4 de cada 10 gijoneses que cobran la renta básica están exonerados de entrar en el mercado laboral debido a su mucha edad o poca salud
Salario social de por vida
El Comercio. 04.04.10 - CHELO TUYA ctuya@elcomerciodigital.com |
Un grupo de usuarios habituales del parque de Puerta de la Villa, que cumplen con el perfil para solicitar el salario social básico. :: JOSÉ SIMAL
El 41,6% de las nóminas aprobadas en Gijón de salario social -la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 532,1 euros- llevan como protagonista a una persona exonerada de entrar en el mercado laboral. De un total de 1.725 gijoneses que sobreviven gracias a la renta básica, son 718 a los que su mucha edad o su poca salud les ha convertido en asalariados de por vida de esta paga cuya cuantía oscila entre los 436,41 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, o los 756,08, si son más de 6 en la familia.
Así figura en el balance que de la aplicación del salario social en Gijón ha realizado la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La entidad la preside la concejala socialista Esperanza Fernández Puerta, quien defiende como «imprescindible» esta renta básica «con la que se garantizan unos ingresos mínimos a un grupo de personas que, de otra forma, no tendrían ninguno. Carecen de medios para vivir».
Esos medios garantizados llegan en Gijón a 1.725, de los que 718 están exonerados para trabajar. Estos últimos conforman un colectivo que va en aumento, ya que en 2009 se sumaron 124 personas, una cifra que se convierte en el 44,3% de los casos analizados en la Fundación el año pasado, que fueron 280 en total.
De ese grupo de gijoneses que tienen garantizado el salario social de por vida, casi un 15% lo llevan percibiendo desde el momento en el que la paga mínima se aprobó en Asturias: en diciembre de 2005. Al año siguiente, un 39,8% se incorporó al capítulo de nóminas indefinidas.
Sobre el perfil de los 718 exonerados de trabajar, que suponen 4 de cada 10 nóminas de esta paga mínima firmadas en Gijón, la concejala tiene claro que «en su mayoría, se trata de personas que, por su edad, más de 55 años, ya quedan fuera del circuito laboral», aunque también hay un alto porcentaje de asalariados «que no entrarán en programas de inserción laboral debido a sus problemas de salud: hablamos tanto de toxicomanías como de enfermedades mentales».
Es decir, jóvenes de entre 18 y 35 años, un segmento que en 2009 incorporó a 17 personas, lo que en porcentaje se convierte en el 13,71% de todas las propuestas de exoneración, 124, que la Fundación realizó el año pasado.
En esa tarea realizada en los últimos 12 meses se apoya la presidenta del ente municipal para recalcar que «la mayoría de los que no realizan el Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS), o que las responsables de las Unidades de Trabajo Social (RUTS) proponen para su exoneración de ese programa, son personas mayores de 55 años. En 2009 fueron 73 propuestas, el 58,87% del total de exoneraciones».
El 41,13% restante tienen como protagonista a jóvenes de entre 18 y 25 años (4 casos); de entre 26 y 35 (13); o ya adultos de entre 36 y 45 años (15); y de entre 46 y 55 años (19).
Explica Fernández que los jóvenes exonerados «tienen problemas de salud, que les imposibilita para trabajar o para realizar programas de formación», incluido el colectivo cuyas toxicomanías crónicas «les dejan fuera de la red, pero no por ello no tienen que contar con apoyo social».
El resto de rasgos que conforman la fotografía del asalariado de por vida a la renta básica no dista mucho, por no decir en nada, del perfil del perceptor tipo del salario social. La radiografía de la persona exonerada de trabajar muestra, como ocurre con el resto de gijoneses que cobran la renta básica, que, además de haber cumplido ya los 56 años (en el 58,87% de los casos), y de haber nacido en Gijón (en el 87,90% de los expedientes) se trata de una mujer (en el 65,32% de los casos) que vive en La Calzada (el 26,61%) o en los barrios de Pumarín o Nuevo Gijón (18,55%).
Una familia de siete
En un análisis más profundo se observa que, sentimentalmente hablando, esta perceptora de salario social a la que ya no la obligarán a buscar trabajo está sola, pues el 40,32% de las nóminas corresponden a personas solteras y el 20,16% a divorciadas. Sólo 1,5 de las nóminas la firma una persona casada.
Y no sólo vive sin compañía amorosa, sino que también carece de familia, puesto que de los 124 casos que en 2009 se propuso para no firmar el PPIS, en 84 sólo figura un nombre como beneficiario de la paga. Es decir, el 67,74% de los casos.
