El gobierno lo sabe de sobra, así y todo se les dice y reitera no es que no puedan es que no quieren.
¿Hay alternativas a la congelación salarial de los funcionarios?
Contesta Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA):
“Con esta devaluación salarial –que según los sindicatos ya es de un 20% acumulada en los últimos cuatro años– se perjudicará aún más al consumo y la renta disponible de las familias, lo que incidirá directamente en la recaudación”.
nuevatribuna.es
La semana pasada el Gobierno anunció una medida que se ha convertido en todo un clásico en la crisis actual: recortar el salario de los empleados públicos para cuadrar sus cuentas y así cumplir con los objetivos de déficit pactados con Bruselas. Pues bien, aunque no estaba previsto en el guión inicial, Moncloa cumplió con la tradición y en 2014 se congelarán los salarios de los trabajadores de las distintas administraciones.
Con esta devaluación salarial –que según los sindicatos ya es de un 20% acumulada en los últimos cuatro años– se perjudicará aún más al consumo y la renta disponible de millones de familias, lo que incidirá directamente en la recaudación y, por tanto, en los ingresos del Estado, por no hablar ya del impacto en el crecimiento económico.
Todavía está por ver cuál será el ahorro que el Ejecutivo obtendrá de esta medida, pero lo que sí tenemos claro los Técnicos del Ministerio de Hacienda es que será inferior al que se obtendría por otras vías menos perjudiciales para este colectivo y el conjunto de la economía. Entre las alternativas, reclamamos la aplicación de un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades a los beneficios que superen el millón de euros anuales -declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas- para elevar los ingresos en 13.943 millones de euros anuales, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el exterior.
Además, a esto se sumaría la necesaria reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para aflorar 1,6 puntos porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3% del PIB) y mejorar el control del gasto público. Esto elevaría la recaudación en el corto plazo en otros 6.200 millones de euros, llegando, a medio plazo, a la recuperación de los 38.500 millones de euros que supone el diferencial de nuestra economía sumergida con la de los países europeos de nuestro entorno.
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