Responsable es aquel que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas ¿conocéis a alguien así en nuestro gobierno?

Areces apela a la responsabilidad para sacar adelante el plan de ajuste

RTPA

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha apelado hoy a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para sacar adelante el plan de ajuste planteado para la administración autonómica por importe de 210 millones de euros, que incluyen el recorte salarial para los empleados públicos.

La aplicación del decreto del Gobierno central para rebajar en un 5 por ciento el coste salarial en las distintas administraciones obligará a tramitar un proyecto de ley en el Parlamento regional que podría verse rechazado en caso de que el PP e IU, socio de gobierno del PSOE, votasen en contra de la iniciativa

 Según el jefe del Ejecutivo, el ajuste es "doloroso" pero imprescindible para reconducir el déficit público y las comunidades autónomas deber ser "serias, coherentes y responsables" porque son "parte del Estado" y estas medidas contribuirán a mejorar la economía española y la consideración exterior de su solvencia.

"Si empeoramos, a este país le costaría miles de millones de euros que sólo pagaríamos a los bancos y eso no creo que sea un buen negocio", ha indicado Areces que ha abogado por "dar pruebas" de que España "cumple sus compromisos y sabe hacer sacrificios".

En el caso de Asturias ha recordado que el Principado podría disponer de una mayor capacidad de endeudamiento al ser la segunda comunidad menos endeudada, pero que las administraciones "no pueden permanecer ajenas" a la actual situación de crisis.

Para el presidente asturiano, aunque en ocasiones "no se haya explicado bien las cosas", en estos momentos es necesario ser "serios" y no recurrir "al juego político de erosionar al contrario y de hacer demagogia" planteando la necesidad de rebajas fiscales.

"Desgraciadamente ese sentido de la responsabilidad no lo tienen todas las fuerzas políticas y algunas piensan más en sus intereses de partido que en los del país", ha apuntado.

A su juicio, una administración pública como la asturiana que recauda 400 millones de euros menos que hace unos años resulta "imposible de sostener" y debe "adaptarse a la situación, adelgazar y no expanderse" ante el riesgo de no tener "ingresos suficientes par hacer frente a los servicios" que presta.

Para Areces, aunque no vaya a ser "agradable para nadie que le recorten su salario", la aplicación de esta medida es un "imperativo" de un Estado de Derecho y se sitúa en la línea de las que se están adoptando en el resto de Europa.

El recorte de 210 millones en Asturias se hará, ha asegurado, "con mesura y racionalidad" buscando el objetivo de "salir fortalecidos de la crisis", sosteniendo el modelo social y aplicando recursos para seguir "alimentando" la economía productiva con licitaciones "aunque no se podrá mantener el nivel de los últimos años".

El Gobierno regional deberá llevar ante la junta General del Principado su propuesta de recorte salarial para los empleados públicos y el ejecutivo se enfrenta a dos problemas que pasan por la premura en el tiempo y la falta de apoyo en el parlamento

Empezando por sus socios de gobierno, IU-BA-Los quieren mantener la postura defendida en Madrid, en la votación del Real Decreto que impulsa este recorte donde la coalición votó en contra.

El coordinador de IU, Jesús Iglesias asegura que Izquierda Unida apoyará el recorte de los salarios siempre que se realicen además otras propuestas.

Por su parte, el PP de Asturias se opondrá a la aprobación de estas medidas y mantienen que el recorte no debe afectar a los salarios y sí a otras partidas

El grupo socialista respaldará al gobierno y reclama responsabilidad de sus compañeros en la Junta. Por su parte, el Gobierno confía en la aprobación parlamentaria, y matiza que el ahorro es obligado para mantener los servicios públicos.

El Real decreto del recorte, y por tanto la rebaja del salario de funcionarios, deberá ser efectiva en la próxima nómina. Así las cosas la alternativa pasa por tramitar el proyecto de ley de forma urgente o como lectura única, esta opción no permitiría incorporar enmiendas.