Una demanda que debería prosperar

Acreedores de Venturo XXI demandarán por la vía penal a los administradores

Cinco empresas afectadas por los impagos se unen para llevar ante la justicia a los dos promotores privados y a los representantes del Principado y Hunosa

El Entrego, M. Á. G.
Un grupo de empresas acreedoras de Venturo XXI se han unido para defender sus intereses y demandará por la vía penal a los cuatro miembros del consejo de administración de la cartográfica. De esta forma, la demanda se interpondrá contra los promotores privados de la compañía, los hermanos Manuel y José Antonio Coronado; el representante de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), organismo dependiente del Principado, Víctor González Marroquín; y el representante de la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (Sadim), entidad vinculada a Hunosa, Manuel Fernández Prada. Los acreedores responsabilizan a los empresarios privados y a los representantes públicos del descontrol en la gestión que ha terminado con Venturo XXI en concurso de liquidación y con 67 de sus 73 trabajadores en el paro.

Venturo XXI, uno de los emblemas de la diversificación económica en las Cuencas, recibió múltiples ayudas públicas para su constitución. El frente común de acreedores que demandará a los administradores de la cartográfica está integrado por cinco sociedades: tres con sede en Madrid, una del País Vasco y otra más de Castilla-La Mancha. La base de la demanda ya está elaborada y sólo falta conocer la pieza resolutiva que dictará el juez encargado del proceso concursal para que se presente de manera efectiva. Según la orientación de las conclusiones del juez, la demanda podría introducir ligeras modificaciones en su línea argumental pero seguirá basada en dos pilares: irá por vía penal y responsabilizará a todos los administradores, tanto privados como representantes de las instituciones públicas, del descontrol en la gestión que ha conducido a la situación actual de la cartográfica.

Esta denuncia penal se sumaría a las demandas ya interpuestas en su día a título particular por los diferentes acreedores para exigir el cobro de las cantidades que se les adeudan.

La firma Venturo XXI recibió desde su fundación, en 2005, seis millones de euros de ayudas y capital público. Liderada por unos empresarios extremeños, Venturo XXI recibió 1,6 millones de fondos mineros. Además, diversas sociedades públicas aportaron 1,2 millones para suscribir el 49% del capital: Hunosa, a través de Sadim, tiene un 21% de la participación; la Sociedad Regional de Promoción (SRP) otro 21 por ciento y Sodeco el 7%. La compañía llegó a tener en nómina 120 trabajadores, pero en 2008 afrontó un recorte que dejó la cifra en 73.

También en 2008 se hizo efectiva la opción de compra del el edificio del antiguo pozo minero de Venturo, en La Güeria de Carrocera (El Entrego), que era propiedad de Hunosa, por un precio muy inferior a las ayudas públicas destinadas a su rehabilitación. El inmueble, en el que se invirtieron 1,8 millones (la mayoría fondos mineros) para su reparación.