Insisto: muchos trabajadores hubieran optado por el “virgencita, virgencita, que me dejen como estoy ”

El Principado descarta mantener los salarios de los funcionarios con otros complementos

Los sindicatos exigen a la Administración que no recorte las nóminas y el SUATEA amenaza a Migoya con una querella por prevaricación

Riopedre reconoce que el plan para evaluar al profesorado queda parado y sugiere que la solución «pasa por negociar con las centrales»

Oviedo / El Entrego, J. A. ARDURA /M. Á. GUTIÉRREZ, para La Nueva España
El Principado descarta mantener el nivel salarial de los funcionarios y seguir pagando la carrera profesional disfrazándola como si fuera un complemento salarial más. El Ejecutivo regional rechaza así una posibilidad planteada ayer por varios sindicatos que, pese a la división que mantienen, han coincidido en abrir un frente para que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la carrera profesional no suponga un descenso en las nóminas de los empleados de la Administración y la enseñanza públicas. La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, avanzó que el Principado no abonará las cantidades correspondientes a la carrera profesional mientras ese pago «no esté amparado por una norma con rango de ley», como la ley regional de Función Pública y el estatuto básico del personal docente, que depende del Ministerio de Educación. El Ejecutivo tampoco prevé crear un complemento salarial alternativo que compense la pérdida.

El TSJA hizo pública esta semana una sentencia que afecta a miles de funcionarios que anula la normativa de la carrera profesional y los pagos a cuenta de ese concepto retributivo en la nómina de empleados públicos. Migoya advirtió, tras conocerse el veredicto, que el Principado dejaría de pagar en la mensualidad de julio el adelanto de la carrera profesional. Al mismo tiempo aseguró que los funcionarios no tendrían que devolver las cantidades ya percibidas en concepto de la aplicación de la carrera profesional.

Aunque la carrera profesional ha dividido a los sindicatos mayoritarios y a los sectoriales, ayer centrales de ambas partes coincidían en pedir al Principado que los funcionarios puedan mantener sus salarios pese a esa sentencia. La negativa de Migoya, ayer, fue clara: «Alguno de los sindicatos que recurren me piden que arregle con una resolución el desaguisado que se ha planteado para los empleados públicos, pero ¿cómo vamos a hacer de buena voluntad cosas que no estén amparadas en la ley cuando después recurren, piden la dimisión de los responsables políticos y dejan a los empleados públicos sin esos recursos económicos?».

SUATEA, uno de los sindicatos sectoriales del ámbito de la educación que apoyó el recurso, emplazó al Ejecutivo a aplicar una subida lineal de 300 euros para todos los profesores, no sólo para los que se apuntaron a la carrera profesional. La central exigió la dimisión de «Migoya y su equipo» por cometer una supuesta prevaricación, invitó a la Consejera a negociar y amenazó: «En caso contrario, emprenderemos acciones legales para que se ejecute la sentencia, acompañadas de movilizaciones».

La federación de servicios públicos de UGT, que no apoyó la reclamación judicial que ha dado lugar a esta sentencia, también instó al Principado «a dar una solución normativa a la mayor brevedad posible». La Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) no ve motivos para que los trabajadores dejen de cobrar el complemento.

El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, apuntó a «la negociación entre la Consejería de Administraciones Públicas y los sindicatos» como posible solución, algo que parecen rechazar sus compañeros de Gobierno. Riopedre coincidió con SUATEA en que la sentencia para el plan de evaluación del profesorado, clave para que los docentes cobren la productividad.

«Un funcionario cabreado puede forzar la devolución del dinero»

Oviedo, L. A. V., para La Nueva España
José Ángel Piquero, secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO, sostiene que «el Gobierno está diciendo que no reclamará el dinero a los funcionarios, pero no está avalando esa afirmación con un informe jurídico. Veladamente está pidiendo que el asunto no se menee más, pero basta con que cualquier funcionario cabreado lo reclame para que el Gobierno se vea obligado a recuperar los pagos».

Y funcionarios cabreados puede haberlos, puesto que hay un grupo de unos 5.000 que no han cobrado cantidad alguna en los últimos treinta meses, mientras los compañeros de trabajo adscritos a la carrera profesional sí lo hacían. Para la Federación de Enseñanza de CC OO, que se desmarca de la central, el objetivo del recurso era que todos los funcionarios se beneficiasen de las subidas. Y la salida al conflicto: consolidar las subidas como un complemento.

Justos por pecadores

Trabajadores afectados se preguntan por qué deben pagar ellos la «chapuza» del Principado y critican la «doble moral» de las centrales

Oviedo, Marcos PALICIO
La sensación de estar pagando errores ajenos con sueldos propios daba que hablar ayer en los pasillos de los centros de trabajo de la Administración regional. La anulación de la carrera profesional del Principado no sorprende a los funcionarios afectados, que mezclan el desagrado por la merma en sus salarios con la indignación hacia la Consejería de Administraciones Públicas y en algún caso también con cierto resquemor por la «doble moral» de los sindicatos que promovieron el recurso contra la medida.

