Nuevo escenario para las cuentas generales.

ENLACE CON LAS DECLARACIONES OFICIALES DE LA CONSEJERA

El ajuste superará los 300 millones de euros, más de 100 en inversión

El Sespa asumirá el mayor recorte en personal y gasto con 40 millones.

La merma en Infraestructuras obligará a ralentizar y posponer obras.

La Voz de Asturias. 03/06/2010 E. G. BANDERA 

El Principado ya tiene un planteamiento inicial para afrontar el ajuste económico al que obliga el déficit público, que superará los 300 millones de euros. Por un lado, se recortarán 210 millones de euros en el capítulo presupuestario de personal y gasto corriente y, por otro, se perderán más de 100 millones de euros en inversiones, a las que el Gobierno regional iba a destinar en 2010 un total de 1.283,4 millones de euros. La principal consejería afectada por la merma inversora será la de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en la que el recorte obligará a ralentizar y posponer obras previstas.

El recorte de 210 millones de euros, además del obligado 5% en los salarios de los 32.000 empleados de la Administración autonómica, se traducirá en una política de austeridad que limitará el gasto diario a lo imprescindible en cada departamento. El mayor recorte, en este sentido, será asumido por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), en donde alcanzará los 40 millones de euros. El paso siguiente será abordar un adelgazamiento del sector público, que afectará a todas las empresas, organismos y entes públicos, que también tendrán que reducir el gasto corriente a lo imprescindible.

"EQUITATIVO Y ESCALONADO"

Este es el nuevo escenario presupuestario que ayer se ponía sobre la mesa en el Consejo de Gobierno y que, en el caso del gasto corriente y de personal, deberá plasmarse en un proyecto de ley que será sometido a votación en el Parlamento asturiano. En el apartado de personal, el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros afecta únicamente a la base y a la antigüedad de los salarios de los empleados públicos, con lo que el Principado quiere definir en ese proyecto de ley un recorte "equitativo y escalonado" a través del resto de conceptos retributivos.

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, explicó ayer que el presidente regional, Vicente Alvarez Areces, propuso al Consejo de Gobierno cumplir con el objetivo final del 5% pero de manera que afecte "menos a quienes reciben los salarios más bajos dentro de la Administración". Migoya insistió en que una parte del recorte retributivo ya viene dada por el decreto-ley y que el Principado tiene ahora como margen de trabajo el resto de conceptos con la idea de lograr un ajuste en el que las líneas maestras sean la equidad y el equilibrio. "Vamos a trabajar en la línea de afectar a todos los conceptos retributivos, lograr el objetivo que marca el Gobierno de España y hacerlo de manera equitativa y justa en esa redistribución, de forma que los que más cobren tengan más ajuste y los que menos, se vean menos afectados", reiteró Migoya.

Y lo mismo en el personal laboral del Principado, para los que la ley prevé también un recorte del 5% en todos los conceptos retributivos, salvo que en el marco de la negociación colectiva de cada autonomía se llegue a un acuerdo de distribución diferente. Migoya explicó que esta puntualización para el personal laboral se incluyó en el decreto ley a petición de comunidades autónomas como Asturias y que, así, "vamos a explorar esa posibilidad en un marco de diálogo social y de negociación con los sindicatos en la mesa general para que ese escalonamiento llegue también a los laborales".

Con estas premisas sobre la mesa, indicó que ahora son las consejerías de Administraciones Públicas y Economía las que tienen una mayor responsabilidad en la confección de este plan de ajuste, siendo la que depende de Jaime Rabanal la que tiene que elaborar el proyecto de ley. El ajuste en las retribuciones del personal es urgente, puesto que tiene que aplicarse en la próxima nómina de junio y afectará a ocho, incluyendo la paga extraordinaria de Navidad.

Qué ocurrirá si PP e IU-BA-LV, como es previsible, no apoyan ese proyecto ley que modificará la de los presupuestos generales de 2010 para afrontar el recorte en los salarios? "No vamos a adelantar acontecimientos ni puedo prejuzgar el criterio soberano del Parlamento asturiano", dijo Migoya, que aseguró ayer que "siempre hay sintonía" con los consejeros de IU-BA-LV.

IU rechazará el proyecto de ley si supone "recorte de derechos"

La FSA afirma que este debate debe llevarse al seno del Gobierno regional.

03/06/2010 E. G. BANDERA, en La Voz de Asturias

Izquierda Unida de Asturias tiene claro que se opondrá frontalmente a un proyecto de ley que "suponga un recorte de derechos", aunque considera que la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un "primer paso" fruto de la presión de la coalición de izquierdas que ha venido apoyando esta medida "desde hace mucho tiempo". Sin embargo, aún es "insuficiente", según aseguraba ayer el coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, que consideró necesaria una modificación fiscal más "ambiciosa" y que, en el caso del IRPF, afecte, de forma progresiva, a quienes perciban más de 60.000 euros al año. En Asturias, más de 13.815 personas perciben unos ingresos anuales superiores a los 60.000 euros.

