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PENSIONES: Frente al falso debate que ya da por cerrado “de facto” el gobierno, el verdadero que tenemos que oponer…

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La insoportable levedad del Informe sobre el factor de Sostenibilidad (Resumen)…

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Por Bruno Estrada López

nuevatribuna.es

El incremento del peso de las pensiones en el Producto Interior Bruto (PIB) es algo ineludible, ya que va a haber un mayor volumen de pensionistas en el futuro, al que hay que dar una solución en términos de ingresos. En todo caso estimaciones realizadas por la propia UNESPA calculan que dentro de más de veinte años, en 2035, el gasto en pensiones en España aún estaría en un 11,9% del PIB, muy por debajo de Italia, Francia, Bélgica, Austria y Finlandia, y sería igual al de Alemania.

 

En la medida en la que el número de pensionistas en el futuro crecerá, se deberán destinar más recursos para cubrir las demandas de ese colectivo, los porcentajes actuales en muchos países del euro están en torno al 14% del PIB. Lo que permitió que en 2010 el gasto público en pensiones ascendiera al 13,5% del PIB en Francia, frente al 8,9% de nuestro país, y es que la remuneración de los asalariados supone el 60% del PIB francés, así como una clara voluntad de la mayoría de los franceses de defender su sistema público de pensiones

 

El conflicto sobre el que hay que actuar para resolver los supuestos problemas de financiación del sistema de Seguridad Social es sobre el reparto de la riqueza generada entre capital y trabajo, esto es, mejorar la distribución primaria de la renta a favor del trabajo. En este sentido nuestro país debe avanzar mucho para llegar a los parámetros europeos: la participación de la remuneración de los asalariados en nuestro país, en 2012 se situó por debajo del 50%, al menos diez puntos inferior a Francia, EEUU y Reino Unido, que están en el entorno del 60%.

 

Actualmente hay un problema coyuntural, derivado del fuerte incremento del desempleo, pero el sistema de Seguridad Social tiene mecanismos para afrontarlo: el Fondo de Reserva que está dotado -derivado de las épocas en las que el sistema ha generado superavit-, en este momento con más de 63.000 millones de euros.

 

En el Informe sobre el factor de sostenibilidad de la Comisión de expertos:

 

No hay estimaciones sobre los ingresos y gastos futuros del Sistema de Seguridad Social.

Ni previsiones demográficas correctas.

Se ignoran elementos claves sobre su suficiencia, como es la evolución de la productividad.

 

Las falsas razones demográficas utilizadas en el Informe son un intento de utilizar los desequilibrios actuales de la Seguridad Social, derivados del incremento del desempleo, para reducir las pensiones en el futuro.

 

El Presidente del Comité dijo en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso: “Creemos que el reto principal de la sostenibilidad del sistema resulta de la combinación de la evolución de la esperanza de vida y de la tasa de dependencia a largo plazo. La esperanza de vida aumenta unos dieciséis meses cada diez años…”. Sin embargo este dato es contradictorio con las cifras que aporta el propio Informe sobre las previsiones de evolución de la esperanza de vida en el anexo 2. Es más, en el borrador [1] del Informe de abril se llegaba a la conclusión que en el año 2027 la esperanza de vida de las personas que alcanzaran los 67 años de edad tan sólo se habría incrementado en poco más de un año. Eso sin tener en cuenta las consecuencias que la actual crisis, y las erróneas medidas de la política económica tomadas para enfrentarse a ella, puedan tener en un descenso de la esperanza de vida (recorte de gasto sanitario publico, malnutrición infantil), como ya ha sucedido en 2012.

 

La previsión de incremento de la esperanza de vida de la OCDE [2] para los países miembros de esa organización hasta 2050, es tres años para los varones y tres años y medio para las mujeres, mucho más aproximada a la del borrador de abril del Informe que a la expresada por los expertos y publicada en la versión final. Estamos hablando de previsiones muy a largo plazo sobre las que hay numerosas incertidumbres sobre su real cumplimiento.

