Entrevista en Salinas al Secretario General de la C.S. de CC.OO.

«La reforma laboral de Zapatero va a acelerar el crecimiento del desempleo»

«En España si algo tienen las pensiones es margen de mejora porque hay tres millones de personas, sobre todo viudas, que perciben pagas míseras»

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO Secretario general de Comisiones Obreras

Salinas (Castrillón), Saúl FERNÁNDEZ, para La Nueva España.
Ignacio Fernández Toxo (El Ferrol, La Coruña, 1952) es el secretario general de Comisiones Obreras en España. Participó ayer en Salinas en el tributo rendido por el concejo de Castrillón al sindicalista y ex concejal Guillermo Ballina. Minutos antes, con la música de fondo de la banda «L'Alborcer», conversó con LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Abaratar el despido genera riqueza?

-Estoy absolutamente convencido de que no. Ya ni tan siquiera se disimula que la reforma no pretende generar empleo y, por lo tanto, a través de la actividad económica, riqueza. Zapatero dice que está pensada para anticiparse a la siguiente crisis económica, cuando todavía no hemos salido de esta... ¡Hábrase escuchado disparate mayor! El Gobierno sabe, como lo sabemos nosotros, que el empleo lo genera la actividad económica y esta depende de la capacidad de inversión de las administraciones públicas, de la inversión privada y de la capacidad de consumo de las familias. Todo esto es lo que toca en negativo el plan de ajuste. En un contexto de alta destrucción de empleo la reforma laboral lo que va a hacer es acelerar, y lo veremos a partir de septiembre, el crecimiento del desempleo en nuestro país.

-El «decretazo» también causa amargura a los empresarios: van a tener que hacer fijos a eventuales de más de dos años.

-A algunas empresas, al empresariado más cutre. Afortunadamente no a todas las compañías españolas les gusta tener en precario y para siempre a los trabajadores. Es verdad que algunas utilizan de forma abusiva modalidades de contratación, como el de obra y servicio, que se desnaturalizan para mantener esa situación de prolongada inestabilidad en el empleo. Conviene además no perder de vista un dato: la gente que entró hace veinte años con menos de treinta en la vida laboral, a estas alturas, sigue teniendo un contrato temporal que rota de un empleo temporal a otro...

-... Y de una compañía del grupo a otra.

-Es cierto. Es el proceso de ingeniería organizativa de las empresas. Sinceramente, yo creo que los empresarios se quejan con la boca pequeña porque están tremendamente satisfechos con el alcance que va a tener la reforma.

-¿Por qué después de tanto tiempo no hubo acuerdo entre sindicatos y empresarios?

-Precisamente, por el resultado de la reforma laboral, porque las exigencias de la patronal eran desmedidas. Primero pusieron el foco en una reducción muy importante de las cotizaciones sociales. Cuando el Gobierno aprueba el plan de ajuste y los empresarios se dan cuenta de que no van a ceder en ese campo, extremaron la exigencia en el terreno de los despidos, de la contratación, de la negociación colectiva... esto ha hecho inviable el acuerdo. Las únicas reformas laborales que han funcionado en España son aquellas que nacieron del consenso. Esta -aparte de provocar de forma inmediata una alta conflictividad social y espero que también el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad española, en la forma que está construida sólo tiene inconvenientes- es una reforma pensada para el viejo modelo económico y no para eso que viene anunciando el Gobierno de una transformación del modelo productivo español, que parece que queda para otro tiempo.

-Parece que los sindicatos y el Gobierno han vivido un idilio durante una legislatura y media.

-La expresión esta del «idilio» la he oído muchas veces a lo largo de esta crisis. Yo creo que aquí hay, de forma interesada o no, una confusión importante. Se confunden rigor y responsabilidad sindical con apoyo acrítico al Gobierno, nada más lejos de la realidad. No dejo de reconocer que el Gobierno ha sostenido la protección social, ha creado una nueva figura para aquellas personas que estaban ya en una situación de mayores dificultades, pero la crítica ha sido una constante, al menos, en Comisiones Obreras.

-¿El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decide o le hacen decidir?

-El giro brusco que se ha dado a las políticas europeas a partir de la reunión del Ecofin del 7 de mayo es lo que ha orientado la toma de decisiones en España. Son reformas que están presididas por el pánico y la presión y es una cesión de la democracia frente al interés económico de unos pocos. Estas reformas sólo van a servir para retrasar la salida de la crisis y configurar un mercado laboral más precario si cabe que el actual. Veremos qué supone la anunciada reforma de las pensiones. Nosotros, en Comisiones Obreras, ya hemos dicho que no vamos a aceptar el retraso de la edad de jubilación y tampoco vamos a aceptar una lógica que lleva a plantear que en materia de progresión social sólo se puede actuar por la vía de los recortes. En España si algo tienen las pensiones es margen de mejora porque hay tres millones de personas, fundamentalmente viudas, que perciben pagas de cuatrocientos euros, una auténtica miseria.

-Algunos destacados socialistas defienden el copago de los servicios sanitarios.

-La fiebre se ha desatado y ahora compiten las comunidades autónomas y el Gobierno de España para ver quién le mete más tijera al gasto público. El pensamiento de izquierdas ha desaparecido, salvo honrosas excepciones que están ahí, visibles. Quienes tienen responsabilidades de gobierno en la izquierda han renunciado a gobernar los asuntos públicos desde posiciones de izquierdas. Han renunciado a que la fiscalidad juegue un papel importante en la reducción del déficit. No se puede actuar sólo desde la tijera. Los mercados financieros nunca se van a dar por satisfechos. Ahora hablan de copago, de retirada de lo poco que queda de presencia pública en algunas empresas, de que los servicios los ha de prestar el mercado... Todo esto es la lógica del pensamiento liberal y conservador en la que parece que se ha instalado el Gobierno español.

-Ha habido un ensayo general de la huelga, la de los funcionarios, un tanto precario.

-De ensayo no tenía nada. Era una movilización que tenía un objetivo muy claro: responder al recorte salarial que había decidido el Gobierno en el plan de ajuste. Sinceramente, me hubiera gustado que hubiera tenido un seguimiento mayor. Yo creo que, primero, se ha hecho un trabajo de engaño a los trabajadores en cuanto a la repercusión del plan de ajuste y, después, un ejercicio tremendo de meter miedo a la sociedad para llevar a los empleados públicos a la idea de la resignación, de que no es posible hacer otra cosa. Bueno, ese mensaje, desafortunadamente ha calado y la movilización tuvo unos resultados de la movilización. Y, sin embargo, antes de ayer mismo, conocíamos que los tribunales han admitido a trámite el recurso presentado por Comisiones Obreras contra la reducción de los salarios. Vamos a ver si no nos encontramos con la misma situación que se provocó cuando llegó el PP al Gobierno en 1996: la congelación salarial del acuerdo que había para tres años y luego los tribunales vinieron a darnos la razón.

-¿La huelga general del próximo 29 de septiembre quiere tumbar el Gobierno?

-He participado en todas las huelgas generales que ha habido en España en estos años y siempre me he encontrado este tipo de argumentos que sólo pretenden descalificar la acción democrática del derecho a la huelga. Esta del 29 de septiembre tiene razones en la acción política, es evidente. La huelga es para que las reformas laborales que pretende el Gobierno no se abran paso y se instalen definitivamente en las relaciones laborales.

-Cambiando de tema, ¿qué supone la ausencia de españoles en el consejo de Arcelor?

-En una multinacional, en un monstruo tan grande, el pasaporte todavía tiene importancia. Espero que no tenga repercusiones aquí.