Resumen de la trayectoria histórica de Venturo XXI lo que explica cómo se llegó a esta situación...

Venturo XXI recibió 6 millones de ayudas y capital público en sus 5 años de actividad

La cartográfica de los hermanos Manuel y José Antonio Coronado está en proceso concursal con unas deudas de 5,1 millones
La empresa desembarcó en Asturias por la «muy buena amistad» del director del IDEPA, Víctor Marroquín, con sus propietarios.

En la foto: Victor Marroquín, Director del IDEPA

El Entrego, L. M. D., para La Nueva España

Venturo XXI recibió desde su fundación en 2005 más de 6 millones de ayudas y capital público. Cinco años después, la firma cartográfica que se instaló en San Martín del Rey Aurelio, de la mano del director del IDEPA, Víctor Marroquín, está en proceso concursal con unas deudas de 5,1 millones. Y acaba de despedir a 67 de sus 73 trabajadores. Una de las principales apuestas de la reactivación de las Cuencas fracasó por una mala elección del sector, el topográfico muy limitado y con una rentabilidad ajustada en España, un diseño de la empresa «sobredimensionado» que parecía enfocado a buscar más las ayudas que la rentabilidad y una mala gestión que los socios de la empresa, el Principado y Hunosa, no atajaron en el consejo de administración. Los hermanos José Antonio y Manuel Coronado, que arribaron en Asturias por la vinculación profesional y de amistad con Marroquín, dejan tras de sí un dudoso rastro de fracaso empresarial.

Hasta ahora, ningún representante del Gobierno regional, IDEPA y Sadim han realizado valoración alguna de la situación de la empresa. En el espectro político, el PSOE guarda silencio. IU, apoyó a los socialistas en la Junta General del principado contra una petición del PP para abrir una comisión parlamentaria que investigase la gestión y ayudas recibidas por la empresa. Pero IU, en San martín del Rey Aurelio, ultima una demanda para presentarla en la Fiscalía de Asturias, contra los gestores y socios de la cartográfica. El PP, por su cuenta, exige que se aclaren las ayudas recibidas por Venturo XXI, incluidas las de dos cursos de formación que otorgó la mujer de Víctor Marroquín, Paloma Sainz, actual portavoz municipal del PSOE en Oviedo.

Pero, ¿cómo dos empresarios extremeños de la cartografía, un sector relativamente limitado en España, acaban instalándose en las comarcas mineras? El proceso se remonta a mediados los años 90, cuando el actual director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), Víctor González Marroquín, desarrollaba su carrera profesional en Intergraph, una compañía de ingeniería líder en el suministro de software especializado y maquinaria a empresas de varios sectores, entre ellos el de la topografía y la cartografía. A través de esta compañía Marroquín entabló relaciones con los empresarios extremeños, unos contactos que se mantuvieron cuando se incorporó a Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera), órgano de diversificación de Hunosa, cuando Luis Tejuca (PP) era su presidente. Huso 29, propiedad de los Coronado, llegó a realizar varios trabajos para Sadim y para la Consejería de Infraestructuras.

Con el salto de González Marroquín al IDEPA, en 2004, fue cuando se intensificaron los contactos entre los Coronado y el Principado. Manuel Coronado reconocía en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, en julio de 2005, que la «muy buena amistad» con Marroquín fue el factor que provocó su desembarco en Asturias. Así, los promotores presentaron a los responsables de los órganos de desarrollo económico del Principado y de Hunosa un ambicioso programa empresarial.

La sede, comprada por 380.000 euros, consiguió 1,4 millones con tres hipotecas

La firma fió su plan de negocio a los contratos con administraciones públicas, que se frustraron por la crisis económica

La firma se comprometía a invertir 4,27 millones de euros y a generar al menos 73 puestos de trabajo en el sector cartográfico, muy atomizado en España, y que, según empresas del sector, tiene márgenes de beneficio pequeños y sufre una gran competencia desde países emergentes del Europa y China.

En febrero de 2005, se constituyó Venturo XXI con 60.102 euros de capital a nombre de RTK Topografía. En agosto de ese año se realizaba la ampliación de capital que dejaba lista a la compañía para funcionar: 2.535.898 euros de capital social, una cantidad que controlaba RTK en un 51%; Sadim en un 21%; la Sociedad Regional de Promoción (SRP, presidida por González Marroquín como director del IDEPA) en otro 21%; y Sodeco (Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras) en un 7%.

