Un sentido común que todos tenemos, a excepción del Ministro de Economía

Un estudio defiende que la financiación sanitaria incorpore el envejecimiento

El gasto per cápita de Asturias desciende del cuarto puesto al duodécimo si las cifras se ponderan con arreglo a la edad

 

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ  para La Nueva España

El método más idóneo para determinar la financiación sanitaria de una comunidad autónoma es el que tiene en cuenta el nivel de envejecimiento de la población. Al menos, ésta es la postura que defiende el economista asturiano Ángel de la Fuente en un informe recientemente publicado. El estudio concluye que Asturias es la segunda región española más perjudicada por el modelo actualmente vigente, sólo por detrás de La Rioja.

 

«Sobre el reparto de la financiación sanitaria» es el título del informe elaborado por Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico (dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), y María Gundín, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

 

Impulsado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el estudio avala en buena medida la postura que abandera el Gobierno asturiano en la dura negociación sobre financiación autonómica que estos días sostienen la Administración central y las 17 administraciones autonómicas.

 

Haciendo frente común con otras regiones de características similares, el Principado reclama al Ministerio de Economía que, a la hora de repartir la tarta financiera, no sólo se tenga en cuenta el número de habitantes (Asturias es la única comunidad que pierde población), sino también criterios como el nivel de envejecimiento y la dispersión de la población.

 

Las posiciones que defienden De la Fuente y Gundín se basan en un concepto que figura en los voluminosos estudios del «Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario», publicados en 2005 y 2007. Denominado «población protegida equivalente», este concepto es la resultante de corregir la población real en función de su grado de envejecimiento con arreglo a siete grupos de edad.

 

¿De qué modo influye la inclusión de esta ponderación? La repercusión es sustancial, como puede comprobarse si se observan los datos de gasto sanitario por persona protegida correspondientes a 2005, recogidos por el citado grupo de trabajo.

 

En ese año, el gasto de Asturias ascendió a 1.205 euros per cápita: el cuarto más alto de España, sólo por detrás de los registrados en Cantabria, La Rioja y Aragón. Sin embargo, si se introduce la corrección por envejecimiento, el gasto por persona protegida del Principado desciende hasta el duodécimo puesto, y se queda en 1.074 euros.

 

En su estudio, y tras realizar una serie de complejas ecuaciones, María Gundín y Ángel de la Fuente concluyen que «los resultados sugieren que seguramente no sería mala idea repartir la financiación sanitaria en proporción a la población equivalente». Y precisan que «esta variable recogería en un único indicador los efectos del tamaño de la población y de su nivel de envejecimiento».

 

Los autores del trabajo subrayan que «la población corregida por su grado de envejecimiento es con enorme diferencia el determinante más importante del gasto sanitario». Pero advierten de que «hay otros factores que tienen una incidencia significativa sobre los costes de provisión de este servicio».

 

¿De qué otros factores hablan? De la Fuente y Gundín apuntan dos: el número de habitantes y la densidad. Y es que ambos expertos enfatizan que los costes unitarios en el ámbito sanitario son mayores «en las autonomías con menor población».

 

Y añaden que ocurre exactamente lo mismo «en los territorios menos densamente poblados y con menores niveles de renta, así como en las comunidades insulares».