Pedro Rodríguez, vuelve a exigir «una financiación estable», a la vez que un incremento «de lo que aporta el Estado», ya que no alcanza «ni el 30% del total de lo que se necesita»

El ministerio sólo paga 2 de cada 10 euros de la dependencia y adeuda 5 millones al Principado

CHELO TUYA, GIJÓN, para El Comercio

El Gobierno regional aportó 73,7 millones de los 130 que la atención a personas dependientes costó en Asturias en 2008

Bienestar Social considera «insuficiente» el aporte estatal, que sólo costea el 17% del precio de una plaza residencial

Sólo 2 de cada 10 euros que cuesta la atención a una persona dependiente en Asturias procede del Gobierno central. El Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, que debería abonar la mitad del coste, sólo aportó en 2008 el 22,3% de los 130 millones de euros que al Principado le costó dar respuesta a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Además de quedarse corto -la Consejería de Bienestar Social y Vivienda califica el aporte de «insuficiente»- el ministerio todavía adeuda a las arcas regionales 5 millones.

Esas son las principales claves de la radiografía realizada por el director general de Servicios y Prestaciones Sociales, Pedro Rodríguez, sobre las cuentas de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia en 2008.

La reciente reunión de los consejeros de todo el país con la nueva ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, ha servido para que Rodríguez, vuelva a exigir «una financiación estable», a la vez que un incremento «de lo que aporta el Estado», ya que no alcanza «ni el 30% del total de lo que se necesita».

258 de 1.500 euros

De hecho, el año pasado la Administración General del Estado sólo aportó el 22,3% ya citado, que en cifras se traduce en 29.029.557 euros, de los cuales ocho millones corresponden al denominado nivel acordado, y 20,9 al nivel mínimo garantizado, el que el ministerio paga por cada Plan Individual de Atención (PIA) firmado.

Es este nivel el que «más problemas ha dado», confirma Rodríguez, tanto por los diferentes cambios de criterio que tuvo el ministerio para realizar los pagos, como por «los errores en la mecanización» de los datos, fruto de que aún el Imserso no ha puesto en marcha el programa informático común a todo el país.

A esos fallos se une el hecho de que las cantidades aportadas al mes por el ministerio por cada persona dependiente son «muy bajas», ya que en 2008 oscilaban entre los 258,75 euros para los grandes dependientes (grado III, nivel 2), y los 100 para los últimos en entrar en el sistema, los de grado II, nivel II.

Para demostrar lo corto del pago estatal, desde Bienestar Social se echa mano de un ejemplo práctico: si el coste real de una plaza residencial para un gran dependiente son 1.500 euros, el ministerio, con sus 258,75 euros, sólo hace frente al 17%. El resto, cae mayoritariamente sobre las arcas regionales, ya que los usuarios pagan, como media, 300 euros, y en ningún caso, más allá del 75% de su pensión. Es decir, que el Principado apoquina más de 940 euros. Es decir, el 63% del total.

Ayuda a domicilio

El ejemplo de la residencia es extrapolable a la ayuda a domicilio, donde la aportación del ministerio, para las 90 euros mensuales que marca la ley, no alcanza el 22,5% del coste total del servicio, calculado en 1.170 euros al mes.

Para el Principado, los fondos estatales no sólo están ahogando a las economías regionales, sino que no están permitiendo que la ley «cumpla con las expectativas creadas». Por ese motivo, insiste en la creación de un «marco estable de financiación», aunque para este año Asturias ya se vea beneficiada «por el trabajo realizado», ya que no sólo fue la comunidad que primero puso en marcha la ley, el 23 de abril de 2007, sino que es la que más ha agilizado los ritmos de valoración y firma de acuerdos. En cifras gruesas, en la región la Ley de la Dependencia costará este año 170 millones. El Estado aportará 39. Por ahora.