El modelo madrileño

Los médicos, hartos de Aguirre

ISABEL G. CABALLERO, para NuevaTribuna

La polémica en torno al hospital Ramón y Cajal ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los nombramientos a dedo y las injerencias políticas siguen siendo una práctica habitual del consejero de Sanidad, Juan José Güemes.

NUEVATRIBUNA.ES

Las protestas no cesan en el hospital Ramón y Cajal. La huelga de traumatólogos convocada el martes fue secundada por el 97%. La causa de la polémica está en el nombramiento a dedo, el pasado 15 de diciembre, del jefe de servicio de traumatología, Rafael Llopis, que este miércoles se ha visto obligado a dimitir de su cargo. Las quejas se han extendido al resto de los facultativos que han convocado un paro general para el próximo 3 de febrero para exigir a la Consejería de Sanidad que dirige Juan José Güemes, que los jefes de servicio no sean de libre designación sino que se adjudiquen por concurso de méritos, por un tribunal científico profesional y no político.

Desde el caso Severo Ochoa de supuestas sedaciones irregulares finalmente archivado por el juez, las injerencias políticas a la hora de nombrar a los jefes de sección de los hospitales ha ido extendiéndose, según denuncian fuentes consultadas. De hecho, en los siete nuevos hospitales de la región, los cargos han sido de libre designación, no han salido a concurso, lo que ha ocasionado múltiples demandas de facultativos que califican de “cacicada” la actuación de la Consejería.

El caso de Rafael Llopis ha sido la gota que ha colmado el vaso. Este traumatólogo accedió al puesto de jefe de servicio de manera directa, pero su paso por el Ramón y Cajal ha sido efímero. Hijo de un coronel del Ejército, su familia mantiene una estrecha amistad con la familia del consejero Güemes. De él se dice que ni siquiera ha hecho el MIR (vía de formación de los especialistas) y que el mes en el que ha ejercido como máximo responsable del servicio de traumatología, se lo ha pasado recluido en su despacho. Llopis denuncia “acoso y agresiones” a su persona, extremo este negado por los sindicatos. En su defensa salía este miércoles Güemes asegurando que “tiene todo el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

PARO GENERAL EL 3 DE FEBRERO

El caso es que, lo que se había circunscrito a una protesta de los traumatólogos se ha convertido en una denuncia generalizada de todos los médicos de este hospital que piden que todas las plazas de jefes de servicio se hagan por concurso. El conflicto ha ocasionado la dimisión en bloque de los miembros de la Junta Técnica Asistencial, abiertamente enfrentados con la gerencia del centro. Pero los paros y las dimisiones podrían repetirse en otros centros hospitalarios donde se han llevado a cabo actuaciones similares. En el hospital Puerta de Hierro se nombró como jefe de servicio de cirugía máxilofacial a un íntimo amigo de Güemes. En el Gregorio Marañón, la Paz o el Clínico también se han producido casos similares.

Así lo denunció el lunes el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que acusa al Gobierno de Esperanza Aguirre de regirse por criterios de “amistad” y “afinidad política” para elegir a los profesionales que ocupan esos puestos en lugar de hacerlo por criterios médicos. Las decisiones arbitrarias son una práctica habitual; los nombramientos se hacen a dedo y con una motivación más política que técnica, es decir, sin concurso de méritos, sin elegir a los mejores profesionales para dirigir diferentes servicios en los hospitales”, afirmó el líder socialista, quien anunció que revocará todos esos nombramientos en caso de ganar las próximas elecciones autonómicas. “Queremos que dirijan los servicios los mejores profesionales, no los militantes más de confianza del PP”, aseveró.

LOS MÉDICOS SE SIENTEN AGREDIDOS POR EL GOBIERNO DE AGUIRRE

En un intento por acallar las voces críticas, la consejería de Sanidad abrió en el Ramón y Cajal una inspección por las pintadas de protesta y amenazó con sanciones a los facultativos rebeldes. Sin embargo, Juan José Güemes, al que tachan de “prepotente” y “osado”, se ha visto obligado a dar marcha atrás con Llopis, cuya decisión de dimitir parece haber sido orquestada desde el propio Ejecutivo regional.

Los médicos se sienten desmotivados y agredidos por el Gobierno de Aguirre. Muchos llevan tiempo sin recibir los complementos retributivos de grado profesional, pero en esta ocasión las protestas no son para pedir mejoras salariales sino para que a la hora de nombrar a los jefes de servicio se haga con criterios profesionales. En este sentido, los sindicatos denuncian un incumplimiento de la normativa vigente.

Y es que Aguirre incumple normas que incluso fueron aprobadas por el anterior gobierno de José María Aznar. Entre ellas destaca el Real Decreto de 1999 “sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social”, aprobado por el entonces ministro de Sanidad del PP, José Manuel Romay Beccaría. En él se especifica que los puestos de jefes de servicio y de sección de carácter asistencial “se proveerán mediante convocatoria pública (…) mediante un proceso de selección basado en la evaluación del currículo profesional de los aspirantes” en el que podrán participar “todos los facultativos que ostenten plaza en propiedad”.