Los derechos y la fortuna poco tienen que ver valga cómo matiz y réplica el artículo del letrado de la Junta, Ignacio Arias.

DECLARACIONES DE ANA ROSA MIGOYA EN UN ENTREVISTA CONCEDIDA A PUNTO RADIO

«Los funcionarios son grandes afortunados por tener un puesto fijo», sostiene Migoya

30.05.09 - A. VILLACORTA, OVIEDO, para El Comercio.

Asegura que «hay que distinguir las posturas radicales de algunos sindicatos del conjunto de los empleados públicos»

Descarta convocar mesas sectoriales porque «todos cobran del Principado»

Con las espadas de los funcionarios aún en alto, Ana Rosa Migoya recordó ayer a los 35.000 empleados públicos del Principado que «son grandes afortunados por tener un puesto fijo en los tiempos que corren». La consejera de Administraciones Públicas del Principado y portavoz del Gobierno regional fue todavía más allá en una entrevista concedida a Punto Radio, en la que sostuvo que «es una gran ventaja tener una estabilidad y una tranquilidad que otros colectivos no tienen», algo que, en su opinión, «reconoce la inmensa mayoría» de los funcionarios.

Ana Rosa Migoya hizo estas afirmaciones para defender que «hay que distinguir entre las posturas muy radicales de algunos sindicatos del sentir del conjunto de los empleados públicos».

La consejera les recordó además que el Ejecutivo autonómico «siempre se ha caracterizado por la búsqueda de consenso» y constató lo que considera «una realidad»: «Este Gobierno ha mejorado sustancialmente sus condiciones laborales y salariales. Eso es así».

Sus declaraciones llegan después de que más de medio millar de empleados públicos -pertenecientes a los sectores de la sanidad, la justicia, la enseñanza y la administración pública- saliesen a la calle esta misma semana convocados por once sindicatos para reclamar al Ejecutivo regional que convoque las mesas sectoriales de negociación y no deje las relaciones con los trabajadores circunscritas sólo a la Mesa General.

En ese punto, Migoya se mostró firme: «El Estatuto Básico del Empleado Público ha introducido un nuevo marco de negociación y la remite a la Mesa General». Así que, de mesas sectoriales, nada de nada: «Somos una empresa muy grande y el mejor marco de negociación es el marco general porque son todos empleados de la misma empresa y todos cobran del Principado». Y puso un ejemplo para defender su tesis: «En cualquier gran empresa no se entendería una negociación por departamentos o por talleres».

Descontento docente

Migoya también se defendió de aquellos que acusan al Instituto de Administraciones Públicas Adolfo Posada de ser «una chapuza». «Eso es tremendamente injusto porque no somos cicateros con la formación de los funcionarios. Destinamos muchos recursos», dijo, al tiempo que defendió que, «de la totalidad de procesos de selección llevados a cabo, los tribunales sólo admiten a trámite un 3% de las demandas contra la Administración».

Otro de los asuntos espinosos a los que tuvo que enfrentarse la titular de Administraciones Públicas fue el plan de evaluación docente, que los sindicatos educativos han rechazado con la única excepción de UGT.

Después de que el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, asegurase que el examen a los profesores «está parado», Migoya puntualizó: «Se han seguido realizando algunas entrevistas en mayo y es un proceso que casi ha concluido este curso porque consideramos que «ya tenemos un muestreo significativo».

Migoya se defendió además de las críticas de los docentes y admitió que «en marzo coincidió en los centros educativos una carga de trabajo muy importante que creó un cierto malestar».

«No queremos crear problemas al personal docente», suavizó el tono tras admitir que el examen sentará los cimientos de la carrera profesional. «Y, por lo tanto, decidimos no hacer extensiva a todos la evaluación».

En cuanto a la entrega de ordenadores a los alumnos de 5º de Primaria prometida por el Gobierno central y condicionada por Riopedre a que los centros presenten un plan de uso, Migoya fue imprecisa y únicamente destacó que «los ordenadores son el futuro». Reconoció, por último, que, aunque «se ha avanzado en este aspecto, todavía queda mucho por hacer».

