Trabajo les perdonaría cerca de 3.000 millones como último recurso para salvar la reforma laboral - A cambio, se encarecería la contratación temporal

El Gobierno abre la puerta a rebajar las cotizaciones a las empresas

El Pais. LUCÍA ABELLÁN - Madrid -

La reforma laboral está a punto de entrar en una fase decisiva y los tabúes planteados al inicio de la negociación comienzan a caer. El Gobierno está dispuesto a rebajar las cotizaciones sociales un punto o algo más si eso garantiza la firma de un acuerdo más amplio. Se trataría de una medida "casi simbólica", según fuentes del Ejecutivo, un guiño a la patronal en su principal demanda ante la mesa de diálogo social. Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo había rechazado esa posibilidad, pues la salud de las cuentas públicas no permite grandes alegrías.

El Ejecutivo presentará su propuesta definitiva el 12 de abril

Sindicatos y CEOE quieren separar este proceso del pacto de Zurbano

Los negociadores del Ejecutivo dedicarán la próxima semana a pergeñar un boceto de reforma que entregarán a los agentes sociales el 12 de abril, casi tres semanas después de la última reunión tripartita. Es poco probable que ese documento incluya ya la rebaja de cuotas, pues se trata de un último recurso para salvar el diálogo en caso de que sea necesario. El Ministerio de Trabajo ha dado de plazo hasta finales de abril.

Cada punto de cotización aporta unos 2.500 millones de euros, cantidad equivalente al presupuesto asignado al Ministerio de Industria para todo el año. Es difícil que los guardianes de las cuentas públicas renuncien a una cantidad tan jugosa; lo más probable es que el Ejecutivo intente compensar de otra manera esa pérdida de ingresos. Por ejemplo, elevando la cotización al desempleo de los contratos temporales, una de las medidas contempladas para desincentivar el eventual y hacer más atractivo el fijo. También podría introducirse otra cotización para sufragar despidos como alternativa a la indemnización que actualmente abonan las empresas, según informó ayer La Vanguardia. La fórmula, no obstante, está poco definida.

La duda reside en qué parte de la cotización a la Seguridad Social podría asumir esa rebaja. Una fuente cercana a la negociación considera que en contingencias comunes -la cuota más voluminosa, con un 28,3% sobre la base reguladora- hay poco margen. Es más probable que se ofrezca en desempleo para contratos fijos o en la aportación que hacen las empresas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este apartado, no obstante, el ministerio acaba de hacer un gesto con rebajas para las empresas que reduzcan la siniestralidad.

Aunque el Ejecutivo esté dispuesto a dar un paso adicional, eso no significa que la CEOE acepte. La anterior ronda de diálogo social, que se saldó con un fracaso en julio, encalló precisamente en ese punto. Entonces, la oferta gubernamental consistía en rebajar un punto de forma coyuntural y medio de forma permanente a las empresas, pero a cuenta del fondo de excedentes de las mutuas. Los empresarios, que piden una rebaja de cinco puntos (unos 12.500 millones) pueden considerar insuficiente la propuesta.

Además, la rebaja de cuotas amenaza con soliviantar a los sindicatos, reacios a premiar a las empresas a costa de adelgazar la caja común. España es uno de los países donde más pesan las cotizaciones sociales sobre los ingresos públicos. El Estado obtiene más por las cuotas de empresas y trabajadores que por todas las figuras tributarias. Perdonar dinero a las empresas requeriría, por tanto, un aumento de los ingresos fiscales.

Pese a que la CEOE pide rebajas prácticamente en todas las reuniones sobre reforma laboral, hasta ahora no se han debatido. No es la única idea que se ha soslayado en el proceso iniciado a principios de febrero. Las reuniones celebradas hasta ahora, a un ritmo de dos por semana, han evitado los asuntos más espinosos y se han centrado en lo que concita mayor acuerdo.

Todas las partes asumen que no será difícil alcanzar pactos en tres materias: bonificaciones, empleo juvenil y modelo alemán de reducción de jornada. Los negociadores coinciden a grandes rasgos en reordenar las políticas de incentivos al empleo, que destinan cada año 3.000 millones de euros a bonificar contratos de colectivos muy diversos. El objetivo es convertir a los jóvenes, que soportan un paro del 40%, en los principales destinatarios de esas ayudas. También está bastante avanzado el marco que permite al empresario reducir la carga de trabajo y el sueldo del empleado en momentos de crisis si renuncia a despedirlo. A cambio, el Estado complementa el salario pero se ahorra la prestación por desempleo, una de las principales sangrías del Presupuesto.

La urgencia por frenar la oleada de desempleo -roza ya el 19%- ha llevado a los sindicatos, en especial Comisiones Obreras, a pedir al Ejecutivo que vaya aplicando estas medidas sin necesidad de esperar al acuerdo final, que se demorará. Es poco probable que acepte.

El Gobierno intentará, no obstante, satisfacer otra petición, esta vez de todas las partes: que el acuerdo del diálogo social se separe -en el tiempo y en las formas- del pacto político de Zurbano, que la ministra de Economía, Elena Salgado, trata de cerrar con los grupos parlamentarios. Ninguno de los dos está, de momento, garantizado, pero, en caso de producirse, se pretende que la opinión pública los perciba como procesos separados.