Tras ser admitido el recurso de queja presentado por el sindicato: CC.OO. ha presentado hoy ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo más de 160.000 firmas (personaciones) contra la congelación salarial de los empleados públicos de 1997, impuesta por el entonces Gobierno del PP, incumpliendo lo pactado con los sindicatos . Unas firmas que se adhieren al recurso interpuesto por CC.OO. ante este órgano judicial europeo – ya admitido a trámite— y que harán ver que no sólo es una organización sindical la demandante. “Las personaciones servirán para que el Tribunal de Derechos Humanos valore en qué medida afecta a los empleados públicos esta vulneración de derechos", advierte la abogada de CC.OO., Carmen Perona,quien confía en poder llevar a Estrasburgo las demandas de unos 500.000 funcionarios, cuando termine el plazo para la presentación de firmas (15 de julio).
En rueda de prensa, encabezada por el secretario general de CC.OO. y los secretarios generales de las Federaciones del Área Públicade CC.OO. (FSAP, Sanidad, Enseñanza, Transporte y Comunicaciones); José María Fidalgo ha destacado el proceso y arduo trabajo que viene desarrollando CC.OO. para restablecer los derechos sindicales básicos en la Función Pública, como es el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. “Unos derechos que –según Fidalgo— no son caducables ni efímeros, pese a haberse incumplido hace diez años”.En este sentido, Fidalgo advierte que el sindicato seguirá defendiendo, por todos los medios, la preservación de los derechos de todos los trabajadores. "Los derechos sindicales son derechos constitucionales y, por tanto, son leyes. Los Gobiernos no pueden actuar fuera de la regulación ni fuera de los convenios".Un largo proceso judicial. El proceso contra la congelación salarial que sufrieron los empleados públicos en 1997 comenzó hace varios años. En contra del Acuerdo de 1994 que establecía que los salarios de los empleados públicos crecerían por encima del IPC, el Gobierno del PP (representado entonces por su ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy) impuso la congelación salarial en 1997. Una decisión que fue recurrida por CC.OO. –a través del Gabinete Jurídico de la Federación de Enseñanza-- ante la Audiencia Nacional que, en enero de 2001, dio la razón al sindicato y condenó a la Administración a negociar los incrementos retributivos correspondientes a 1997 y años posteriores. Pero el fallo histórico de la Audiencia fue recurrido por el Ejecutivo de PP ante el Tribunal Supremo, que en 2002 "dejaba sin efecto" la sentencia de la Audiencia Nacional. CC.OO. presentó entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tres años después fue denegado. Ante este obstáculo, CC.OO. decidió entonces llevar el caso a al Tribunal de Estrasburgo que admitió a trámite el recurso de queja presentado por el sindicato con los mismos argumentos que rechazó el TC.Como ha señalado la abogada de la Federación de Enseñanza de CC.OO. que ha llevado este caso, Carmen Perona, el recurso de CC.OO. se fundamenta en la vulneración de varios artículos del Convenio de Derechos Humanos. Por un lado, el sindicato entiende que, ante la indefensión que le generó el TC al no admitir su demanda, se ha violado el articulo 6 del citado convenio, según el cual toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial.Además, también se ha violado el artículo 14 del convenio de Derechos Humanos y el artículo 14 de la Constitución española, porque, al imponer la congelación salarial sin negociarla, el Gobierno del PP discriminó a los empleados públicos y les negó el derecho a la negociación colectiva. A juicio de CCOO, el Gobierno del PP también violó el derecho a la libertad sindical, recogido en el artículo 11 del convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. La respuesta del Tribunal de Estrasburgo se conocerá dentro de un año, si no hay vista previa. ”CC.OO. espera que la sentencia sea favorable al restablecimiento de los derechos sindicales de los empleados públicos, ya que el fallo del Tribunal Supremo es contradictorio con el espíritu del diálogo social y los últimos acuerdos alcanzados en la Función Pública”, advierte el coordinador del Área Pública de CC.OO., Enrique Fossoul.
Noticia publicada en la WEB de la C.S. de CC.OO.
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