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

«El examen casi ha concluido este curso porque tenemos una muestra significativa»

INSTITUTO ADOLFO POSADA

«Los tribunales sólo admiten el 3% de las demandas por procesos selectivos»

MODERNIZACIÓN DE LAS AULAS

«Los ordenadores son el futuro. Hemos avanzado, pero queda mucho por hacer»

«El HUCA tendrá lo mejor»

A la pregunta de si se ve como la primera presidenta del Principado, Ana Rosa Migoya no contesta ni sí ni no. Sonríe y replica: «No depende de mí». No oculta, eso sí, que se siente cómoda delante de las cámaras y los micros, en su papel de cara del Gobierno regional. Y recuerda: «Siempre he sido muy disciplinada» para dejar claro que estará allí donde diga su partido.

Ayer, en concreto, le tocó sacar la cara por el consejero de Salud, Ramón Quirós, y por su controvertida reforma sanitaria.

«Lo que pasa es que es muy sincero, conoce muy bien el sistema y sabe lo que hay que cambiar», defendió. Y hay que cambiar porque «las cosas en la vida no son estáticas» y «hay que ir adaptando el sistema sanitario a todo lo que va surgiendo para que sea sostenible». Y por eso Quirós «está proponiendo cambios muy valientes con el objetivo de que sigamos disfrutando de un sistema como el que tenemos, que es un tesoro», zanjó.

Uno de sus estandartes, el nuevo HUCA, «va a ser una bonita realidad» que va a convertir a los asturianos «en unos privilegiados». «Queremos que tenga lo mejor y no vamos a escatimar».

No conviene intentar confundir nunca derechos con privilegios … a propósito de las afirmaciones de la Consejera

Recordamos, a continuación, el artículo de opinión al respecto de la inamovilidad funcionarial del 5 de abril de este año …

POR IGNACIO ARIAS, LETRADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO.

No corren buenos tiempos para los funcionarios en la opinión pública. La crisis económica remueve las aguas del agravio social y la función pública, denostada en épocas de abundancia, pasa a ser objeto de crítica en esta época de escasez. Se afirma que los funcionarios son unos privilegiados que tienen el puesto fijo a resguardo de los avatares del mercado laboral y por tanto unos ingresos mensuales asegurados, sea cual sea el alcance de la crisis. Por ello se alzan voces que exigen hacerlos partícipes de las consecuencias de la recesión económica sugiriéndose, como principal medida a aplicar, la congelación salarial.

Conviene, por ello, aclarar, que la inamovilidad funcionarial, lejos de ser un privilegio alcanzado por los funcionarios, es una conquista del Estado de Derecho, una garantía como lo es la división de poderes o el sufragio.

En efecto, quedan muy lejos las tesis radicales defendidas por Javier de Burgos o por Posada Herrera que consideraban que todos los empleados públicos tenían que ser hombres de confianza de los ministros y, por tanto, éstos debían tener la facultad de separarlos con entera libertad. Era la época del spoil system: quien ganaba las elecciones ganaba el botín, que era la Administración y todo su presupuesto; los empleos públicos son para los vencedores en la batalla política.

Frente a esta tesis se fue abriendo camino la doctrina de la neutralidad política del funcionario imponiéndose el principio constitucional de mérito y capacidad para el acceso al empleo público, que hace inviable, al menos en este concreto ámbito, el sistema de botín de nombramientos y ceses.

El sistema de la función pública actual profesionalizada y preparada constituye -al menos en su formulación teórica- un antídoto al riesgo de apropiación de los instrumentos de poder por un partido político.

El funcionario público inamovible constituye, además, la mejor vacuna contra la corrupción, en el buen entendimiento de que la inamovilidad sólo se mantiene fiel a su filosofía de origen cuando el funcionario es neutral y comprometido con la ética, con la defensa del interés general, con el papel que le corresponde jugar en el sistema democrático.

