Ayuda a los desempleados

Corbacho reconoce más de 5.000 solicitudes para percibir los 420 euros

  Foto: EP  Ampliar 

 MADRID,  (EUROPA PRESS)

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró este jueves que los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) habían reconocido, a 26 de agosto, la percepción de la ayuda de 420 euros a más 5.000 solicitantes -del total de 340.000 potenciales beneficiarios-, que empezarán a cobrarla en septiembre.

Además, en el transcurso de su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso, indicó que, desde la puesta en marcha de la medida el pasado 17 de agosto, se ha enviado información a 85.000 personas que agotan su prestación entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre, a través de cartas y mensajes a móviles.

Así, el titular de Trabajo aseguró que, aunque la medida "mete presión al INEM", éste está pudiendo atender a los requerimientos de la puesta en marcha de la ayuda. Además, se mostró en contra de abordar la reforma del INEM en función de esta ayuda, porque supondría una demora en los cobros de hasta "tres años".

Por otro lado, indicó que el coste estimado de la medida es de 642 millones de euros, para el periodo de seis meses inicialmente previsto, y explicitó que su financiación correrá "a cargo a los presupuestos de los SPEE a través de un suplemento de crédito", mientras que las acciones incluidas en los itinerarios de empleo se financiarán con cargo a los presupuestos de los servicios públicos de empleo competentes.

Con estas cifras de beneficiarios y gasto, Corbacho volvió a poner sobre la mesa la medida en los mismos términos que vienen siendo criticados y situó la fecha de referencia de inicio de la medida en el 1 de agosto, aunque dejó la puerta abierta a que pueda ampliarse a más perceptores.

 

   LA AYUDA PODRÍA AMPLIARSE, PERO EL PRESUPUESTO ES LIMITADO

 

   Ahora bien, explicó que, si bien es cierto que "la medida puede que tenga que ser ampliada", también lo es que "el presupuesto del Gobierno tiene sus propias limitaciones" por lo que la ayuda está supeditada a las ’exigencias’ de la crisis, y, además, que, desde un sentido práctico "en algún lugar hay que hacer un corte" y que "el Gobierno lo hizo (al fijar el 1 de agosto) seguido de la mejor de las intenciones".

 

   Asimismo, indicó que las competencias el Gobierno acaban cuando los ciudadanos agotan el subsidio por desempleo y que, a partir de ahí, "se entra en competencias directas y exclusivas de las comunidades autónomas", que son las que gestionan las rentas de inserción social y las rentas básicas.

 

   LAS COMUNIDADES, DONDE NO LLEGA EL ESTADO

 

   En este sentido, indicó que "no se ha impuesto a las comunidades autónomas más obligaciones que las que tienen" de intermediación e inserción, a lo que añadió de que "el Gobierno es consciente de que esta nueva situación genera mayor trabajo para los servicios públicos, y que si se quiere cumplir con los objetivos (de la ayuda) hay que hacer uso del esfuerzo que vienen haciendo las comunidades autónomas".

 

   Con todo, el titular de Trabajo no descartó un adelanto del fondo social europeo para dos ejercicios que permitiría a las comunidades autónomas un monto económico "importante".

 

   En este punto, Corbacho replicó a los diputados del PP, que le habían echado en cara que la ayuda es insuficiente, y les aseguró que la ayuda que se plantea es superior a rentas de inserción vigentes en algunas comunidades autónomas gobernadas por los ’populares’.

 

   "Me sorprende que el PP se raje las vestiduras diciendo que la ayuda es baja", dijo en este sentido, antes de instar a los ’populares’ a que sean "coherentes" y "hagan allí lo que dicen aquí". "si consideran que es poco diganles a sus compañeros de gobierno que aumenten las rentas de inserción", apostilló.

 

   NO AL TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY

 

   En último término, Corbacho mostró su "firme y clara voluntad" de alcanzar un consenso en el Congreso, con la vista puesta en su convalidación en la Cámara Baja la próxima semana. "Al Gobierno le gustaría alcanzar el mayor consenso posible y quien esté en contra tendrá que explicárselo a más de 300.000 personas", añadió.

 

   Corbacho dejó claro también que el Gobierno someterá a convalidación "el real decreto del 13 de agosto" y que, "aunque es probable que los grupos aporten algunas enmiendas", su voluntad es que "no se tramite como proyecto de ley porque supondría estar tres o cuatro meses de tramitación" en una situación en la que "la rapidez es muy importante, ya que hay muchas personas pendientes".

 

   LA OPOSICIÓN, EN CONTRA, PIDE CAMBIOS

 

   Por su parte, los grupos de la oposición desplegaron críticas de todos los tipos a la hora de valorar la medida. Desde el PP, el secretario de Economía y Empleo, Álvaro Nadal, pidió una reforma laboral antes de adoptar este tipo de medidas, mientras que el portavoz de Trabajo de los ’populares’, José Ignacio Echániz, aseguró que este ’cheque-parado’ es "el mayor escándalo" de entre las medidas del Gobierno.

 

   Asimismo, tras tildar los 420 euros de "ocurrencia de una noche de verano", arremetió contra la posibilidad de que el Gobierno suba impuestos para poder financiar políticas sociales o, según dijo Echániz, para "pagar la orgía de medidas inútiles".

 

   Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, consideró que la medida "será ineficaz" porque "difícilmente" podrá ser gestionada por las comunidades autónomas, a menos que se realice una "reforma a fondo del INEM". Asimismo, apostó por medidas de choque para crear empleo como la reducción de las cotizaciones, con carácter temporal, para las pymes.

 

   Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, aseguró que se opondrá a la medida, si ésta no se aplica desde el 1 de enero, mientras que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que la ayuda está "mal hecha". El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, fue más allá y aseguró que el decreto ley "nació herido de muerte" y "no es suficiente".