Iglesias consideró que debe exigirse ese esfuerzo a esos casi 14.000 asturianos que tienen "capacidad suficiente para afrontarlo" e incidió, de paso, en que entre ellos se encuentra la clase política, que debería "dar ejemplo de ello" y "teniendo en cuenta los niveles medios de ingresos de los diputados y de los miembros del Gobierno plantearnos que el incremento del IRPF sea a partir de los 60.000 euros".

Además, consideró que la propuesta se queda coja y debería ser más amplia, afectando también a otros tributos, tal y como ha venido demandando IU-BA-LV en las reuniones del pacto del Gobierno y en las previas a la elaboración del presupuesto. Asimismo, consideró que debe realizarse un mayor esfuerzo de austeridad, reduciendo lo superfluo, tal y como tiene previsto en todo caso la parte socialista del Gobierno.

Desde IU también advertían ayer de que se mantiene una "discrepancia absoluta" con la política de abordar el déficit público a través del recorte de los gastos. Y, de hecho, ayer trasladaron a sus socios de gobierno que no van a tener su apoyo si se hace frente a la crisis sólo por la vía del gasto. Y mucho menos admitirán que los recortes supongan una merma en los servicios públicos, "que impliquen más listas de espera en los hospitales, el deterioro de la escuela pública o dejar en papel mojado la Lay de Dependencia".

Y, si el proyecto de ley que se someterá a votación en la Junta incluye estas premisas negativas, IU votará en contra: "No podemos ni plantearnos apoyar en ningún caso ese tipo de medidas", Además, emplazan a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) a abordar desde la izquierda una salida "más justa y en la que se repartan más los sacrificios". Desde la FSA, respondían ayer que "las decisiones que deban adoptarse deberán tomarse en el seno del Gobierno". Y, en ese marco, IU tiene claro que no va a eludir el debate sobre el recorte de gastos, para el que los socialistas tienen clara su postura favorable, aunque reiteran que el marco adecuado es el propio Ejecutivo. Entienden que este punto es coincidente con su política fiscal ante la crisis, como ya adelantó Javier Fernández.

El Principado subirá el IRPF a los 6.000 asturianos que ganan más de 100.000 euros

Contempla un alza de hasta tres puntos y estudia avanzar en la fiscalidad ’verde’ o retocar Sucesiones y Transmisiones

03.06.10 -A. SUÁREZ, OVIEDO, en El Comercio.

El Principado tomará la senda abierta por Cataluña y Baleares y también subirá los impuestos a las rentas altas. En concreto, a aquellas que tributen más de 100.000 euros al año, tal y como propuso ayer el presidente, Vicente Álvarez Areces, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. La medida tiene un carácter más ejemplarizante que recaudatorio, ya que afectará a unos 6.000 asturianos y permitirá ingresar entre 15 y 20 millones de euros, y no está del todo cerrada. Por dos razones. Primero, porque se estima que se aplicará a través de un incremento de tres puntos en el tipo máximo del IRPF, que pasaría del 43% al 46%, si bien ese porcentaje es aún objeto de negociación. Y segundo, porque IU, socio del PSOE en el Ejecutivo, es mucho más ambiciosa. Reclama que el repunte tributario se extienda a las rentas por encima de los 60.000 euros y toda una batería de reformas que afecten a impuestos como Sucesiones o Transmisiones y desarrollen la fiscalidad ’verde’.

Lo que sí es una evidencia es que las reivindicaciones de una subida de impuestos planteadas en los últimos días por la Federación Socialista Asturiana y por Izquierda Unida ya han encontrado acomodo en el Gobierno. El pasado viernes, el consejero de Economía, Jaime Rabanal, ya dejó entrever, aunque con la boca pequeña, que la posibilidad de imitar a Cataluña y penalizar a las rentas altas podría abrirse camino. Esa opción se concretó ayer. En la primera sesión del Consejo de Gobierno que de verdad abordó el escenario de recortes económicos a ejecutar en las próximas semanas, Areces planteó la conveniencia de subir el IRPF a los asturianos que ingresan más de 100.000 euros al año. Medida que comenzará a aplicarse en la próxima campaña de la renta.

La portavoz del gabinete, Ana Rosa Migoya, lo justificó así: «El Gobierno no va a quedarse sólo en el recorte del gasto, también actuará por la vía de los ingresos porque todo el mundo debe contribuir a salir de esta situación». Esto es, vino a decir que si el severo ajuste recortará las posibilidades de pensionistas y funcionarios a través de la rebaja y congelación de sus percepciones, también es conveniente que quienes tienen unas retribuciones más elevadas colaboren en el objetivo de superar la crisis.

