ARTÍCULO DE OPINION PUBLICADO AYER EN EL COMERCIO

Servicio público y sindicalismo antipático

 

MÉDICOS. Lo que cada vez es más preocupante es la actitud del sindicalismo corporativo en la sanidad, que se opone a cualquier intento de mejora o innovación que el Gobierno asturiano trate de llevar a cabo y rechaza cualquier propuesta que implique responsabilidad más allá de algo que no sea ’su’ consulta.

 

11.10.08 - DACIO ALONSO, PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ASTURIAS-UCE.

 

Desde la Unión de Consumidores de Asturias-UCE queremos felicitar a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y a los responsables del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) por el acuerdo alcanzado. Un acuerdo que sienta las bases para la apertura de los centros de salud de ocho de la mañana a ocho de la tarde y para avanzar en la mejora de la Atención Primaria a través de la reorganización de su gestión y funcionamiento.

En particular, la ampliación del horario de atención en los centros de salud supone acabar con una situación excepcional en el panorama de la atención sanitaria española -puesto que en el resto de las comunidades se presta atención en los centros de salud por la tardes- y satisfacer una demanda ampliamente sentida por los usuarios. Así, tal y como constatamos en una encuesta realizada por nuestra organización a una muestra estadísticamente representativa de la población asturiana, el 96% de las personas entrevistadas digo estar «bastante o muy de acuerdo» con que se preste atención sanitaria en los centros de salud por las tardes.

Pero no sólo queremos felicitar a CC OO y UGT por el pacto alcanzado, sino también por haber apostado fuertemente por el dialogo y la negociación y haber hecho compatible la defensa de las reivindicaciones laborales con el acuerdo para la mejora de la atención sanitaria a los usuarios, sin dejarse arrastrar y sepultar por determinados colectivos corporativos, exclusivamente interesados en defender los ’euros’ y los privilegios. Así, han facilitado la desconvocatoria de una nueva huelga, a todas luces abusiva e injustificada.

En efecto, los conflictos laborales en los servicios públicos son un asunto que no sólo nos preocupa a quienes tenemos como vocación representar los intereses de los usuarios, sino que también son motivo de atención y reflexión por parte de significadas voces del sindicalismo confederal.

Quien fuera dirigente de CC OO de Cataluña, J. L. López Bulla, resume la cuestión con claridad: «Las repercusiones del ejercicio de la huelga son diferentes en el escenario industrial que en los sectores que afectan directamente a la comunidad, esto es, a los usuarios de unos determinados servicios públicos, como, por ejemplo, la sanidad, la enseñanza y los transportes. Es diferente porque en los sectores industriales existen básicamente dos intereses contrapuestos: la empresa y los trabajadores que realizan el conflicto. En cambio, en los servicios públicos hay en presencia tres sujetos: la Administración, los trabajadores y los usuarios que están afectados por el ejercicio de la huelga. No tiene la mayoría de la ciudadanía ni arte ni parte en los motivos que originan los conflictos, pero si es con frecuencia presa de intereses corporativos». Y se pregunta López Bulla: «¿Se trata de eliminar el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales? De ninguna de las maneras. Se trata de: a) entender la diferencia que existe entre el ejercicio de la acción colectiva en la empresa industrial y en los servicios esenciales de la comunidad; b) y, a partir del entendimiento de esa diferencia, contar con una practica consecuente con tal realidad de una ciudadanía no directamente concernida pero si afectada. Así, hacer compatible el derecho de huelga en los servicios públicos con los derechos de los usuarios, conlleva la potenciación de modelos de relaciones laborales fuertemente aposentados en la negociación. Está pendiente que entre la Administración y los sindicatos se acuerde un protocolo que haga posible la utilización habitual de la mediación y el arbitraje para resolver los conflictos».

Sin embargo, lo que es cada vez más preocupante es la actitud del sindicalismo corporativo en la sanidad, que se opone a cualquier intento de mejora e innovación que el Gobierno asturiano trate de llevar a cabo, y rechaza cualquier propuesta que implique responsabilidad más allá de algo que no sea ’su’ consulta. Un corporativismo empeñado en subordinar el sistema sanitario a los intereses de los profesionales, especialmente los médicos, en lo que puede calificarse abiertamente de intento de apropiación de la sanidad pública. Frente a ese rampante corporativismo decimonónico, a ese sindicalismo antipático o ’pesetero’ que se decía antes, sería muy positivo que tanto quienes tratamos de defender los derechos de los usuarios como el sindicalismo confederal coincidiésemos más a menudo por el bien de la ciudadanía y los servicios públicos.