El informe del concurso de acreedores critica tanto el diseño de Venturo XXI como su gestión. Por ejemplo, asegura que su plan de empresa era «muy optimista», porque la sociedad se constituyó «con unas inversiones, tanto en activos fijos (maquinaria e instrumentos) como en capital humano, que requerían unos volúmenes de negocios que no se llegaron a alcanzar en sus años de actividad». Es decir, desde el principio el plan de empresa era demasiado ambicioso para un mercado como el cartográfico, muy limitado en España. El sector asturiano recibió de uñas a Venturo, por distorsionar el mercado.

Víctor González Marroquín, que por su cargo en la SRP es miembro del consejo de administración de Venturo XXI, admitió en una comparecencia en la Comisión de Industria de la Junta que el Principado había aportado el capital conociendo la «debilidad financiera» de la empresa. Sin embargo, este punto débil de la compañía se obvió porque existía la creencia de que Venturo XXI podría hacerse un hueco en el mercado internacional con cierta suficiencia, algo que sin embargo no llegó a ocurrir.

Para poner en marcha este ambicioso y a la postre fallido plan de empresa los promotores privados solicitaron ayudas al Principado. Se aprobó una ayuda de fondos mineros de 1,6 millones por la creación de empleo y por las inversiones a realizar, pro sólo recibieron 1,2 al no cumplir las expectativas de empleo e inversión; también se acordó otra partida de 1,8 millones que se utilizaría para rehabilitar las antiguas instalaciones del pozo Venturo de Hunosa, que se iba a utilizar como sede de la compañía, y Sodeco habilitó un crédito «blando» de 2 millones de euros para la cartográfica, que ni siquiera comenzó a devolver. A estas cantidades hay que añadir los 1,2 millones que el sector público puso en el capital de la compañía y las ayudas aún sin cuantificar por dos cursos de formación de los que se benefició la empresa a través de la dirección general de Formación cuando era dirigida por Paloma Sainz (actual portavoz municipal del PSOE ovetense y esposa de González Marroquín). En total, al menos 6,2 millones en total.

La actividad de Venturo XXI arrancó a finales de agosto de 2005, con una docena de empleados, tomando el centro de formación de Hunosa en Sama como centro de operaciones provisional. Ante la tardanza de los trámites para invertir los 1,8 millones de fondos mineros en la rehabilitación de las instalaciones del pozo Venturo, fue la propia Hunosa quien se lanzó a rehabilitar la sede de la cartográfica. En julio de 2006 acudían a la inauguración de la sede el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces -que ese mismo día habló por primera vez del proyecto del tren-tranvía para las Cuencas, aún en fase de proyecto-; el consejero de Industria, Graciano Torre y el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades. En ese acto los hermanos Coronado prometieron llegar a «250 ó 300 empleos» y realizar «nuevas inversiones» en las Cuencas.

El desembolso en equipos informáticos, topográficos y fotogramétricos alcanzaba los 1,2 millones de euros, una cantidad que, a posteriori, ha sido criticada tanto por algunos acreedores como por algunas fuentes relacionadas con la empresa. En el primer caso se afirma que algunas de estas inversiones están «infladas», sobre todo las relacionadas con las licencias cartográficas, por las cuales se pagaron 680.000 euros. En el segundo caso, se criticó el poco aprovechamiento que se realizaba de la maquinaria: Venturo XXI trabajó habitualmente a un único turno. «¿No se podría haber invertido la mitad en material y haber establecido dos turnos de trabajo? Tal vez no interesaba», apuntaban algunas fuentes, dejando entrever el principal objetivo era captar ayudas. Quizá una consecuencia fue que nunca fue rentable.

En el año 2006, la cartográfica cerró el ejercicio con 100 trabajadores (27 más de los exigidos por los fondos mineros) y con unas pérdidas de 475.046 euros. El año 2007 la plantilla aumentó hasta los 116 empleados, llegando incluso a tener un pico de 124, y con 804.699 euros de pérdidas. La compañía, en este periodo, había intentado hacerse con grandes contratos, como el del catastro de Gijón, valorado en 900.000 euros, que finalmente se llevó otra firma asturiana. Venturo XXI había fijado sus perspectivas de negocio en las administraciones públicas, pero la crisis las frustró.

Ese año, Hunosa y el Ayuntamiento de San Martín aprobaron un convenio por el cual el consistorio compraba terrenos, instalaciones y maquinaria a Hunosa por valor de 2 millones de euros, una operación que el propio alcalde de San Martín, Ignacio Fernández, reconoció que se realizaba para «compensar» a la hullera por los trabajos de arreglo del pozo Venturo.

