Empieza la larga lista de contradicciones por justificar lo injustificable: una filosofía para los trabajadores – palo – y otra para las constructoras del HUCA – zanahoria -.

El consejero Quirós reconoce que los recortes salariales generarán tensiones

14/05/2010, en La Voz de Asturias

Ramón Quirós, Consejero de Salud, reconoció ayer que los recortes salariales previstos por el plan de ajuste de Zapatero generarán tensiones. "A nadie le gusta que le bajen el sueldo; los recortes salariales siempre generan tensiones", dijo. El titular de Salud, que asistió a la inauguración de las segundas jornadas cardiovasculares, recordó que, en el caso de Asturias, la Administración autonómica destina más de 800 millones de euros al pago de las nóminas de los trabajadores del Sespa. El consejero de Salud no quiso entrar a fondo y señaló que es aún pronto para valorar cómo afectará a su departamento el ajuste. Recordó Quirós que "habrá que esperar" porque las medidas requieren cambios legislativos y periodos transitorios. El titular de Salud subrayó: "Tomaremos las decisiones que haya que tomar porque defendemos un servicio esencial". Algo más explícito fue sobre el nuevo HUCA. Quirós manifestó, en la línea de lo publicado por este periódico, que "siempre es mejor un acuerdo para ambas partes que una salida no deseada por nadie".

Principado y empresas agotan el plazo para negociar sobre el HUCA y estudian ampliarlo

Las constructoras se muestran «muy indignadas» con el Gobierno y Quirós las insta de nuevo a «decidir si quieren hacer el modificado» de las obras

Oviedo, A. MENÉNDEZ / P. ÁLVAREZ, para La Nueva España

El Gobierno regional y las empresas que construyen el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) estudian alargar la prórroga técnica que habían acordado para intentar llegar a un consenso acerca del segundo sobrecoste de las obras del centro sanitario.

Este periodo de negociación comenzó el pasado 7 de abril, fecha de conclusión de los 58 meses que se otorgó a las constructoras para ejecutar los trabajos. Inicialmente, este plazo transitorio iba a durar mes y medio, o sea, que concluye el próximo día 22. Sin embargo, ante la evidencia de que las negociaciones no avanzan al ritmo deseado, ambas partes prevén prolongar este periodo. Lo contrario supondría empezar a hablar de asuntos de alto voltaje, como podrían ser las sanciones a las empresas por incumplir los plazos. Penalizaciones que, por su cuantía, son un asunto serio: podrían alcanzar los 90.000 euros diarios.

Mientras se deciden los siguientes pasos, el tiempo transcurre y las obras avanzan con gran lentitud. Frente a quienes auguran un acuerdo rápido entre el Ejecutivo autonómico y las empresas, este periódico ha podido saber que éstas están «muy indignadas» con las recientes declaraciones del consejero de Salud del Principado en las que Ramón Quirós planteaba un ultimátum a la unión temporal de empresas (UTE) configurada por las constructoras Sacyr, San José y Sánchez y Lago.

El pasado lunes, el titular de Salud afirmó que las empresas «deben poner sobre la mesa si quieren seguir o no adelante con los trabajos». Y agregó que «no sería un inconveniente cambiar de constructora si es que la UTE actual no se considera capacitada o con ganas de terminar la obra». A juicio de la UTE, estas palabras de Quirós constituyen «un órdago que no se sustenta», toda vez que -argumentan- un cambio de adjudicatarios implicaría un sensible aumento tanto de los plazos como del gasto.

