Consecuencias de los ajustes presupuestarios de los “pagos indebidos”

No es un hecho aislado. Los Complementos salariales que hasta ahora se estaban cobrando y se quitan por no ser legales, tal y cómo determinaron los reiterados informes de la Intervención general del Principado, no por el hecho de no estar ajustados al sistema retributivo vigente, son innecesarios …  cuando menos no todos. Por ello, o en este año se efectúan lo cambios necesarios en la estructura retributiva de los trabajadores o, de lo contrario, se generarán gravísimos problemas funcionales en todos los centros …

 

El personal de trasplantes advierte de que el recorte salarial reduce la calidad del modelo

 

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ (LNE)

Los profesionales de los equipos de trasplante del Hospital Central de Asturias están irritados. La supresión de determinados complementos salariales -ejecutada por orden de la interventora general del Principado- ha mermado los ingresos de algunos de ellos. Hasta el momento se les pagaba por estar de guardia localizada y, además, por llevar a cabo la correspondiente operación. En adelante, se les privará de este segundo concepto, pues la Intervención del Principado aduce que estar de guardia incluye la eventualidad de realizar el trasplante.

 

Los afectados sostienen que la anterior estructura retributiva -que llevaba largos años en vigor- forma parte del secreto del buen funcionamiento de la actividad trasplantadora. Y advierten de que la eliminación de algunos de estos epígrafes remunerativos ya ha comenzado a notarse en el día a día de los implantes de órganos, pues ha provocado una reducción de efectivos en determinadas operaciones, con la consiguiente sobrecarga de trabajo para los profesionales que realizan las tareas.

 

«Lo que algunos no tienen en cuenta es que tenemos que estar dispuestos a trabajar dos días seguidos sin descanso», argumenta uno de los cirujanos perjudicados, quien agrega que «la actividad trasplantadora tiene una serie de singularidades que impiden que pueda regirse por el modelo tradicional». El citado especialista sostiene que «si se rompe el pacto al que habíamos llegado, y no es por culpa nuestra, habrá que negociar un nuevo pacto». Y advierte: «Si se cumple a rajatabla lo que defiende la Intervención del Principado, o se incorpora más gente o los pacientes quedarán desatendidos».

 

La repercusión económica de la medida varía en función de cada trabajador. Según algunas estimaciones, en algunos casos puede llegar a reducir en un tercio las percepciones correspondientes a la actividad trasplantadora. Las retribuciones de esta faceta asistencial se hacen efectivas a mes vencido. Lo más probable es que sea estos días cuando los afectados vean reflejados en sus nóminas correspondientes a diciembre los efectos de la medida, si bien éstos se ven paliados por la sustancial subida de la hora de guardia aplicada recientemente. Subida -arguyen los trabajadores sanitarios- que no puede ser empleada por la Administración como atenuante, ya que «lo único que se ha hecho es ponernos al nivel del promedio nacional en el pago de las guardias y además con un retraso importante».

 

Así las cosas, es casi seguro que buena parte de los afectados recurrirán a los tribunales para defender un derecho que consideran adquirido y consolidado. «La estructura salarial que había era la que se había pactado en su día. Llevaba en vigor desde hace 15 o 20 años. Funcionaba bien. ¿Por qué se cambia?». Éste es el razonamiento que ayer esgrimía uno de los médicos del Hospital Central que se dedica a realizar trasplantes. Los profesionales afectados subrayan que la retirada de estos pluses se ha llevado a cabo sin negociación previa y sin ofrecer alternativa alguna. «Todo lo que se nos ha dicho es que la medida parte de la Intervención General», precisan.

 

En efecto, según informó este periódico el pasado 3 de diciembre, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha comenzado a aplicar los primeros recortes salariales ordenados por la Intervención General del Principado. Los ajustes obedecen al tajante mandato de la interventora, Margarita González Marroquín, de dejar de abonar todos aquellos complementos retributivos que no dispongan de cobertura legal, como es el caso de los relativos a los trasplantes. Algunos de esos pluses se abonaban desde hace dos décadas y podían alcanzar los 1.000 euros brutos mensuales, si bien el promedio es sensiblemente inferior.

 

Esta supresión de determinados complementos salariales tiene su origen en las auditorías realizadas por la Intervención General en los centros sanitarios de la región. Estos informes contenían una larga retahíla de reprimendas a los gestores de la sanidad, y de algunas de ellas se desprendían gastos indebidos originados por deficiencias organizativas o de gestión. Es seguro que buena parte del personal afectado emprenderá acciones judiciales para recuperar los ingresos perdidos.