasiones para resolver restricciones técnicas de la red».