Ahora ya no hay ninguna duda sobre la legalidad del proceso , y antes tampoco.

Los usuarios dicen que ya no hay excusas para que el Hospital no sea público

La Plataforma en Defensa del Grande Covián llama a todos los parlamentarios a apoyar la integración del centro en la red pública

Arriondas (Parres), B. M., para La Nueva España

«Sería inadmisible que cualquier político que represente a los ciudadanos del oriente, por encima de siglas, votara en contra de la Ley de integración del Grande Covián». con estas palabras, Agustín López-Rivas, presidente de la Plataforma de Asociaciones en Defensa del Hospital del Oriente manifestó, ayer, a las puertas del Grande Covián, la «imperiosa e inexcusable» necesidad de que el centro comarcal sea integrado en la red pública sanitaria del Principado.

Para el colectivo, «no hay marcha atrás ni excusas políticas para no dar el paso que los políticos llevan prometiendo desde su apertura en 19997 para este hospital». López-Rivas destacó el «aval jurídico» con el que ahora cuentan todos los ciudadanos del Oriente para demostrar que «integrar a nuestro hospital es legal, viable y justo». Así hizo referencia al dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, a instancias del comité de empresa del hospital de Arriondas. Se trata de un documento en el que el letrado «deja muy claro que no existen obstáculos de carácter constitucional para que la Fundación Pública del Hospital del Oriente se integre definitivamente, mediante una ley de la Junta General del Principado en el SESPA», dijo López-Rivas.

La Plataforma defendió que «ya no hay ninguna duda sobre la legalidad del proceso», ya que el dictamen también avala jurídicamente la integración de la plantilla.

López-Rivas recordó que el propio informe del secretario técnico de la Consejería de Sanidad cifra el coste de la integración en el Sespa del Grande Covián en 361.000 euros. «Si hay dinero para el HUCA, para El Musel y para la carrera de los funcionarios, por qué no para que nuestro hospital sea público», aseveró el portavoz.

En el caso de que la ley de integración no sea apoyada por toda la cámara parlamentaria, el colectivo tiene «muy claro» que ejercerán su derecho de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

El colectivo ha enviado una carta a todos los alcaldes de la comarca en la que piden su apoyo a la integración del hospital por encima de cualquier «interés partidista».