Artículo de Ignacio Fernández Toxo con motivo del 1º de mayo

Un pacto por la economía y el empleo

El 1º de mayo de 2009, los trabajadores y trabajadoras están llamados a manifestarse para enfrentar la crisis y reclamar un nuevo orden económico mundial. Una demanda que en nuestro país se traduce en el imprescindible cambio del patrón de crecimiento para reactivar la economía y crear más y mejor empleo.

En julio de 2008, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales suscribieron la denominada “Declaración por el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social”. El Ejecutivo, entonces, se resistía a hablar de crisis como insistían los sindicatos -prefería referirse a la desaceleración- y todos compartían la necesidad de reforzar la concertación social.

En menos de un año la situación económica se ha deteriorado hasta tal punto que ya superamos los 4 millones de parados, hemos entrado en recesión y la inflación que hace un año se desbocaba amenaza ahora con derivar en deflación. Por otro lado, el diálogo social mantenido hasta la fecha no sólo no ha arrojado resultados positivos sino que ha cosechado sonoros fracasos: no se ha podido renovar el ANC dadas las pretensiones empresariales de abaratar el despido, reducir las cuotas a la Seguridad Social, generalizar los descuelgues o congelar los salarios, mientras el Gobierno decidía aumentar la protección al desempleo e incentivar la contratación sin el acuerdo de sindicatos y organizaciones empresariales. El diálogo social, en su versión convencional, no pasa por su mejor momento.

Si a todo ello, sumamos las iniciativas políticas del G20 para hacer frente a la crisis económica y financiera, con algunos avances pero todavía descoordinadas e inconexas, no parece fácil ver el final del túnel.

En estas condiciones, CCOO considera imprescindible dar un nuevo impulso a la concertación social y propone un Pacto de Legislatura por la Economía y el Empleo para cambiar el patrón de crecimiento que ha seguido la economía española, apostar por una base industrial sólida que invierta en I+D+i, mejorar el sistema educativo y consolidar y ampliar nuestro sistema de protección social.

Lo primero, las personas

La caída de la actividad económica está suponiendo una destrucción de empleo a un ritmo de 150.000 parados mensuales. Una parte significativa de ellos son jóvenes, mujeres e inmigrantes. En estos momentos, cerca de un millón de

personas no cobran prestación del sistema público y el riesgo de exclusión social es evidente. Para evitarlo tenemos que ampliar y mejorar la protección al desempleo; incentivar la Renta Activa de Inserción; coordinar con las CCAA los subsidios que dispensan; conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo; y  reformar la legislación concursal.

Se trata de responder a las necesidades de familias y personas que por la precariedad de sus contratos, bajos salarios y escaso tiempo de cotización no acumularon suficientes derechos de protección por desempleo, lo que hace que tengan escasas expectativas de garantizar unas mínimas condiciones de vida.

Y si la primera responsabilidad es atender a las personas que más directamente están sufriendo los efectos de la crisis, simultáneamente hay que actuar para evitar que el desempleo siga creciendo e incluso, para que se generen nuevos puestos de trabajo, y ello sólo es posible si intervenimos para reanimar la actividad económica. Una intervención que requiere nuevos programas de inversión pública, el mantenimiento integral del stock de infraestructuras existentes, la adopción de medidas encaminadas al aumento del parque de viviendas en alquiler, un plan de rehabilitación urbana, la construcción de nuevos centros educativos y sanitarios, y la aplicación de la Ley de Dependencia.

En las actuales condiciones resulta imprescindible, igualmente, normalizar el funcionamiento del sistema financiero español como intermediario entre el ahorro y el crédito, que presenta sus propias deficiencias como suma de causas bastante complejas.

Sistema educativo y protección social

Cambiar el patrón de crecimiento para que España aborde en mejores condiciones los retos de la competitividad exige desarrollar la sociedad de la información y afrontar el diseño industrial y la calidad de bienes y servicios, además de crear un marco regulador de la política energética que asegure el abastecimiento, la reducción de emisiones de GEI, la eficiencia y el ahorro energético.

La cualificación de trabajadores y trabajadoras es una de las claves fundamentales para el cambio de patrón de crecimiento. La formación de la fuerza laboral junto a los necesarios cambios tecnológicos y de la organización del trabajo son las bases para incrementar la productividad y competitividad que necesita nuestro aparato productivo.

En el mismo sentido, la formación continua de los trabajadores ha experimentado un alto nivel de desarrollo desde que opera en España, pero en términos comparativos tampoco ha llegado a las cotas que nos permitan homologarnos a los países de nuestro entorno.

Para ello, CCOO se propone incrementar las plazas de educación infantil, atajar el abandono escolar, extender los programas de aprendizaje de idiomas y de nuevas tecnologías, incentivar y diversificar los programas de cualificación profesional inicial y la oferta de ciclos de grado medio de FP, impulsar una red pública de centros integrados de FP, potenciar la faceta investigadora de las universidades y mejorar su financiación, y favorecer la formación de los trabajadores y trabajadoras con más dificultades para encontrar empleo.

Uno de los objetivos del nuevo modelo productivo es, a nuestro juicio,  que la riqueza generada se distribuya más equitativamente para avanzar en cohesión social y evitar el riesgo de exclusión social. En consecuencia, los servicios públicos que conforman el denominado Estado de Bienestar, además de jugar una poderosa función anticíclica, son una garantía de que el crecimiento viene acompañado de mayor justicia social.

Especial atención concedemos al desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia y a la mejora del sistema público de pensiones que, pendiente de lo que puedan debatir y acordar en el Pacto de Toledo,  concrete definitivamente la integración de los Regímenes Especiales en el General de la Seguridad Social, aborde la jubilación anticipada por realización de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, mejore la protección social a las familias y modifique la estructura del sistema de pensiones complementarias.

Salimos a la calle este primero de Mayo, como lo harán millones de personas en todo el mundo, en muchos casos sin libertad o bajo la represión, para reclamar empleo decente, una salida de la crisis favorable a las personas y por la extensión de los derechos sociales y sindicales en todo el mundo.

Ignacio Fernández Toxo

Secretario general de CCOO