Como no podía ser de otra manera
CCOO muestra su apoyo a los periodistas de la SER condenados a prisión por "revelación de secretos"
29-12-2009. CCOO muestra su apoyo al director de la SER, Daniel Anido, y al director de Informativos de la cadena, Rodolfo Irago, ante la sentencia que condena a ambos periodistas como autores de un delito de ‘revelación de secretos’ a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de ‘inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas’. La sentencia les impone además la ‘inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo’ durante la pena privativa de libertad y el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses y de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes.
La Agrupación de Periodistas de la FSC-CCOO considera "decimonónico" que un juez - Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid - afirme que la protección constitucional al derecho a la información debe "matizarse" en Internet que "no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal", en un momento en el que "las grandes empresas de la comunicación están apostando por la prensa on-line sobre el papel y en el que la organizaciones de periodistas trabajan para adaptar la normativa laboral a las especiales necesidades de los trabajadores de los medios de comunicación en este soporte".
En la propia sentencia, el juez afirma que ‘no puede negarse que era un hecho noticiable’ y que los acusados "podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer’, pero matiza que lo noticiable no era la afiliación al PP de determinadas personas, revelando sus datos, aunque estas fueran presuntamente irregulares, sino la mera de denuncia de la existencia de irregularidades.
Por este motivo, el magistrado considera que la acción de los acusados constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal, argumentando que ‘ordenasen los acusados la publicación de la mentada lista en la página web de la Cadena SER (Cadenaser.com) o la cediesen para su publicación, lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuenta tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre’, y añade a continuación que ‘la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse, que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal’.
La noticia
Los hechos juzgados se remontan al 17 de junio de 2003, cuando la Cadena SER, informó de la denuncia que había formulado ante los órganos internos del partido la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, que en varias cartas dirigidas a Ricardo Romero de Tejada le pedía que garantizase el proceso electoral interno que vivía la agrupación local, tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretendía alterar el equilibrio interno del partido.
La Cadena SER difundió esta información sobre las presuntas afiliaciones irregulares, y se centró exclusivamente en las 78 que, según la denuncia interna, eran personas que no habían seguido los trámites y de las cuales, muchas de ellas, estaban relacionadas con los constructores Bravo y Vázquez, posteriormente relacionados con los autores del "Tamayazo" que arrebató la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas; algunas por trabajar en sus empresas y otras incluso por ofrecer como domicilio las propias instalaciones de la empresas de los constructores.
Durante el juicio, celebrado en el juzgado nº 16 de lo Penal de Madrid, el pasado 19 de octubre, la propia ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, ratificó los hechos difundidos por la SER, y recordó que se había dirigido al entonces secretario general Ricardo Romero de Tejada para denunciar los hechos, que tenían como telón de fondo un asunto de corrupción urbanística.
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