Los funcionarios, precisamente por su inamovilidad, están llamados a jugar un papel capital en el aseguramiento del Estado de Derecho. Al político le corresponde dirigir la Administración jerárquicamente ordenada; al funcionario, velar por que la Administración actúe con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, esto es, garantizar la observancia del principio de legalidad.

Ambos, funcionarios y políticos, han accedido al empleo público por procedimientos de idéntica legitimidad. Los primeros, a través del mérito y capacidad inherentes a la condición de funcionario público que en cuanto produce nombramientos a través de competiciones abiertas entre los ciudadanos en las que se garantiza la igualdad, es un principio de justificación democrática tan sólido como el principio electivo a través del que los segundos -los políticos- desembarcan en el empleo público: una competición sobre la actitud profesional frente a una competición por los votos, porque los espacios a ocupar requieren en un caso el mayor nivel de excelencia y, en otro, el mayor apoyo popular.

El funcionario, para acceder a esta condición, y por ende, a la inamovilidad, además de demostrar mérito y capacidad en el proceso selectivo, jura o promete acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, con lo que asume un compromiso con los ciudadanos y con él mismo de defender los pilares de su profesión, cuyo fin es evitar la arbitrariedad y el abuso de poder.

Si violenta estos principios se convierte en una simple estructura instrumental al servicio del Gobierno, sea cual fuere la legitimidad de sus medidas, y con su silencio, abstención o colaboración, se convierte en cómplice de las actuaciones arbitrarias o abusivas que aquél pueda adoptar.

Como dijo Rudolf Von Ihering en su opúsculo «La lucha por el Derecho», «tan pronto como el Derecho renuncia a luchar, se declara dispuesto a dejarse sacrificar».

El funcionario debe ser -parafraseando a Aristóteles- un soldado de la legalidad, cuya observancia debe constituir una disposición del ánimo, una voluntad, una actitud en la conciencia, la más alta de las virtudes.

Si se quiere que la Administración actúe con objetividad hace falta una burocracia profesional, dirigida por la política, pero independiente de ella. Dicho con otras palabras: la esencia del Estado de Derecho debe articularse sobre la neutralidad política de la Administración y la neutralidad administrativa del Gobierno.

Cuantos más puestos públicos se reservan a la burocracia profesional y, por tanto, inamovible, más pasos estaremos dando a favor de una Administración más objetiva, más neutral, más institucionalizada. Ahora bien, la inamovilidad no puede ser un cheque en blanco, hay que ganarla día a día, para que no se convierta en un arma arrojadiza.

La mayor parte de los casos de corrupción que afloran día a día tienen una nota común: un funcionario público -sea por acción o por omisión- que ha coadyuvado a que las actuaciones que desembocan en la corrupción tengan apariencia de legalidad. Suele decirse «Tengo un informe del técnico que avala lo que hice» o «Nadie informó en contra».

Los funcionarios que con su presencia o ausencia avalan tales procederes -al margen de las responsabilidades disciplinarias y penales en que pueden incurrir- hacen un flaco favor a su profesión y horadan el Estado de Derecho, violentando la confianza que el sistema ha depositado en ellos.

Los controles, los procedimientos, las garantías del Estado de Derecho son tantos y tan perfectos que sólo es posible vulnerarlos cuando el funcionario mira para otro lado.

Esto al margen, la inamovilidad, entendida en el sentido de que nombrado un funcionario conforme al ordenamiento jurídico no puede ser removido ni separado del cargo sino en virtud de las causas tasadas, limitadas y previamente determinadas en la legislación de función pública que le sea aplicable no es, como ha quedado patente, una prerrogativa exorbitante, sino una conquista del Estado de Derecho.

Por ello, si a los funcionarios se les exigen sacrificios, que sea por solidaridad o cooperación, pero nunca como tributo o contraprestación a su estatus: la inamovilidad no es un privilegio, sino una garantía.