Sergio Peña, auxiliar educador en el centro de atención a menores de Sograndio, echará en falta los 72 euros al mes que su nómina consignaba como «complemento de productividad a cuenta de la carrera profesional». Él se pregunta por qué no va a seguir cobrándolos «si la productividad existe como concepto para el pago y lo único que se anula» es la parte que hace referencia a la carrera profesional. La sentencia, lógica desde su punto de vista a la luz de las deficiencias que contenía la medida, deja en el aire otras cuestiones, como la atribución a los trabajadores de las equivocaciones del patrón: «¿Por qué voy a pagar yo los errores de la Consejería?», se pregunta.

Entre los fallos, Peña detecta algunos significativos en la exigencia de cinco años de antigüedad en una misma categoría para acceder a los complementos salariales o la exclusión de los interinos. Peña cumplió con el trámite previo de adherirse a la carrera como tantos otros que firmaron de buena fe, pero «a ciegas», aquel «papel en blanco» que ahora impugna el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Un profesor de Secundaria del Instituto Fleming de Oviedo, que prefiere resguardar su identidad, dejará de ganar unos doscientos euros mensuales y pone en duda si, llegado el caso, «serían los trabajadores o la Administración los que tendrían que devolver el dinero». Comparte con una compañera, eso sí, la impresión de «doble juego» de los sindicatos que llevaron al Juzgado la regulación de la carrera. «A veces son ellos los primeros que fallan», afirma ella. «Había que reclamar si la cuestión no estaba correctamente regulada», concede él, «pero los sindicatos fueron ambiguos al recomendar que no se firmara mientras sus propios afiliados se estaban adhiriendo a la carrera».

«Yo prefiero dejar de ganar dinero a que se amañen las cosas de esa manera», interviene Fernando Berdial, funcionario de la Dirección General de Informática. Llama «chapuza» a una regulación que ha desembocado por necesidad en una sentencia que, a su juicio, «se veía venir». Por el mismo camino, una trabajadora de la Consejería de Administraciones Públicas, la competente en la ordenación laboral del funcionariado, afirma que «no me parece bien que me rebajen el sueldo, pero tampoco estaba de acuerdo con el modo en el que se articuló la carrera, con mucha arbitrariedad en cuanto a los criterios de evaluación del personal».

Más motivos tiene Ana Lorenzo, funcionaria en Infraestructuras, para rechazar una carrera que no la admite por interina. Aparte de esa situación discriminatoria, comparte las valoraciones que definen la regulación como «un cheque en blanco» levantado sobre «una ley sin desarrollar». Una compañera recuerda que «el estatuto dice que debe haber una carrera» y desea que la próxima «se haga bien», y no falta quien se pregunta «qué sucederá con los complementos de productividad de altos funcionarios que se establecieron para compensarles cuando se puso en marcha la carrera profesional; aquellos pagos no estaban vinculados a ésta».

UGT y CC OO reclaman una fórmula legal para pagar el plus anulado a los funcionarios

Migoya insiste en no abonar el complemento de hasta 216 euros al mes a los funcionarios hasta que el Ministerio de Educación apruebe el Estatuto Docente

Valledor teme que los empleados acaben devolviendo el dinero

El Comercio

Los sindicatos UGT y CC OO presionarán para que el Principado siga repartiendo 21 millones de euros anuales entre 14.000 empleados públicos. La Administración desembolsa esa cantidad desde 2007 apoyándose en un sistema, la carrera profesional, que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló en una sentencia desvelada este martes. Pese al revés jurídico, ambas centrales están convencidas de que el Gobierno regional dispone de recursos legales suficientes como para no trasladar el fallo de los jueces a las nóminas de funcionarios y trabajadores. Así se lo expondrán hoy a la Consejería de Administraciones Públicas en una reunión que mantendrán en el marco de la mesa general.

«Hay suficientes alternativas legales como para mantener ese pago, otra cosa es que el Gobierno quiera aprovechar la sentencia para ahorrarse un dinero que le puede interesar en los tiempos que corren», avanzó Jesús González, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la división de CC OO a la que la dirección del sindicato ha confiado la negociación de este conflicto.

«Creemos que la sentencia no anula directamente los complementos, y, en todo caso, sería sencillo vincularlos a la productividad para que los trabajadores no reciban la patada que algunos han querido darnos al Gobierno y a los sindicatos mayoritarios», abundó González. «Esta claro que cuanto más retrase el Principado esta solución, más dinero ahorra a las arcas públicas, pero pueden y deben articular una salida para los 14.000 empleados públicos» abundó.

El sindicato está dispuesto a presionar para que esa medida no se demore. «Haremos la petición formal en la mesa de negociación, y si no se atiende, reaccionares con asambleas y movilizaciones concertadas con otras centrales», advierte González.

