Ya se incluye el Pacto de estado por la Sanidad

Zapatero se la juega en la mesa para encarrilar el Diálogo Social

Para este miércoles está prevista la cita en Moncloa que sentará a la mesa al presidente del Gobierno y a los representantes de los agentes sociales.

Pero, a sólo unas horas del encuentro que se considera decisivo, las espadas siguen en alto.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS

Al presidente le espera un duro trabajo antes de hacerse la "foto" del acuerdo con sus interlocutores.

La patronal considera "inasumible" la rebaja en las cotizaciones de las empresas de 1,5 puntos. CEOE pedía una reducción de cinco puntos que estaría dispuesta a dejar en tres pero, hoy por hoy, no contempla una bajada tan fuerte como la que plantea el Ejecutivo.

Comisiones Obreras (CCOO) alerta de que la rebaja de cotizaciones pone en peligro el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El sindicato advierte de que la "lectura cortoplacista" de la crisis, que lleva al Gobierno a proponerla "pone en peligro la viabilidad del Sistema".

El sindicato sostiene que el Fondo de Reserva es una garantía de las pensiones públicas y "un factor de dinamización económica para salir de la crisis, ayudando a las empresas con dificultades y financiando el gasto público. Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, recuerda que los impagados en lo que va de 2009 a la Seguridad Social ya superan los 7.000 millones de euros, lo que está impidiendo, entre otras cosas, que "se incrementen las dotaciones al fondo de reserva de la Seguridad Social".

Toxo no ha adelantado la respuesta que dará en la mesa del Diálogo Social a la oferta del Ejecutivo pero ha dejado claro que no permitirán que la patronal convierta "una crisis como la actual en una oportunidad para los oportunistas" y ha asegurado que CC.OO. no va a apoyar medidas para que "los mismos que nos han colocado en esta situación ahora pretenden salir con una posición de ventaja, a costa de arruinar el futuro del sistema de Seguridad Social pública y las pensiones".

Ante las dudas que su oferta plantea sobre todo en la parte sindical, el Gobierno ha garantizado que está dispuesto a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social en 2010 si la rebaja de las cotizaciones sociales se tradujese en déficit.

Lo ha anunciado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que sin embargo no ha precisado de dónde saldría este dinero y se ha limitado a posponer la solución, señalando que cuando se finalice el acuerdo será cuando se escriba "la letra pequeña", es decir, "sus formulaciones técnicas".

Granado ha hecho una lectura positiva del rechazo hacia la propuesta de rebaja de las cotizaciones. En su opinión, las críticas no hacen sino demostrar la "centralidad" de la propuesta, como se desprende del hecho de que "para unos es una posición demasiado importante, y para los otros es insuficientemente importante".

También ha asegurado que este año la Seguridad Social cerrará en positivo y que en 2010 la previsión es de un superávit de unos 3.000 millones de euros, aunque el coste de la rebaja de 1,5 puntos de las cotizaciones sociales sería de 4.500 millones de euros.

 

NOVEDADES DEL TERCER BORRADOR

 

Así las cosas, el Ejecutivo ha decidido eliminar otro punto polémico del borrador que presentó el lunes a los interlocutores sociales. Se trata de la exigencia a sindicatos y empresarios de alcanzar un acuerdo para la negociación colectiva en un plazo de seis meses. En el nuevo texto, se suprime este compromiso y se deja a los interlocutores sociales que sean ellos los que "completen" este apartado.

 

No obstante, dentro del punto dedicado a la evaluación de los resultados obtenidos por las medidas adoptadas desde el año 2006, la propuesta incluye el compromiso de los agentes sociales de abordar, en el plazo de medio año, la adopción de medidas destinadas a la reducción de la temporalidad en el mercado de trabajo.

 

El tercer borrador elaborado por el Gobierno amplía en nueve puntos adicionales la versión anterior, incluyendo aspectos nuevos como la igualdad de trato, la ley de dependencia o facilitar el crédito a las pymes a través de las sociedades de garantía recíproca.

 

Otro de los nuevos epígrafes que incluye el texto es el compromiso del Ejecutivo de adoptar nuevas medidas para impulsar el pago de la deuda que las administraciones públicas tienen con las empresas suministradoras de bienes, servicios y obras.

 

En este caso, el Gobierno afirma que antes del 30 de septiembre adoptará medidas "complementarias a las ya existentes para facilitar el pronto cobro", favoreciendo "un rápido reconocimiento de la deuda".

 

INTERNACIONALIZACIÓN

 

Un punto novedoso es también el referido al refuerzo del sistema de apoyo financiero oficial a la internacionalización, así como el impulso a las actividades empresariales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

 

En este último caso, el Ejecutivo se compromete a revisar, en el contexto de la Ley de la Economía Sostenible, los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i y los instrumentos financieros para su desarrollo. Asimismo, en el marco de esta nueva Ley, el Gobierno afirma que dotará al Fondo ICO para la Economía Sostenible "de la flexibilidad necesaria en su diseño".

 

Por otro lado, el tercer borrador aumenta, además de a los jóvenes, los colectivos destinatarios de los programas para la inserción laboral de los parados a las mujeres y a los mayores de 45 años.

 

Sobre las medidas de control de la incapacidad temporal, el texto añade que la Seguridad Social junto a los interlocutores sociales desarrollarán, en los próximos seis meses, un proceso de negociación para reformar la participación de los sindicatos en las mutuas.

 

PACTO SOBRE SANIDAD

 

La anterior propuesta del Ejecutivo dejaba "por completar" lo referente a la búsqueda de un pacto sobre la sanidad, que sí se incluye en el nuevo escrito y que tiene por objetivo "asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud".

 

Dentro de este apartado, el Gobierno propone a los interlocutores sociales un "Pacto de Estado por la Sanidad", que persiga garantizar la "equidad, la calidad, la cohesión y la mejora continua de los niveles de calidad en la oferta asistencial". En este sentido, apuesta por desarrollar junto a las comunidades autónomas "políticas públicas dirigidas a hacer efectivos los principios de universalidad, equidad, calidad, innovación y cohesión territorial".

 

En este epígrafe se incluye la propuesta de que la mesa de diálogo social para la dependencia haga una labor continua de seguimiento sobre el Sistema Nacional de Atención a las Personas en Situación de Dependencia.