 

En relación con la tasa de dependencia, la mayoría de los expertos no han juzgado necesario tener que demostrar nada sobre esta cuestión capital en el Informe final.

 

El demógrafo Julio Pérez [3] ya puso en evidencia que la tasa de dependencia en España, desde 1976 hasta la actualidad, ha estado condicionada fundamentalmente por la evolución de los dependientes en edad laboral (entre 16 y 64 años), no por el incremento de la relación entre dependientes mayores de 65 años y ocupados. Por dos factores, uno positivo de carácter estructural, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, y otro negativo de carácter coyuntural, el fuerte incremento del desempleo, a principios de los años noventa y en la actualidad.

 

La relación entre población de más de 65 años y población ocupada fue prácticamente la misma en 2005 que en 1985, un 0,4%, a pesar de un incremento absoluto del número de personas mayores de 65 años en más de tres millones y medio, un 77% más. Esto fue posible gracias al fuerte aumento del número de ocupados en ese periodo, en casi ocho millones, un 72% más.

 

Las sinrazones demográficas de los supuestos peligros de sostenibilidad del sistema ya han quedado suficientemente rebatidas por la propia realidad en el pasado. En los años 90, al calor del incremento del desempleo, surgieron multitud de estudios sobre la insostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social en el horizonte del cambio de siglo. El fuerte crecimiento del empleo y la migración exterior se encargaron de refutar las predicciones supuestamente científicas de dichos estudios.

 

Por otro lado, un factor clave que cuestiona los supuestos argumentos de base demográfica es la evolución futura de la productividad.

 

Lo fundamental es ¿cuánto producirá la población ocupada en el futuro?.

 

Desde 1900 la riqueza de nuestro país ha crecido 24 veces [4] y la población tan sólo una vez y media, este fuerte crecimiento de la productividad es lo que ha permitido la mejora de las condiciones de los españoles. En este sentido lo que debería preocupar en primer lugar a nuestras autoridades económicas son las bajas tasas de crecimiento de la  productividad del trabajo registradas en el periodo 1986-2010. La tasa anual acumulativa en dicho periodo fue del 1%, muy lejos de la tasa anual del 4,9% que se experimentó en nuestro país en el periodo anterior, 1961 y 1985, e inferior también a las cifras de los últimos veinticinco años del Reino Unido, un 2%, Japón y EEUU, un 1,7% y Francia, un 1,3%. El reducido volumen de stock de capital productivo privado por empleo de nuestro país, en 2009 tan sólo alcanzó el 75,6% de la media de la UEM-13, está detrás de esa baja productividad. Causa de ello es la escasa reinversión de los beneficios empresariales a la que están acostumbrados los empresarios de nuestro país. El porcentaje que representaba la parte del capital que sale de la empresa, que no se reinvierte en ella, pasó de un 39% en 1995, a un 60% en 2008.

 

En un sistema público de reparto, como el de la Seguridad Social, la viabilidad futura del sistema no se va a garantizar en función de resolver un falso conflicto intergeneracional entre los pensionistas y trabajadores ocupados, o entre jubilados actuales y jubilados futuros, lo que, para la mayoría de los expertos redactores del Informe, justificaría el Factor de Equidad Intergeneracional. Ni siquiera en un sistema basado de cuentas personales (o nocionales), como reconocen incluso algunos defensores de esos sistemas: “Aunque el sistema de cuentas nocionales tiene en cuenta la esperanza de vida de los jubilados a la hora de calcular la pensión, esto no soluciona totalmente este riesgo demográfico: si aumenta el número de pensionistas en relación a los cotizantes, será necesario, en un futuro, disminuir las pensiones o aumentar la tasa de cotización, o bien introducir transferencias del Estado para pagar dichas pensiones” [5].