Sean o no un órdago, lo cierto es que el titular de Salud no tuvo ayer reparos en abundar en las consideraciones expresadas el pasado lunes. Lo hizo minutos antes de inaugurar en Oviedo las II Jornadas Nacionales Cardiovasculares en Atención Primaria organizadas por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

A juicio de Quirós, «tanto la UTE como Gispasa tienen en su haber personas sensatas y capaces y que saben que la única solución posible es que ganemos todos». El consejero expresó su confianza en que «se llegue a un acuerdo satisfactorio para las partes», y agregó que «si no hay acuerdo, el camino está claro». ¿Y cuál es el camino? «La UTE tiene que decidir si quiere hacer el modificado, que está encima de la mesa con sus plazos, las unidades de obra a las que afecta y el dinero que creemos que realmente cuestan esas mejoras». El consejero de Salud indicó que «mejor llegar a un acuerdo bueno para las dos partes que ir a una solución que no es deseada por nadie, pero que si hay que llegar a ella tendrá que llegar».

Según Quirós, hablar de la posibilidad de una ruptura entre las empresas y el Gobierno asturiano no es, como dicen las constructoras, un órdago inviable: «La legislación permite a las empresas rescindir el contrato si consideran que no les interesa el modificado, y eso es lo que tienen que decidir».

Sostiene Quirós que el Principado y Gispasa (empresa pública que impulsa el proyecto) «están haciendo un trabajo excelente, ya que hay gente muy capaz que ha mirado al milímetro lo que vale cada una de las mejoras y están negociando en beneficio de todos».

Según el consejero, entre ambas partes existe una asimetría esencial. Y es que, mientras las empresas «son entidades con ánimo de lucro, que buscan su beneficio, y es legítimo, Gispasa es una empresa pública que busca el beneficio de todos y en estos tiempos defiende aun más el dinero de todos». Lo que sucede no es novedad, según el titular de Salud: «Que eso genere tensiones no es inhabitual, lo que se exige es buena capacidad de negociación y, sobre todo, rigor a la hora de valorar las cosas». En este punto, Quirós subraya que «Gispasa está actuando con mucho rigor».

La discusiones hacen referencia a una serie de modificaciones del proyecto cuyo coste es valorado por el Principado en unos 25 millones de euros y por las constructoras en unos 60 millones. Según algunas fuentes cercanas a las negociaciones, las pretensiones de las constructoras se han reducido en las últimas semanas. Si el encarecimiento quedara finalmente fijado en unos 40 millones de euros, el coste definitivo del edificio se situaría en unos 300 millones -inicialmente los trabajos se adjudicaron en 205,3 millones- y la factura global de las actuaciones en el entorno de los 490 millones de euros.
Controlar lo que se receta…
Oviedo, P. Á., para La Nueva España

El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, pidió ayer a los médicos de atención primaria que, a la hora de extender recetas, tengan en cuenta el precio de los medicamentos. Esta actitud «tiene importancia, porque nos permite tratar a más pacientes con el mismo dinero», argumentó el consejero.

Quirós pronunció estas palabras en el acto de inauguración de las II Jornadas Nacionales Cardiovasculares en Atención Primaria, que se desarrollan en Oviedo bajo la organización de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y con la asistencia de unos 500 facultativos de primaria de toda España. Además del consejero, intervinieron en el evento protocolario Miguel Ángel Prieto, presidente del comité organizador de las jornadas; José Luis Llisterri, vocal del citado comité; Julio Zarco, presidente de Semergen; y María Jesús Rodríguez, concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo.

Minutos antes del acto, el consejero de Salud destacó que las enfermedades cardiovasculares constituyen en Asturias la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones: más de 4.200 personas fallecidas en 2008. «La buena noticia es que estamos consiguiendo disminuir la mortalidad», precisó, aludiendo a una estadística que excluye el alto envejecimiento de la región.

Sobre el posible efecto en el ámbito sanitario del recorte salarial a los empleados públicos anunciado por el Gobierno central, Quirós señaló: «Los recortes salariales en el ámbito de la Administración pública siempre generan conflictos y tensiones. Qué duda cabe de que a nadie le gusta que le reduzcan el sueldo, pero necesitamos pagar nóminas a fin de mes y todo el país va a tener que hacer sacrificios».