Discrepancias

La presentación pública del incremento fiscal constató, en todo caso, serias discrepancias entre los socios de gobierno. Porque mientras Ana Rosa Migoya ’vendió’ la subida del IRPF como una propuesta propia de Areces, IU asumió el mérito y dijo que la «presión» ejercida en los últimos días ha sido clave para que el ala socialista del Gobierno diera el paso.

Porque para IU es eso, un paso. «Un primer paso, pero todavía insuficiente», precisó su coordinador, Jesús Iglesias, que recordó que su formación ha puesto sobre la mesa la necesidad de introducir cambios fiscales en las últimas negociaciones para formar gobierno y en los sucesivos debates presupuestarios, sin éxito. Hasta ahora. El escenario ha cambiado. Y, curiosamente, será en las tres regiones donde IU tiene peso en el Gobierno -Asturias, Cataluña y Baleares- donde habrá subidas de impuestos.

Pero IU quiere más. Considera que el umbral a partir del cual las rentas deben experimentar la subida de impuestos tiene que bajar de los 100.000 euros anunciados ayer a 60.000. El incremento del IRPF sería progresivo, en función de los sueldos, y se crearía una figura especial para las rentas superiores a los 600.000 euros.

Y, asimismo, Iglesias pretende que el retoque no se quede únicamente en el IRPF, sino que sea más profunda y afecte a figuras como los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a la tasa del juego, e implique el desarrollo de la llamada fiscalidad ’verde’. «Es necesaria una reforma más amplia, dentro del marco competencial autonómico», opinó el máximo responsable de IU.

Reunión ’caliente’

Preguntada por la posibilidad de llevar a la práctica algunas de estas medidas, Migoya no se cerró en banda e indicó que el Ejecutivo estudia algunas de estas medidas. «No descartamos otros retoques», dijo, sin querer ir más allá.

La postura exigente de la coalición hace prever un mes de junio ’caliente’ en la política regional. De hecho, la reunión de ayer del Consejo de Gobierno ya evidenció algunos roces. Fuentes de la coalición precisan que, en su exposición inicial sobre el escenario económico y los ajustes a aplicar, la parte socialista no presentó ninguna propuesta concreta de incremento del IRPF. Y que ese planteamiento no se produjo hasta que los consejeros de IU advirtieron de que sin una subida fiscal a las rentas altas el panorama político se complicaría muchísimo. «Fue entonces cuando Areces aludió a la subida del IRPF, a modo de primer gesto, pero se le recordó que las cosas no se pueden quedar ahí y que deben ir más lejos», agregaron fuentes de Izquierda Unida.

Es verdad que en el seno de la coalición hay ya cierto hastío respecto a otro asunto, la tardanza de la Consejería de Economía en darles traslado de sus previsiones para realizar el ajuste de 210 millones de euros exigido por el Gobierno central para cumplir con los planes de reconducción del déficit público. Tampoco ayer Rabanal trasladó cifras concretas, según estas mismas fuentes. «Se equivoca la parte socialista del Gobierno si cree que vamos a negociar los recortes a ciegas», añaden. Y remachan: «No tenemos prisa, el PSOE no va a marcar los tiempos; no se negociará ni se decidirá nada mientras no tengamos los papeles». Los consejeros de IU, de hecho, trasladaron su rechazo «nítido y radical» al ala socialista por su forma de actuar en este asunto.

Respecto a cómo desarrollar ese ajuste, a qué partidas meter tijera y cuáles salvar, Izquierda Unida tiene las cosas muy claras. «Es necesario un mayor esfuerzo de austeridad, reduciendo todo lo superfluo», aseveró Iglesias. El recorte, sostiene el socio minoritario de gobierno, «no puede suponer más listas de espera en hospitales ni decisiones que dejen en papel mojado la ley de dependencia».

El PP se queja

Respecto a la conveniencia de esos recortes también se pronunció el PP. Su presidente, Ovidio Sánchez, apostó por priorizar la supresión de partidas presupuestarias prescindibles en lugar de optar por incrementar los impuestos a las rentas altas. «Hay que eliminar gastos superfluos», dijo, y anunció que mantiene su intención de, en caso de que los populares lleguen al Gobierno regional, se privatice la televisión pública asturiana «porque es lo razonable».

Según los cálculos del PP, por otro lado, los 294.270 pensionistas de la región perderán 836 euros de poder adquisitivo al año a raíz de la decisión del Gobierno central de congelar sus percepciones. «Es un atraco a los pensionistas», clamó Sánchez.