Marcha atrás en la paralización del desarrollo profesional de los Empleados Públicos

Casi 14.000 funcionarios asturianos cobrarán antes de fin de año el plus de carrera profesional  

El TSJA anula la suspensión de la paga extra porque «afecta gravemente al interés general» 

Unos 14.000 funcionarios del Principado cobrarán antes de fin de año el plus ligado a la carrera profesional. Éste fue el compromiso adquirido ayer por el Gobierno regional tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló la suspensión cautelar de dicho pago. La medida judicial se adoptó en octubre, atendiendo a una demanda de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y tras un error en los servicios jurídicos del Principado. El TSJA atiende ahora las alegaciones del Gobierno regional, UGT, CC OO y USIPA. Todos invocaron los mismos motivos: que la suspensión «afecta gravemente al interés general» de los funcionarios y que la medida responde a un gran acuerdo entre Administración regional y trabajadores. 

Oviedo,

Marián MARTÍNEZ  para La Nueva España

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló ayer la suspensión cautelar de la paga extra ligada a la carrera profesional, de la que se beneficiarán casi 14.000 funcionarios del Principado. El Gobierno regional aseguró ayer que agilizará los trámites burocráticos para abonar el plus a los trabajadores afectados -personal docente y de la Administración general- antes de fin de año. La consejera portavoz, Ana Rosa Migoya, exigió al PP que rectifique públicamente, tras las acusaciones que el principal partido de la oposición vertió contra el trabajo del servicio jurídico del Principado.
La suspensión cautelar de la paga extra ligada a la carrera profesional se produjo el pasado mes de octubre. El conflicto surgió a raíz de una demanda interpuesta por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), con escasa representación sindical entre los funcionarios asturianos, al entender que el procedimiento acordado entre la Administración regional y los tres sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO y CEMSATSE) era «absolutamente irregular». La razón era que en noviembre se abonarían los pluses correspondientes al primer tramo o nivel, lo que suponía un adelanto del pago a cuenta del desarrollo de la nueva ley de Función Pública.
Los primeros actos administrativos para poner en práctica el acuerdo ya habían echado a andar cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias atendió la petición de la Corriente Sindical de Izquierdas y decretó la suspensión cautelar de la puesta en marcha de la carrera profesional. El Gobierno regional admitió al día siguiente que el TSJA adoptó esa decisión como consecuencia de un error en los servicios jurídicos del Principado, al no presentar el escrito de alegaciones en los diez días que establece la legislación.

El Gobierno regional presentó recurso de súplica contra el auto judicial, y a él se sumaron los sindicatos UGT y CC OO, además de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado (USIPA).

Todos ellos, según el fallo del Tribunal Superior de Justicia, invocaron los mismos motivos para impugnar la decisión judicial: «que la suspensión acordada, de mantenerse, afectaría gravemente al interés general, perturbando la decisión administrativa, concordada con la mayoría de los representantes sindicales, en cuanto que impediría desplegar determinados efectos de lo allí acordado, además, lógicamente, de afectar las expectativas que en ese sentido se han creado para una gran mayoría del personal que presta sus servicios para la Administración del Principado».
Unas alegaciones que, según el fallo judicial, fueron «pormenorizadas y acreditadas».

Aún así, el tribunal advierte de que la decisión de suspender cautelarmente el acuerdo se debió a «la ausencia de constatación de perjuicios al interés general», que provocó el que una de las partes, en este caso la Administración regional, no se personara.
La consejera portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, mostró ayer su satisfacción por el fallo judicial e insistió en que se agilizarán los trámites burocráticos para pagar antes de fin de año a los casi 14.000 funcionarios afectados por la medida.
Migoya alabó la labor de los servicios jurídicos del Principado y exigió al PP una rectificación pública por las críticas vertidas contra ellos. «Deben disculparse y reconocer la labor y el trabajo bien hecho», concluyó. 

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