Recopilación de las reacciones habidas hasta ahora con relación a la Sentencia que anula la carrera profesional de los empleados públicos no sanitarios y

Ver texto íntegro de la Sentencia

FSP-UGT insta al Gobierno a evitar que ningún empleado se vea perjudicado tras la anulación de la carrera profesional

Europa Press, 16/06/2009, 20:26 h.

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) dijo hoy que tiene previsto instar al Gobierno del Principado para que, usando los medios legales pertinentes, ningún empleado público se vea perjudicado ante las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la carrera profesional.

A través de una nota de prensa, FSP-UGT expresó su "respeto" a la sentencia, que apela a la falta de marco jurídico para aplicar la carrera profesional a los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias.

No obstante, el sindicato dijo que toda la situación se deriva de una "irresponsabilidad manifiesta" por parte de aquellas organizaciones que impugnaron un acuerdo que mejoraba sustancialmente las condiciones de trabajo de 16.000 empleados públicos. Así, dijeron que los empleados públicos tendrán que pedir "responsabilidades" por lo acontecido a CSI, CSIF, USO y Suatea. "Han conseguido privar del cobro a cuenta del primer grado de carrera profesional a 16.000 trabajadores", señalaron desde FSP-UGT.

Suatea reprocha al Principado y FETE-UGT la implantación de una carrera profesional que resultó "nefasta"

Europa Press, 16/06/2009, 19:41 h.

OVIEDO, 217 (EUROPA PRESS)

Suatea, uno de los sindicatos que presentaron recurso contra la resolución que autorizaba la implantación de la carrera profesional en la Administración autonómica, reprochó hoy al Gobierno asturiano y al sindicato FETE-UGT que llegase a un acuerdo que "resultó nefasto" para el profesorado.

En un comunicado, Suatea recordó que en el origen de esta situación estaban las exigencias de los sindicatos docentes en torno a la homologación retributiva con el profesorado del resto de CCAA que Suatea cifraba, en el año 2006, en 300 euros lineales al mes.

El sindicato lamentó que haya sido "la actuación unilateral de la Administración y FETE-UGT la que intentó "desactivar aquellas exigencias mediante la implantación de la carrera profesional que se sabía que iba a ser nefasta para el profesorado" y recordó lo ocurrido este curso con el plan de evaluación docente "que llevó a miles de profesores a la huelga".

Ante la resolución del TSJA, Suatea se ha comprometido a buscar soluciones que signifiquen mejoras de las condiciones laborales y salariales del profesorado "sin contrapartidas y sin aceptar nuevos cheque en blanco". A raíz de esta sentencia, considera, no obstante, "deslegitimada" la actuación del ejecutivo asturiano y de la que es portavoz y responsable de administraciones públicas, Ana Rosa Migoya, quien para el sindicato "debe dimitir".

POSTURA DE UNA:

Por su parte, Unidá Nacionalista, que también recurrió a los tribunales la resolución, acusó al Principado de "pretender instaurar el servilismo y el chantaje retributivo, al imponer que sólo incrementen sus retribuciones en Asturias, de las más bajas de todo el Estado, quienes acepten futuras condiciones sin conocerlas previamente, con el agravante de apartar a los interinos y a los que no tengan cinco años de antigüedad".

Se mostró además convencido de que "las contrapartidas a la firma de la adhesión serían unas condiciones de trabajo inaceptables para la dignidad de los funcionarios y rompían la negociación colectiva, al individualizar una subida salarial, intentando apartar a los sindicatos y anular su representatividad".

CSI-CSIF aplaude la sentencia contra la carrera profesional al considerarla una "discriminación" entre funcionarios

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSI-CSIF de Asturias, Lucas Álvarez, mostró hoy su satisfacción por la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulando la carrera profesional por considerarla disconforme a derecho. "La carrera profesional suponía una normativa de dudosa legalidad y una discriminación por recurrir a una formula arbitraria", añadió.

 Álvarez, en declaraciones a Europa Press, señaló que tal y como planteó el Principado la iniciativa en mayo de 2007 "no estaba conforme a derecho porque la carrera profesional propiamente no existe ya que necesita de un desarrollo". "Es una discriminación entre los empleados públicos", añadió.

Por su parte, el Principado tiene diez días para interponer un recurso al Tribunal Supremo por lo que ahora "está la pelota sobre su tejado", dijo Álvarez. El responsable de CSI-CSIF tranquilizó a los funcionarios públicos y señaló que quienes perciben el dinero del pago cuenta "no tienen que estar preocupados".

 "No pediremos que se castigue a nadie, sino que solicitamos una respuesta el Principado para evitar esa discriminación entre los mismos empleados con distintos conceptos retributivos", señaló.