 

La diferencia fundamental es que en los sistemas de capitalización, de cuentas personales, las pensiones recibidas en el futuro dependerán de las aportaciones realizadas y de la rentabilidad de dichas inversiones. Desaparece toda redistribución, solo aquellos que tengan salarios elevados podrán tener una pensión digna en el futuro, como dice la OCDE: “De hecho, en la mayoría de los países que cuentan con sistemas de pensiones voluntarias es menos probable que los trabajadores de ingresos bajos participen en los planes de pensiones privados” [6]. El propio Presidente de la Comisión reconoció que la “equidad intergeneracional” plantea un problema importante de individualización del riesgo.

 

Individualización del riesgo supone, en palabras de un informe de UNESPA de 2011: “un modelo flexible  (…) en el que la prestación deja de ser una función directa del número de años cotizados y pasa a ser una función directa de lo aportado”. Es decir, que quienes hayan tenido salarios bajos, o largas épocas de desempleo, cobrarán “la pensión que les corresponde”: una pensión de miseria, por cierto.

 

Esto es plenamente coherente por lo expresado por dos de los expertos en el mencionado trabajo realizado para UNESPA: “El sistema de cuentas personales, por otra parte, sirve para garantizar (…) que la relación entre las aportaciones y las prestaciones no está alterada por factores redistributivos”.

 

Aún así nadie garantiza la rentabilidad futura de los planes de pensiones privados, muchos han quebrado, como ha sucedido en Suecia, Chile y Argentina. Él propio Presidente de la Comisión ha reconocido en el citado trabajo de UNESPA de 2011, que: “la tasa de rentabilidad que proporcionan los sistemas basados en la capitalización no puede llevar asociado a largo plazo una tasa de rentabilidad mayor que la que proporciona el sistema de reparto”.

 

Por eso, para que los planes privados de pensiones sean atractivos es imprescindible una financiación pública encubierta, a través de incentivos fiscales que restan ingresos públicos (ya que son gastos fiscales), con un elemento fuertemente regresivo al no estar al alcance del resto de la población. El 20% de declarantes con mayor renta se benefician del 70% de esos incentivos fiscales [7].

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que nuestro sistema fiscal y de prestaciones sociales ha reducido en el periodo 2005-2011 en menor medida las desigualdades sociales que la media de los sistemas europeos [8], por el menor volumen de gasto social per capita, y que más de la mitad del efecto redistributivo de todas las políticas se ha producido a través de las pensiones contributivas. Resulta evidente, por tanto, que las modificaciones propuestas en el Informe tendrían como resultado, dadas las carencias de nuestro Estado del Bienestar en políticas clave como vivienda o dependencia, el incremento de la elevadísima desigualdad de nuestro país.

 

Por tanto, asegurar una pensión digna en el futuro a millones de jubilados significa desarrollar nuevos ingresos, incluidos los impuestos, como sucede en la financiación de la Seguridad Social en Dinamarca: “las prestaciones de la Seguridad Social se financian con carácter general mediante los impuestos” [9].

 

LAS LLAMADAS:

[1] Página 45 del borrador del Informe.

[2] Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2012. OCDE 2012.

[3]  Apuntes de Demografía. Blog de Julio Pérez Díaz.

[4] Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Vicenç Navarro y Juan Torres. Editorial Espasa, Barcelona, 2013.

[5] Cuentas nocionales de aportación definida: Fundamento actuarial y aspectos aplicados. Carlos Vidal, José Enrique Devesa y Ana Lejárraga.

[6] Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2012. OCDE 2012.

[7] Efectos distributivos de los incentivos fiscales a planes de pensiones complementarios en España. José Ignacio Antón. Principios nº 12, 2008

[8] La capacidad redistributiva del sistema español de prestaciones e impuestos. Olga Cantó. Papeles de Economía Española nº 135, 2013.

[9] La Seguridad Social en Dinamarca. Comisión Europea. Julio 2012. 

 

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10/07/2013 11:54. Administrador ;?>

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