En este aspecto, las nóminas exoneradas de trabajar sí se diferencian de las que reciben personas inscritas en programas para volver a la red laboral. De los 156 PPIS firmados en 2009, sólo el 29,4% correspondía a personas solas, el porcentaje mayoritario, casi el 39%, identifica a familias de dos miembros, y el 17,31%, a las que llegan a tres.
Eso no ocurre entre los perceptores del salario social de por vida, ya que entre ellos el único grupo que suma dos dígitos en la estadística es el referente a las familias de dos miembros, de los que en 2009 se registraron 27 casos, lo que en porcentaje roza el 22% del total de expedientes.
Eso no significa que este colectivo de rentistas de la paga mínima no beneficie también a otras personas. No sólo están las familias de dos miembros ya citadas, sino que el año pasado se aprobaron hasta siete expedientes de madres titulares de una familia monoparental, con dos hijos, incluso hubo dos casos, en los que el titular de la renta básica tiene tras de sí a toda una familia: en un expediente, de su ingreso se benefician cinco personas más y en otro, seis.
Es decir, una familia de siete miembros, grupo que, sin embargo, no aparece entre los firmantes del programa de formación en 2009, puesto que las familias más numerosas registradas han sido de seis miembros, dato que figura en tres expedientes.
459.23 euros
Esos tres expedientes, así como el de la familia de siete también mencionado, comparten idéntico ingreso, pues las cuantías del salario social para 2010 marcan un máximo de 756,08 euros para aquellas unidades familiares con seis o más miembros. Y eso, en el caso de que entre ellos haya alguna persona menor de 25 años o mayor de 64, o con una minusvalía superior al 45% o un grado de dependencia reconocida.
Si entre los siete no hay ninguno que cumpla los requisitos citados, la nómina se rebaja a los 720,08 euros al mes. No obstante, Esperanza Fernández tiene contrastado que «la mayoría de las pagas son de módulos especiales», es decir, que tienen un incremento por contar entre sus miembros con algunas de las características citadas: juventud, ancianidad, discapacidad o minusvalía.
Tanto es así que la paga más habitual, la que recibe una persona que vive sola, asciende a 458,23 euros, en lugar de la cuantía mínima, cifrada en 436,41 euros. «Por lo que ya comenté, la mayoría o son mayores, o tienen alguna enfermedad, con lo que les convierte en beneficiarios del módulo especial».
Ante las críticas que desde la oposición, personificada en Gijón y en Asturias en el Partido Popular -tanto en el Ayuntamiento como en el Principado los grupos PSOE e IU cogobiernan- sobre el coste del salario social, Esperanza Fernández Puerta insiste rotunda en que «es una prestación absolutamente imprescindible, que ayuda a muchas personas que, como ocurría antes, no tenían ningún otro ingreso. Además, no sólo ayuda a estos colectivos de los que hablamos, que ya están exonerados para trabajar, sino que suponen un apoyo para familias que, en un momento de crisis o por algún contratiempo, se encuentran sin ingresos de forma temporal. El salario social nos beneficia a todos».
3.338 beneficiarios
De hecho, con las 1.725 nóminas que, a fecha 31 de diciembre, estaban aprobadas en Gijón, se beneficiaban 3.338 personas, más del doble de la que lo hacían hace tres años, en el primer año completo de existencia del salario social, 2006, cuando se firmaron en Gijón 610 nóminas.
La presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales se muestra «relativamente» optimista respecto a la evolución de las peticiones este año, «después del pico que tuvimos en 2009, debido a la crisis económica mundial». Aunque no cuenta con datos informatizados aún, sí coincide su percepción con las cifras que ya maneja el Principado, que muestran una baja del 9% en las peticiones sobre el año pasado. La concejala socialista asegura que, lo importante, «es que las administraciones estemos preparadas para dar una solución y, con el salario social, lo estamos».
El 41,6% de las nóminas aprobadas en Gijón de salario social -la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 532,1 euros- llevan como protagonista a una persona exonerada de entrar en el mercado laboral. De un total de 1.725 gijoneses que sobreviven gracias a la renta básica, son 718 a los que su mucha edad o su poca salud les ha convertido en asalariados de por vida de esta paga cuya cuantía oscila entre los 436,41 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, o los 756,08, si son más de 6 en la familia.
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