CC.OO. EN DEFENSA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO EN LOS SEVICIOS DEL NUEVO SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

La Cs CC.OO. ha sido un antiguo y firme valedor de la constitución del nuevo derecho subjetivo que recoge la recientemente aprobada Ley 39/2006 para la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

Este nuevo derecho es en buena medida fruto de los esfuerzos y resultados del Diálogo Social que ya incluyeron una referencia explícita en el Pacto de Toledo (1995), en el Acuerdo de Mejora de las Pensiones (2001) y más recientemente en el Acuerdo sobre la Acción Protectora a la Dependencia (diciembre de 2005). Y cabe, por tanto, considerarlo una conquista sindical histórica en la lucha por reforzar el modelo público de protección social y la ampliación y mejora del Estado de Bienestar.

La nueva Ley ampara este nuevo derecho subjetivo y determina su ejercicio mediante la prestación preferentemente de servicios, que se articularán a través de la puesta en marcha de un Sistema que garantice los mismos criterios de acceso y unas prestaciones suficientes garantizadas para toda la ciudadanía independientemente de su lugar de residencia. Una vez aprobada la Ley, es el momento de poner todo nuestro empeño en el desarrollo reglamentario para consolidar la cohesión del sistema de protección y por tanto los derechos de la ciudadanía.

Los desarrollos reglamentarios de la Ley, que se están acometiendo en estos momentos, son tan importantes como la propia norma y por ello debemos trabajar para que sus contenidos mantengan el espíritu con el que se fraguó este nuevo derecho en el marco del Diálogo Social y su posterior trámite parlamentario.

La Ley reconoce explícitamente en su artículo 35 la relación entre la calidad de los servicios y la calidad del empleo, asignando a los poderes públicos la obligación de velar por ambos a través del establecimiento de estándares de calidad comunes para todo el Sistema. El proceso de acreditación de empresas y entidades (tanto públicas como privadas) que aspiren a gestionar los servicios es fundamental para garantizar la calidad de las prestaciones que recibirá la ciudadanía.

La Confederación Sindical de CC.OO., tal y como recoge el documento anexo a esta resolución, considera que los elementos fundamentales que garantizan la calidad de los servicios y que deben regularse en este proceso de acreditación son:

·         Estabilidad en el empleo.

·         Ratios de plantilla adecuados.

·         Formación y cualificación de profesionales.

·         Cumplimiento cuota de reserva del 2% para trabajadores con discapacidad.

·         Pliegos de condiciones únicos por servicio y Comunidad Autónoma

·         Evaluación y seguimiento de la calidad, dotándonos de mayores recursos de inspección.

·         Garantías administrativas en el procedimiento de acreditación.

 La Ley establece en materia de acreditación una atribución competencial en dos planos. El primero, regulado en el artículo 34.2, otorgando al Consejo Territorial el establecimiento mediante acuerdo de la fijación de criterios comunes de acreditación de centros y servicios para todo el Sistema. El segundo, regulado en el articulo 11.1, determina que la competencia última de para regular y facilitar la acreditación de centros y servicios corresponde a las Comunidades Autónomas.

La Confederación Sindical de CCOO insta a todos los poderes públicos a garantizar la cohesión y la calidad del Sistema recogido en la Ley 39/2006 a través de la negociación de los reglamentos que avancen en sistemas de acreditación comunes que garanticen la cohesión del sistema y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Es imprescindible que todas las Administraciones que participan en el Consejo Territorial propicien en su ámbito un espacio de interlocución con los agentes sociales (sindicatos y empresarios) capaz de tejer los consensos necesarios que permita un desarrollo armónico de la Ley, tal y como se ha hecho en el ámbito estatal. 

Es en el Consejo Territorial donde todas las Administraciones responsables de los desarrollos reglamentarios deberán trabajar para conseguir un acuerdo que garantice criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).