«La sentencia pone de manifiesto la falta de marco jurídico para aplicar la carrera profesional, pero esto no supone que no se pueda solventar la situación», animó por su parte la Federación de Servicios Públicos de UGT, mediante un comunicado de prensa. La central que lidera Justo Rodríguez Braga no entiende que la solución para los trabajadores asturianos deba depender del desarrollo de futuras leyes estatales, como esgrime el Principado. «Este Gobierno tiene recursos suficientes para ser capaz de buscar el marco legal que de amparo a esta situación y a la mayor brevedad posible», apunta el comunicado.

Dejar de pagar

La posición de ambas centrales contrasta con la del Principado. Tal y como reiteró ayer la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, la sentencia del TSJA «ha interpretado que el acuerdo que daba soporte al pago a cuenta no sirve, y que son necesarias las leyes» de Función Pública y el Estatuto Básico del Personal Docente. La primera es competencia del Gobierno regional, que inició hace un año su negociación con los sindicatos. «Estamos ya en disposición de llevarla a la Junta General», informó Migoya el pasado miércoles. El problema estaría en el estatuto de los docentes, cuyo desarrollo depende de un Ministerio de Educación, quien aún no ha llamado a los sindicatos para empezar a redactarlo.

Mientras no estén sancionadas ambas normas, «tenemos que dejar de pagar, y por tanto los beneficiarios de ese primer pago a cuenta lo van a dejar de percibir, lamentablemente», expuso ayer Migoya.

Este periódico preguntó a la consejera si el Principado barajaba reconvertir los pagos a cuenta en pluses por productividad para evitar así que sus trabajadores pierdan poder adquisitivo. Y su respuesta fue que «en principio no, es muy prematuro y lo que nos parece más adecuado es trabajar en la búsqueda de ese marco jurídico estable del que ahora adolecemos».

Por otra parte, el diputado de IU Francisco Javier García Valledor, señaló como una posible consecuencia de la sentencia del TSJA que el Tribunal de Cuentas exija el reingreso a las arcas públicas del dinero hasta ahora entregado a los trabajadores públicos en base a la carrera profesional anulada. El monto global llegaría a los 51 millones por unos pluses que en algunas nóminas alcanzan los 216 euros.

EL EXPERTO

Reintegro abierto

19.06.09 – El Comercio

Manuel Rodríguez Alonso, abogado gijonés especializado en Derecho Administrativo, advierte que el fallo del TSJA deja muchos agujeros que pueden obligar a devolver lo ingresado.

1. El Tribunal Supremo.«En caso de presentarlos, no creo que los jueces del Supremo fueran más allá de la sentencia del TSJA. Si los asturianos no pidieron la devolución del dinero, es poco probable que lo hagan ellos».

2. La Sindicatura. «Junto al Tribunal de Cuentas, son órganos fiscalizadores que pueden solicitar la restitución de ese dinero al erario público. Ya pasó en Siero».

3. Maneras de evitar la devolución del dinero. «De llegar a ese punto, hay recursos para que el Principado haga un pago a los empleados públicos en compensación por el daño de exigirles lo recibido de forma ilegítima».

LAS REPERCUSIONES DE UNA CONTROVERTIDA SENTENCIA JUDICIAL.

Los funcionarios podrían recuperar el plus de la carrera el año que viene

Una trámite ágil de la ley de Función Pública daría cobertura al pago para 6.000 empleados.

El anteproyecto tendrá que pasar por el Consejo Consultivo antes de ir a la Junta.

19/06/2009 NIDIA FERNANDEZ, para La Voz de Asturias 

Los funcionarios no tendrán que devolver el pago a cuenta de la carrera profesional que han cobrado durante dos años, pero cuándo recuperarán ese concepto en su nómina? Esa incógnita no tiene una respuesta exacta, pero el horizonte de la próxima primavera parece factible para que la ley de Función Pública vea la luz. Su aprobación restablecería el pago solo para los 6.000 empleados públicos de los cuerpos generales. Sin embargo, todos los docentes tendrían que seguir esperando a por la normativa estatal de su Estatuto básico, un texto para el que aún no se manejan plazos

El anteproyecto de ley de Función Pública que se está negociando con los sindicatos aún no ha llegado a la Mesa General, pero la negociación está "muy avanzada", según la consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya. Una vez superado este trámite, y antes de entrar en el Parlamento, la ley necesitará del dictamen del Consejo Consultivo porque desarrolla el Estatuto básico del Empleado Público.

Un buen ritmo de tramitación permitiría que la ley entrara en la Cámara en octubre y antes de que las comisiones se paralicen para tramitar el presupuesto se constituya la ponencia. La presentación de una enmienda de totalidad demoraría el proceso, pero, en todo caso, y tras el parón navideño lo previsible es que el Parlamento discuta y apruebe la ley antes del verano. El acuerdo de Gobierno entre la FSA e IU-BA-LV recoge la aprobación de la ley con el consenso sindical.

Precisamente ayer, la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) Asturias pedía que el Gobierno regional presente una solución normativa al conflicto que se ha creado. "Entendemos que este Gobierno tiene los recursos suficientes para ser capaz de buscar el marco legal que de amparo a esta situación y a la mayor brevedad posible", recalcaron.