Pidieron el reingreso a la plantilla del Principado para trabajar hasta los 70, pero no se incorporaron por su condición sindical

 

Dos dirigentes del Simpa evitan la jubilación forzosa con un ardid legal

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El Comercio. 16.01.10 - 03:13 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

José Manuel Martín Gutiérrez. ::E. C

Dos dirigentes del Sindicato Médico (Simpa) han logrado sortear con una maniobra legal la polémica jubilación forzosa que la Consejería de Salud impuso para todos los facultativos de la sanidad pública a partir de los 65 años y que en 2009 afectó a 80 profesionales. Se trata de José Manuel Martín Gutiérrez, secretario general adjunto del Simpa, y Nicolás Gonçálves Stella, responsable jurídico y miembro de la directiva, que solicitaron su reingreso a la plantilla del Principado, de donde son originarias sus antiguas plazas de APD (Asistencia Pública Domiciliaria) de Atención Primaria.

Su vuelta como funcionarios les permite continuar trabajando hasta los 70 años, una posibilidad que los facultativos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) han dejado de tener desde el pasado 19 de noviembre, cuando se publicó la nueva normativa que obliga a los médicos asturianos a retirarse a los 65 años. Pero ni Martín ni Gonçález (ambos tienes 66 años) se han reincorporado a la plaza que Función Pública les reasignó en diciembre en el centro de salud de Grado, atendiendo a su petición de volver a formar parte del personal del Principado y ocupar su vieja vacante (sobre la que pesaba una excedencia). Según confirmó EL COMERCIO, ambos continuarán como liberados sindicales y, por tanto, no harán efectiva su vuelta.

Además, se da la circunstancia de que tanto Martín Gutiérrez como Gonçálves habían pedido dejar de ser personal funcionario en 2007. Esa era una de las condiciones que el Sespa exigió (la llamada estatutarización) para pagar la carrera profesional, que en el caso de los médicos con más de 20 años de antigüedad representó un ingreso de 12.000 euros anuales.

Lo cierto es que la actuación de estos dos sindicalistas se enmarca en la más absoluta legalidad y, tal y como reconocieron fuentes del Principado, «deja a la Administración atada de pies y manos. No le podemos negar ni la plaza ni el reingreso», argumentaron. Y es que el decreto de estatutarización del 1 de enero de 2007 permite el retorno a la antigua condición laboral, ya que incluye la reserva de plaza. Eso sí, ambos dejarán de cobrar la carrera profesional de la que disfrutaron estos tres últimos años. No percibirán los grados II, III y IV, ya que aún no han sido aprobados para el personal del Principado que sólo cobra el primer tramo (3.000 euros anuales para los facultativos más antiguos).

3.500 euros mensuales

La actuación de estos dos dirigentes ha generado malestar en la profesión. Principalmente, entre los médicos que aprobaron una oposición y que desde hace 9 meses están a la espera de que les asignen sus plazas de APD. «Es verdad que lo hecho por estos médicos es legal, pero somos muchos los que lo consideramos amoral», afirman varios de estos facultativos que dieron la voz de alarma ante lo sucedido y que a finales del pasado año llegaron a exigir explicaciones al Sindicato Médico.

Desde otras centrales hablan de «maniobra legal» y creen que «la jugada» de Martín y Gonçálves «ha sido perfecta». Afirman que con la jubilación cobrarían la pensión máxima, que ronda los 2.000 euros. Sin embargo, como médicos APD, en Grado, un centro que ostenta el grado tres de dispersión geográfica, su nómina puede elevarse a los 3.500 euros incluyendo todos los conceptos.