Tras dos años de la puesta en marcha de la Ley

CC OO advierte de que los recursos para la ley de Dependencia son «muy escasos»

 

El sindicato pide que se potencie la figura del Defensor del Anciano y un plan de inversiones

 

Oviedo, Efe/La Nueva España

El secretario general de la federación de pensionistas y jubilados de CC OO de Asturias, Francisco González Pérez, aseguró ayer que los recursos destinados por las administraciones a la ley de Dependencia son «muy escasos» e «insuficientes». González realizó esta advertencia tras la reunión que mantuvo con la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, a la que trasladó algunas propuestas del sindicato respecto a la propia ley de Dependencia, el salario social, la vivienda y el Consejo de Mayores.

El dirigente de CC OO abogó por actualizar el mapa de servicios sociales y animó a la titular de la Consejería a contribuir a la mejora del colectivo, entre otras, con iniciativas como la potenciación de la figura pública del letrado del Defensor del Anciano y la dinamización del Consejo de Mayores.

El dirigente sindical mostró especial preocupación por el desarrollo de la ley de Dependencia, para el que ha planteado la «necesidad» de un «plan de inversiones» que permita la creación de más plazas de día, así como de nuevos centros de residencias públicas.

También se refirió a la conveniencia de homogeneizar los criterios para la prestación de ayudas a domicilio, sobre los que ha advertido que existen grandes diferencias entre unos municipios y otros en el Principado.

Francisco González Pérez indicó también que, dos años después de la aprobación de la ley de Dependencia, se mantienen «importantes retrasos» en la resolución de expedientes. «Estamos detectando que todas las previsiones se están rompiendo y que los datos se están superando con creces», subrayó.

La falta de recursos económicos ocupó otra de las demandas del sindicalista. Francisco González precisó que sólo con una quinta parte de los fondos que la Administración del Estado está poniendo en manos de las entidades financieras, la ley de Dependencia podría «coger velocidad de crucero». «Todo esto está generando una preocupación importante en los ciudadanos y se está desvirtuando la aplicación de la ley de Dependencia, como ocurre con las personas de mayor necesidad», aseguró.

El secretario general de pensionistas y jubilados de CC OO cifró en 4.000 las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, una cantidad que supera el número de usuarios de las residencias públicas.

 

EL IMSERSO DA A CONOCER LOS DATOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PASADO.

La ley de dependencia beneficia en 2008 a casi 12.400 asturianos

La norma estatal amparará a partir de este año a un nuevo colectivo de personas.

 

09/01/2009 PABLO ZARIQUIEGUI, para La Voz de Asturias

 

La ley de dependencia beneficia ya a casi 12.400 asturianos. El dato figura en el informe de fin de año facilitado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El balance de 2008 revela enormes diferencias en la implantación del sistema de protección a la dependencia entre comunidades autónomas. El Principado, pese a las quejas que ha suscitado la aplicación de la norma estatal, se sitúa paradójicamente entre las regiones que mejor están cumpliendo con la tramitación.

El año recién terminado arroja el siguiente balance. La Consejería de Bienestar Social ha recibido 23.837 solicitudes, de las que ha valorado ya 19.924; ha resuelto 17.115 de las peticiones y ha reconocido el derecho a recibir prestaciones sociales o económicas a un total de 12.364 asturianos. En resumen, cerca del 50% de las personas que han presentado solicitudes están percibiendo servicios sociales o ayudas económicas. El dato español da idea de la enorme magnitud de personas que requieren prestaciones por pérdida de autonomía personal. Así, se han recibido en todo el Estado un total de 725.441 peticiones y están ya recibiendo servicios 445.615.

El Imserso revela también en el balance de fin de año que las administraciones optan mayoritariamente por el reconocimiento de las ayudas económicas por encima de las prestaciones sociales. Así, en el caso de Asturias, del total de beneficiarios, casi 4.000 personas reciben una ayuda económica frente a los casi 2.800 que perciben una prestación residencial.

El año que comienza se da la circunstancia de que entra en vigor un nuevo tramo en el reconocimiento de los derechos a las personas en situación de dependencia. En concreto, las administraciones públicas, incluida la de Asturias, deberán garantizar las prestaciones sociales o económicas derivadas de la ley a las personas con grado 2, nivel 1; es decir, a aquellas que padecen una dependencia severa pero no extrema. La Consejería de Bienestar Social afirmó ayer que las personas valorados con este grado y nivel de dependencia tienen derecho a recibir los servicios que recoge la ley desde el 1 de enero de 2009.

Noemí Martín, consejera de Bienestar Social y Vivienda, reconoció, en su primera entrevista con este periódico, la necesidad de dotar de más celeridad a la tramitación de la ley de dependencia. Martín aseguró que la norma estatal está generando frustración, sobre todo, porque no está respondiendo a las expectativas que había suscitado. La titular de Bienestar Social reclamó a todas las administraciones públicas un mayor compromiso para conseguir dotar a la ley de la financiación suficiente para cumplir el propósito para el que fue promulgada.

 

Asturias

CC OO reclama «un plan de inversiones adecuado» para la Ley de la Dependencia

Insta a la consejería a inspeccionar los hogares que reciben ayudas

 

09.01.09 - I. R., OVIEDO, para EL COMERCIO

 

«Sólo con una quinta parte de las ayudas que ha recibido la banca española para afrontar la actual crisis económica, la Ley de Dependencia tomaría velocidad de crucero». Esta fue una de las recriminaciones que el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO de Asturias, Francisco González Pérez, hizo pública ayer a la nueva dirección de la Consejería de Bienestar Social. En su reunión con la consejera, Noemí Martín, el sindicato exigió la elaboración de un plan de inversiones que se «adecue a la realidad. Las previsiones situaban un gasto total para la Ley de Dependencia de 12.000 millones de euros. Esta cifra se superará dado el gran numero de prestaciones solicitadas», subrayó González.

A su juicio, los recursos aportados por las administraciones son «claramente insuficientes» y los últimos 400 millones concedidos por el Ejecutivo Central a las comunidades autónomas es «un mero parche».

Otro de los motivos de preocupación de CC OO, son las condiciones en las que viven las personas dependientes. «Hay un sentimiento demasiado paternalista en la región y 500 euros de ayuda a las familias con dependientes no garantizan que los enfermos tengan los cuidados necesarios», resaltó González. Por ello, han pedido a la consejería que inspeccione los hogares con ayudas.

La elaboración de un catálogo con las prestaciones y la actualización del mapa de la Seguridad Social son otras de las exigencias. El listado de propuestas finalizó con la creación de centros especiales para enfermos de alzheimer y con una mejora de información sobre el salario social, al que pueden acceder 6.000 pensionistas.