Las veintiún entidades sociales que conforman la Red Asturiana contra la Pobreza estiman en 7 meses el retraso en la tramitación de las ayudas

El salario social desborda a Bienestar

La cifra mensual de nóminas llega a 7.500, con lo que la consejería ya avanza que cerrará el año con más de 30 millones de gasto

Confirma retrasos en la gestión, que achaca al incremento en las solicitudes y la falta de personal

17.10.10 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

«Fuimos los primeros en decirlo: tenemos retrasos en la tramitación del salario social». Si, tal y como adelantó EL COMERCIO, anteayer la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión alertaba de retrasos de hasta siete meses en la tramitación de esa renta mínima, que llega a todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 530 euros, desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, la encargada de gestionarla, no se utilizaron medias tintas. No sólo se confirma un retraso ya anunciado oficialmente, sino que se describe un panorama que habla de situación desbordada, al crecer la demanda, pero no el personal destinado para atenderla.

Fuentes oficiales del departamento que dirige Noemí Martín aseguraron que «ya en el verano dijimos que íbamos con retraso» porque las peticiones para recibir esta ayuda, de la que Asturias es una de las pocas comunidades en ofrecer, «han aumentado notablemente». En aquel momento, el Gobierno regional reconocía cinco meses de retraso, que las veintiún entidades sociales que conforman la Red Asturiana contra la Pobreza elevan ahora a siete.

Desde Bienestar se reconoce que no se ha recuperado la demora, porque en estos momentos se tramitan una media de «7.500 nóminas al mes», debido «al actual contexto económico», que se ha traducido en un incremento de las personas desempleadas, a las que ya se les ha agotado la prestación a la que tienen derecho.

De este modo, si 2009 ya cerró con cifras de récord, al superar, por vez primera los 17.000 beneficiarios de esta ayuda, 2010 va camino de superar los hitos del año pasado. La demanda en el primer semestre, como señaló la consejera recientemente, «se situó en 7.367 prestaciones y 16.202 personas beneficiarias», lo que supone un 15,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

«La plantilla es la que era»

En los meses siguientes la demanda no ha disminuido, hasta el punto de que el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, aseguró que este año el salario social supondrá un pago «de más de 30 millones de euros», cantidad superior a la presupuestada inicialmente: 29,7 millones de euros.

El problema, no obstante, no estriba en que no haya dinero para pagar las nóminas «porque el salario social es un derecho», sino que se explica en que mientras la demanda se dispara, la plantilla «sigue siendo la que era». Es decir, los mismos efectivos se encargan de gestionar las 7.500 nóminas mensuales, tramitar las nuevas peticiones y hacer el seguimiento de los casos.

Esta situación ya llevó a un encontronazo entre los socios en el Gobierno regional antes del verano, porque mientras desde Bienestar, gestionada por IU-Los Verdes, se pedía más plantilla, la respuesta de Administraciones Públicas, en manos del PSOE, fue que «son momentos de contención en el gasto», por lo que instó al equipo de Martín a «organizarse mejor».

Cobertura garantizada

Tras el rifirrafe político, la situación apenas varió y la llegada del otoño y el crecimiento del paro han multiplicado los problemas en el equipo de salario social, que han hecho a las entidades sociales elevar la voz «porque los retrasos están generando el riesgo de pobreza severa, ya que las personas que esperan por esta ayuda carecen de otros recursos y tienen que vivir al día».

Sin embargo, desde la Consejería de Bienestar Social se insiste en la idea de que la cobertura está garantizada, «ya que mientras se tramita el salario social las personas sin recursos acceden a las ayudas de emergencia que nosotros financiamos a los ayuntamientos mediante el Plan Concertado».

A ese concepto, las ayudas de emergencia, han destinado este año 1,1 millones de euros, cantidad a la que Bienestar añade los 2,7 millones para programas destinados a evitar la exclusión social y, también, los 25,9 millones que financian las prestaciones básicas de los servicios sociales municipales. En total, casi otros 30 millones, tantos como el salario social.