De paso queda despejado el camino para una negociación “debilitada” de la Ley de función pública asturiana

El Principado garantiza que los trabajadores no tendrán que devolver el dinero de la carrera profesional

RTPA, 17-06-2009

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha afirmado hoy que los trabajadores públicos no tendrán que devolver el dinero ingresado a cuenta desde 2007 en virtud del desarrollo de la carrera profesional tras la sentencia dictada ayer por Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que el Gobierno ha anunciado que no recurrirá.

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJA acordó ayer anular el modelo de carrera profesional aprobado por el Gobierno para todos los trabajadores de la administración autonómica en 2007 y que había sido acordado con los sindicatos UGT y CCOO.

En una rueda de prensa ofrecida hoy para analizar el alcance de esta sentencia, la consejera ha señalado que el Gobierno no recurrirá la sentencia, que afecta a unos 14.000 trabajadores (8.000 docentes y 6.000 de la administración general), a los que se dejarán de abonar 21 millones de euros anales, que van desde los 56 euros mensuales a los trabajadores del grupo E a los 208 a los grupo A.

Del alcance de este acuerdo quedaban fuera los trabajadores interinos y los que no contaban con una antigüedad de cinco años. Migoya ha reconocido la "debilidad jurídica" de este acuerdo para el desarrollo de la carrera profesional, pero ha recalcado que el Gobierno actuó de "buena fe" y en virtud del acuerdo suscrito con los sindicatos mayoritarios, además de con otras organizaciones de menor implantación, que también fueron codemandados.

La consejera ha indicado que a partir de ahora sólo queda trabajar para establecer el marco legal que dé cobertura jurídica al desarrollo de la carrera profesional y ha explicado que para ello es necesario la aprobación de dos normas, la Ley de Función Pública y el Estatuto básico del personal docente.

Ha aclarado que el Principado tratará de acompasar el desarrollo de ambas normas para que no haya disfunciones, y ha recordado que en el caso del Estatuto básico del personal docente corresponde su impulso al Ministerio de Educación, por lo que ha anunciado que el Gobierno regional urgirá a este organismo para que agilice su tramitación.

Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO criticaron hoy a las organizaciones SUATEA, CSI-CSIF y USO por haber provocado la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la carrera profesional.

Ambas organizaciones tildaron de "irresponsable e impresentable" la actitud de los sindicatos minoritarios a los que acusaron de actuar "no sólo contra el Gobierno sino contra las organizaciones mayoritarias".

"Creemos que hay una gran irresponsabilidad por parte de quienes presentaron la demanda que van más en contra de los sindicatos mayoritarios que del contenido porque ahora resulta que todos quieren que se siga cobrando", dijo el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, que insistió en que "no van a consentir que la devolución salarial".

Por su parte el secretario de CC.OO, Antonio Pino, afirmó que su organización "no entiende que sindicatos, algunos corporativos y otros de clase, impulsen una iniciativa jurídica que en la práctica y como última consecuencia lo que persigue es paralizar las retribuciones arrancadas por CC.OO y UGT al Gobierno".

Ambos representantes recordaron que son 14.000 los trabajadores que se ven afectados por esta cuestión y que dejarán de percibir esas retribuciones.