¿Cumpliendo o cumpliendo a medias?... el talón de Aquiles que supone la libre designación aún coleteará un tiempo.
El Principado recurrirá la anulación del nombramiento de 12 directores generales
El Ejecutivo regional cree que ha justificado de forma adecuada la posibilidad de dispensar de la exigencia de funcionario de carrera
30.10.13 - M. M. C. | GIJÓN, en El Comercio.
El Gobierno del Principado recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de anular el nombramiento de 12 de los 35 directores generales de la Administración regional, que considera insuficientes las motivaciones para acreditar la elección de las personas que ocupan esos cargos. En concreto, se trata de los directores generales de Emigración (Begoña Serrano), Instituto de la Mujer y Juventud (Carmen Sanjurjo), Administración Local (Francisco José Balmori), Pesca Marítima (Alberto Vizcaíno), Atención a la Dependencia (Clara Costales), Recursos Naturales (Serafina Álvarez), Deporte (José Ramón Tuero), Políticas Sociales (Jacinto Braña), Política Forestal (José Antonio Ferrera), Vivienda (Ana Rivas), Infraestructuras (Juan José Fernández Pereiro) y Transportes (José Manuel Caldevilla).
El Principado considera que justificó adecuadamente la posibilidad de dispensar de la exigencia de la condición de funcionario de carrera con titulación superior, por lo que ha encargado a los servicios jurídicos la preparación del recurso ante el Tribunal Supremo.
Usipa acusa al Ejecutivo de "torpedear" una sentencia firme del TSJA
30.10.2013, La Nueva España
"Ganamos las demandas pero la Administración asturiana se ha especializado en marear la perdiz para evitar su cumplimiento. El tiempo juega a su favor y pretenden desgastarnos con una táctica dilatoria", valoró el coordinador general del sindicato de funcionarios Usipa. "No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Los magistrados les dicen que no pueden recurrir a prácticas arbitrarias pero, claro, aquí no dimite ni el de los monolitos", manifestó José Luis González en alusión a Ángel González, el portavoz de IU que se sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de prevaricación administrativa al fraccionar un contrato cuando era viceconsejero de Bienestar Social. "Si recurrimos esos nombramientos es para que se cumpla ley y que la administración regional no se convierta en el corral de la Pacheca, donde los partidos coloquen a sus colegas", justificó el coordinador general de Usipa, cuyos servicios jurídicos también sopesan pedir, como medida provisional, que los directores generales cuyo nombramiento ha sido anulado devuelvan los ingresos percibidos del Principado.
El sindicato de empleados públicos, uno de los que cuenta con más implantación en la administración regional, puso ayer como ejemplo de la "actitud escapista" del Gobierno socialista el intento de "torpedear" el cumplimiento de otra sentencia, ya firme, que obligó al Principado a cesar en un plazo de 50 días a varias decenas de jefes de servicio, asesores y coordinadores de la administración regional. El TSJA consideró que el gobierno arecista había abusado de la libre designación. El Ejecutivo de Javier Fernández se mostró dispuesto a acatar el fallo y recientemente ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) los ceses de, aproximadamente, medio centenar de afectados por esa sentencia. En cambio, Usipa va a dirigirse en los próximos días a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA para, en primer lugar, defender que esa sentencia afecta a más de 370 jefaturas y también para poner a los magistrados al corriente de que la consejería de Hacienda "ha promovido dos reuniones" para espolear a los funcionarios afectados a presentar recursos contra la ejecución de sentencia.
El coordinador general del sindicato, José Luis González, afirma que en la primera reunión, el pasado jueves, "convocada por la secretaría general técnica de la consejería de Hacienda, el director general de la Función Pública espoleó a los perjudicados por ese fallo a impugnar las resoluciones del TSJA, llegando a brindar el auxilio de su departamento e incluso ofrecer colaboración económica para afrontar los gastos derivados de esas impugnaciones. En una segunda reunión, el pasado lunes, en la sala de prensa del edificio administrativo del Principado, en Oviedo, una letrada de los servicios jurídicos de esa misma consejería volvió a plantear a los afectados por los ceses "la conveniencia de promover declaraciones de nulidad de pleno sobre las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia como forma de presión psicológica ante la Sala"", asegura José Luis González. "Con ese tipo de prácticas, están haciendo bueno al equipo de Función Pública del Gobierno de Areces. No sé si la consejera de Hacienda y el Presidente del Principado están al corriente de estas prácticas o, por el contrario, les están metiendo un gol, pero empapelar al TSJA con recursos a una sentencia firme es una táctica que deja mucho que desear, alejada de la transparencia que prometió Javier Fernández", sostuvo el coordinador de Usipa. "Y me refiero a la consejera y al presidente porque aunque también hay un viceconsejero, no está ni se le espera", dijo González en alusión a Álvaro Álvarez.
La oposición, crítica
La oposición emplazó ayer al gobierno regional a cumplir la ley en materia de función pública. El diputado Luis Venta (PP) aseguró que su partido ha registrado un escrito para pedir una explicación en la Junta sobre la anulación de una docena de direcciones generales del actual Gobierno regional. "Hace más de un año dijimos que este ejecutivo bordeaba la ley y ahora son los jueces quienes dicen que se la ha saltado", manifestó el parlamentario popular, quien emplazó al Principado a cumplir la sentencia "porque sus recursos en este materia nunca han prosperado, sólo sirven para dilatar la cuestión y ganar tiempo. El Gobierno en materia de nombramientos y de libre designación anda un poco perdido", concluyó Venta.
Manuel Orviz, coordinador general de IU de Asturias, cree "adecuado" el recurso anunciado por el Gobierno pero cree que la reforma de la ley de función pública debe abrir las direcciones generales a profesionales capacitados que no sean funcionarios de carrera, como ya hacen la mayoría de autonomías. Para el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, la sentencia sobre los nombramientos de los directores generales demuestra que "es necesario cambiar la ley de función pública de Asturias". El diputado magenta considera que "mientras la ley de función pública no se cambie hay que cumplirla". El proyecto de ley de función pública, que está en tramitación, prevé eliminar el requisito de que los directores generales tengan que ser funcionarios.
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