Sólo en el SESPA lo pendiente desde junio de 2008 (publicación en BOPA de la Ley 3/2008), que a su vez incluía lo pendiente desde 2006, son más de 2500 plazas ¿lo cumplirán por fin?
VER CUANTIFICADA, EN NOVIEMBRE DE 2008, LA OPE
El Principado convertirá en 2011 en fijos a entre 2.500 y 3.000 empleados públicos
Se compromete ante los agentes sociales a sacar adelante toda la oferta de empleo pendiente desde hace años
26.10.10 - A. SALAS / D. DE MIGUEL | OVIEDO / GIJ ÓN, en El Comercio.
El Principado convertirá el año que viene en fijos a entre 2.500 y 3.000 empleados públicos. Ese fue, al menos, el compromiso que adquirió ayer ante los agentes sociales, a quienes aseguró que «dará prioridad presupuestaria» a la tramitación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) que tiene pendiente la administración autonómica desde hace varios años y que, según manifestó el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, requiere una «logística costosa». Se trata, según explicó el responsable autonómico, de plazas que aunque han sido aprobadas dentro de los Presupuestos están ocupadas por interinos, lo que obliga a convocar oposiciones «teniendo en cuenta esa prioridad de empleo que todos tenemos y especialmente de empleo estable».
En la reunión del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA), los agentes sociales y el Gobierno también acordaron buscar un modelo-marco para la puesta en marcha de los Planes Locales de Empleo que evite los problemas surgidos en ayuntamientos como el de Avilés, donde varios trabajadores que accedieron a esta iniciativa se han convertido en fijos por sentencia judicial. El ACEBA también tratará de poner freno al paro juvenil. Los firmantes del acuerdo decidieron ayer que, en todos los planes de empleo previstos se pondrán de acuerdo en el seno del Servicio Público de Empleo para reservar una cantidad de dinero destinado exclusivamente al empleo de jóvenes, que son los que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral.
Tras casi tres horas de reunión, Torre explicó a los periodistas los principales avances del encuentro al que patronal y sindicatos acudieron con el ánimo de exigir «garantías» de que el texto del acuerdo se cumplirá «íntegramente». El responsable autonómico acudió a la rueda de prensa con la lección aprendida y detalló cómo prevé el Gobierno cumplir con el compromiso que adquirió en agosto con los agentes sociales de licitar antes de que termine el año los 967 millones, de los 2.319 previstos en el capítulo de infraestructuras durante los cuatro años de vigencia del plan, para cumplir el texto. Torre explicó que hasta el momento se han licitado 443 obras por un importe de 452.529.000 euros y que están pendientes de licitación otras 170 obras, por un total de 514.481.000. Una cifra, que pese a lo abultada, no será, según Torre, difícil de cumplir ya que el grueso de la inversión se lo llevarán «tres o cuatro obras».
Entre ellas, destacó la incineradora de Cogersa, que se llevará 264 millones de euros, y la carretera Infiesto-Campo de Caso, el enlace de San Miguel de la Barreda y la carretera Bobes-San Miguel de la Barreda, donde se invertirán 100 millones más. «Si a esas obras les sumamos toda la licitación de saneamientos y el Plan A estaremos muy cerca del total de los 514 millones de euros que nos quedan pendientes para llegar a esos 967 millones», aseguró el consejero, tras hacer hincapié en que la inversión se ha repartido en un total de 613 actuaciones, lo que ha permitido beneficiar a un gran número de empresas. «Es mucho más fácil licitar pocas obras y de mucho volumen, pero eso beneficia a pocas empresas», resaltó.
El Gobierno también trasladó a sindicatos y patronal el desarrollo del denominado Plan A de inversiones locales, del que ya se ha licitado el 77% de las obras, por un importe de 72 millones de euros. Entre los acuerdos más destacados que alcanzó con los agentes sociales, figura el de prestar especial atención a la comercialización la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) y el de extender a los particulares el apoyo que hasta ahora estaban brindando a las asociaciones de los polígonos industriales para abrir guarderías en estas áreas y facilitar así la conciliación de la vida laboral y familiar. En la reunión también se abordó la situación de los fondos mineros tras el recorte de 170 millones de euros acordado por el Gobierno central para 2011. En este sentido, Torre recordó que, a pesar de esta circunstancia, la cantidad presupuestada para el sector del carbón el próximo año crecerá en 125 millones. Y es que, según explicó, el Gobierno aumentará en 300 millones los fondos destinados a subvencionar el uso de carbón nacional por las eléctricas. «Como siempre han dicho los sindicatos, el Plan de la Minería debe verse de forma global», apostilló. No obstante se mostró confiado en que el recorte de fondos acordado por el Gobierno central pueda recuperarse en los próximos años.
