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Admitidos a trámite cuatro recursos: del Supremo, de la Audiencia Nacional, del TSJ de Asturias y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de número 22 de Madrid…

Admitidos a trámite cuatro recursos: del Supremo, de la Audiencia Nacional, del TSJ de Asturias y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de número 22 de Madrid…

La supresión de la extra de 2012, al Constitucional

La norma se enfrenta a una posible vulneración del artículo 9.3 de la Carta Magna

Ricardo Martínez Platel / Redacción Médica, Madrid.

 

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite hasta tres cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de número 22 de Madrid en relación con el artículo 2 del RD-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal al sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

 

El mencionado artículo del RD-ley 20/2012 se refiere a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, que señala que sus miembros  verían reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

 

Los tres recursos explican que este texto podría haber vulnerado el artículo 9.3 de la Constitución, donde queda reflejado que se garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

 

Hace una semana el Tribunal Supremo también planteaba una cuestión de inconstitucionalidad  porque considera que la supresión a los funcionarios y empleados públicos de la paga extra de diciembre de 2012 pudo vulnerar la prohibición de retroactividad de las leyes, que recoge la Constitución.

 

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