¿Acabará siendo una realidad, por fin, lo de las garantías de espera?... creo que si, pero que se cumpla estrictamente lo veo más difícil
Sanidad facilitará asistencia médica privada cuando se alarguen los plazos de espera
El Principado fija "por decreto" 60 días para pruebas diagnósticas y 180 para cirugías pero se reserva decidir sobre la conveniencia de la derivación
02.06.2016, Elena FDEZ. –PELLO, en La Nueva España.
Los servicios de Salud del Principado ultiman un decreto que garantiza la realización de pruebas diagnósticas y cirugías en un plazo máximo de dos meses para las primeras y de seis meses para las segundas. Pasado ese tiempo, según la Consejería de Sanidad, el Sespa le pagará la atención, "previa autorización y en las condiciones que se determinen", siempre que no intervenga en el proceso ningún médico del sistema público, en cualquier otro centro sanitario, público o privado.
Sanidad garantiza "por decreto" una espera máxima de sesenta días para mamografías, resonancias, ecografías, colonoscopias y tacs y de ciento ochenta para las intervenciones de cirugía cardiaca y cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla.
La Consejería de Sanidad iniciará este mes la tramitación administrativa del decreto, con el objeto de que pueda entrar en vigor en el último trimestre del año.
También se propone adoptar "medidas organizativas" para que las esperas por una primera consulta en el especialista no superen los dos meses, aunque en este caso no establece garantías fuera de la sanidad pública.
La espera máxima para una operación en el Sespa será de seis meses por decreto
Para pruebas radiológicas la demora será de 60 días. El PSOE busca desactivar la propuesta de ley de garantías que el PP llevará mañana a la Junta y anuncia su propio decreto
LAURA FONSECA, OVIEDO, en El Comercio
Seis meses (180 días) será el tiempo máximo de espera que la sanidad pública asturiana fijará por ley para una operación cardíaca (sobre todo para implantes de válvulas) o para que un paciente sea intervenido de una prótesis de cadera o de rodilla. El mismo plazo (medio año) se establecerá para una cirugía de cataratas o para una histerectomía. Por contra, para pruebas radiológicas como un escáner (TAC), una resonancia, una mamografía o una colonoscopia, donde ahora se puede llegar a esperar hasta un año, el tope será de sesenta días (dos meses). Por encima de esos plazos, los pacientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) podrán exigir ser derivados a otro centro sanitario, incluso privado, para someterse a la operación o la técnica diagnóstica por la que llevan meses aguardando en la pública.
Estas son las demoras máximas en sanidad que el Principado prevé establecer por ley, siguiendo así el camino iniciado ya por buena parte de las comunidades autónomas. La medida la anunció ayer el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, quien avanzó que el Principado ultima un decreto cuya tramitación iniciará «este mismo mes». No es la primera vez que un gobierno socialista anuncia una norma de estas características. Antes que Francisco del Busto fue Faustino Blanco quien propuso elaborar (de hecho, lo elabaró) un decreto de garantías para el acceso a las prestaciones sanitarias, y antes que él, fue Ramón Quirós. En ninguna de esas dos oportunidades la ley salió adelante y Asturias se convirtió así, junto a Ceuta y Melilla, en la única comunidad sin decreto de tiempos máximos, dejando a los pacientes, por tanto, sin el derecho a poder exigir una demora máxima en su atención como sí ocurre en otras regiones… (leer más)
Sanidad pagará pruebas y operaciones en la privada si sus hospitales exceden las esperas máximas
El nuevo decreto de garantías del Sespa establece dos meses para los exámenes diagnósticas con mayor impacto en la salud y seis meses para varias intervenciones
S. D. M., en La Voz de Asturias
El Gobierno del Principado se pone deberes sanitarios. Establece esperas máximas en pruebas diagnósticas, intervenciones y consultas y si no cumple, en el caso de las dos primeras, pagará a los pacientes su paso a la privada. Así queda recogido en el decreto de garantías de acceso a la atención sanitaria que está en fase de elaboración. El Ejecutivo acaba de presentar las líneas maestras del documento que comenzará a tramitarse en este mes de junio, con el objetivo de que entre en vigor antes de que concluya el año. La Administración cree que tiene músculo suficiente para reducir las esperas y cumplir los plazos, tras la modernización de sus instalaciones hospitalarias, por lo que no prevé una fuga de pacientes ni un incremento del gasto. «No se producirá un trasvase directo de recursos a la sanidad privada», insiste. Está convencida de que podrá cumplir. En concreto, el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis meses para varias intervenciones quirúrgicas.
El borrador entra ya en el detalles. Las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán hacerse en un plazo tope de dos meses. Las intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), las operaciones de cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días. Transcurrido ese periodo, el paciente que todavía no haya sido atendido, previa autorización del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), podrá acudir a cualquier otro centro sanitario (público o privado) y la sanidad pública tendrá que asumir los gastos, en las condiciones que se determinen. Se establece solo una salvedad, que la asistencia fuera del servicio público de salud no podrá ser prestada por profesionales que también estén en el Sespa. Esta medida pretende evitar suspicacias y también la picaresca.
Al margen del decreto de garantías, se adoptarán las medidas organizativas en las consultas especializadas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología. En estos casos no se establecen garantías fuera de la sanidad pública porque todas las pruebas previas a un diagnóstico tienen que estar solicitadas por un profesional del Sespa y realizadas dentro del sistema público, por lo que no tiene demasiado sentido que esa primera consulta sea en la privada, ya que no adelantaría nadie. La administración explica que esta decisión «pretende limitar las derivaciones a la sanidad privada a aquellas imprescindibles para dar un servicio de calidad a los pacientes». No obstante, para asegurar esos dos meses de plazo máximo, el Sespa dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad. También ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el Servicio de Atención al Ciudadano.
Al margen de los plazos, Sanidad anuncia otro tipo de medidas complementarias que vende como un modo de «garantizar la calidad en la respuesta, la transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía». En concreto, el Servicio de Salud creará un registro de pacientes en espera y expedirá certificados de inclusión en este registro, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.
Gaspar Llamazares
El portavoz parlamentario de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, también se refirió a la listas de espera. Llamazares cargó contra la propuesta del PP de marcar unos tiempos mínimos en las listas de espera derivándoles a centros privados porque «convierte un problema en un nicho de mercado». Para Llamazares, la experiencia de iniciativas similares en otras comunidades autónomas ha sido muy negativa porque «ha costado un dineral a las administraciones que lo han implementado».
El diputado de IU afirmó que el crecimiento de las listas de espera está directamente relacionados «con los recortes y los ajustes que ha promovido el gobierno del PP» y añadió que le resulta «un escarnio» que «ahora quieran sacarle rentabilidad». Llamazares apuntó que las listas de espera son un problema, «la fiebre» del sistema sanitario pero que el origen de estas trabas está «en la gestión del sistema y en los recursos que recibe en función de cada administración»
0 comentarios