En 2008, las previsiones de la compañía comenzaron a desmoronarse. Tras conseguir que en el viaje institucional del Principado con empresarios a Sudáfrica y Angola el Gobierno de este último país firmase una serie de contratos valorados en 5 millones de dólares que favorecerían a Venturo XXI, el consejo de administración, ante las pérdidas, se vio obligado a intentar lograr nuevos métodos de financiación exterior. Así, se decidió realizar una tasación sobre el edificio que alberga a la compañía, rehabilitado con fondos públicos y con 3.017 metros cuadrados construidos, con un valor de 3,5 millones.

Los dueños de la compañía impulsaron así la ejecución de una opción de compra sobre el edificio que se había establecido desde un principio. Venturo XXI pagó por su sede 360.000 euros más IVA, casi diez veces menos del valor en el que se tasó. Gracias a esta compra logró un préstamo con garantía hipotecaria del Banco Popular por importe de 600.000 euros; una segunda hipoteca en la misma entidad por importe de 660.000 y un tercer préstamo, también del Banco Popular, valorado en 130.000 euros.

Este «chollo» inmobiliario, sin embargo, no fue suficiente para hacer frente a la situación a la que debía hacer frente la compañía. El informe preliminar del concurso de acreedores afirma que, con su volumen de empleados y de inversiones en inmovilizado, Venturo debería haber facturado al menos 5 millones de euros anuales. Sin embargo, su mejor ejercicio, el de 2007, sólo rozó los 3 millones (2.970.804 euros). 2008 acabó cerrándose con unas pérdidas de 1.780.390 euros, y el descenso en el número de empleados comenzaba a notarse. A finales de este año ya sólo había 91 trabajadores, un número que se redujo hasta 75 a principios de 2009.

El 16 de febrero del año pasado, el consejo de administración de Venturo XXI acordó una reducción de capital para enjuagar deudas por valor de 1.401.840 euros. En esas mismas fechas, se aprobaba un expediente de regulación temporal de empleo que afectó a la mitad de la plantilla, con un máximo de permanencia en el paro de cada trabajador de cuatro meses, con una duración global del ERE de medio año. La licitación de contratos, debido a la crisis y la rebaja del gasto público -los principales clientes de Venturo XXI eran distintas instituciones públicas, sobre todo de Andalucía y Extremadura- se agudizó aún más. Desde septiembre de 2009 los trabajadores comenzaron a sufrir retrasos en el pago de sus nóminas. El consejo de administración redujo en 1.090.320 euros más su capital, dejándolo en únicamente 103.000 euros. El ejercicio se cerró con 197.639 euros de pérdidas y sin posibilidad de conseguir créditos.

El 7 de abril se formaliza la entrada de Venturo XXI en concurso de acreedores. Ahora, Marroquín, busca nuevos inversores.

La firma fracasó por su gestión «poco conservadora» y su «sobredimensión»

Algunos acreedores apuntan a que más que la rentabilidad parecía buscar el mayor número de subvenciones posible

El informe previo del concurso de acreedores, acusa del fracaso de Venturo XXI, además de la «sobredimensión» inicial de la empresa, a la «poco conservadora gestión de los recursos». «La situación de insolvencia se agravó año a año, al ir incrementándose las pérdidas, sin reacción por parte de la concursada», es decir, del consejo de administración de Venturo XXI: los hermanos Coronado, Sadim y la SRP. El gran contrato con Angola, que podría ayudar a la supervivencia de la firma, «no consta que vaya a comenzar» en un corto plazo. De esta forma, «la viabilidad de la empresa no está asegurada, y de no aprobarse ninguna propuesta de convenio, su proyecto empresarial no es viable, ni técnica, ni económica, ni financieramente, restándole únicamente la vía de liquidación que a juicio de esta administración debía haber sido solicitada con anterioridad, a fin de de evitar demoras y mayores perjuicios a los terceros implicados». Fuentes relacionadas con la empresa y algunas compañías a las que la cartográfica debe dinero apuntan a que las causas de este fracaso «ya podían verse» desde la constitución de la firma. «Se hinchó la plantilla, se compraron equipos en exceso..., no se quería poner en marcha una empresa, se quería atraer la máxima cantidad de ayudas posibles», apuntan. Las cifras del administrador concursal dejan además algunas dudas sobre las relaciones que las empresas de los Coronado mantenían entre ellas: Huso 29, también en concurso, debe más de 160.000 euros a Venturo XXI por trabajos en los que participaron en unión temporal de empresas (UTE). La «marca» de los empresarios, RTK Topografía, propietaria a su vez del 51% de Venturo, es una de las 126 compañías, entidades y personas presentadas al concurso de acreedores, para cobrar una deuda de 204.000 euros.