El Principado promete oposiciones en 2011 para hacer fijos 3.000 empleos temporales
El Gobierno regional pacta con la patronal y los sindicatos elaborar un modelo de planes locales de empleo para evitar otro conflicto como el de Avilés
Oviedo / Caravia, M. MARTÍNEZ /P. GONZÁLEZ /M. TORAÑO / E. F.-PELLO, en La Nueva España
El presupuesto regional de 2011 incluirá una partida específica para convocar las oposiciones de entre 2.500 y 3.000 plazas de empleo público y así transformarlas de empleo temporal a fijo. La cantidad, que ayer no concretó el Gobierno regional, es para «sufragar el aparato logístico», matizó el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre. Los recortes en la Administración para afrontar la crisis se tradujeron en la práctica congelación de la oferta pública de empleo, que este año quedó reducida a 120 plazas y sólo para profesores de Secundaria.
El acuerdo se alcanzó ayer en la reunión de la denominada «mesa grande» del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar (ACEBA) entre el Gobierno regional, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO. También se acordó crear un modelo-marco para la puesta en marcha de los planes locales de empleo para regularlos y evitar que ocurra en otras administraciones lo mismo que en el Ayuntamiento de Avilés, donde varios operarios que accedieron a esta iniciativa se han convertido en fijos por sentencia judicial.
Horas antes, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, había asegurado que las prioridades en los Presupuestos de 2011 serán la inversión productiva y las políticas sociales. Y ¿cómo lo hará? Areces respondió que «agotando la capacidad de endeudamiento regional» (el 1,3% del PIB establecido por el Consejo de Política Fiscal y financiera) y «sacrificando» otras partidas, que no especificó porque, según afirmó, «no hay nada decidido. Estamos a punto de cerrar ese escenario de ingresos para saber, junto con el endeudamiento máximo posible, qué escenario vamos a tener».
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, también afirmó, antes del acuerdo alcanzado en el pacto de concertación para impulsar la oferta pública de empleo, que en su ámbito de actuación «haremos el máximo esfuerzo en recortar los recursos destinados al funcionamiento de la Administración. Seremos lo más austeros posible e intentaremos salvaguardar las ayudas a los ayuntamientos y todas las cuestiones que generan obras, actividad económica y empleo que son muy importantes para los ciudadanos».
Mientras, desde el PP asturiano, su presidente, Ovidio Sánchez, adelantó ayer lo que puede ocurrir si el PSOE e IU no diseñan un «presupuesto realista»: «Acabarán llevando al Principado a la quiebra y poniendo en peligro los sueldos de los funcionarios». Al tiempo, Ramón García Cañal, diputado popular en la Junta, calcula que ante las cantidades que el Principado tiene que devolver del dinero adelantado a cuenta por el Estado, «el futuro gobierno estará hipotecado». Y es que, añadió, el Principado tendrá que reponer al Estado a partir de 2013 «entre 500 y 600 millones de euros» durante varios ejercicios. El PP reiteró que si el Gobierno del Principado quiere diseñar un Presupuesto para 2011 «debe reducirlo entre 1.000 y 1.100 millones.
El Gobierno expuso ayer tarde a patronal y sindicatos, en el pacto de concertación, el desarrollo del ACEBA y sus previsiones para los presupuestos de 2001. Al cierre de esta edición continuaban reunidos. Hasta entonces los acuerdos alcanzados fueron los siguientes:
Empleo público.
El consejero de Industria y Empleo, en calidad de portavoz, explicó que el Gobierno y los agentes sociales se comprometieron a «dar prioridad presupuestaria al próximo año para sufragar el aparato logístico que signifique sacar adelante la Oferta Pública de Empleo que tiene el Principado pendiente, lo que es una contribución importante, no para generar empleo nuevo sino para consolidar empleo estable». Se trata de entre 2.500 y 3.000 plazas que, según Torre, «en estos momentos ocupan temporales y que ya han sido aprobadas dentro de los Presupuestos, es decir, que hay que hacer la oposición. Eso lleva su tiempo y su dinero, y se acuerda que para el año que viene se va a establecer como una prioridad presupuestaria dinero para desarrollar esas pruebas».
Planes locales y empleo juvenil.
Gobierno, patronal y sindicatos acordaron también buscar un «modelo marco o mecanismo» que sirva para regular las contrataciones en el marco de los planes de empleo locales, que evite que personas que han accedido a esta iniciativa se conviertan en trabajadores fijos, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Avilés. También se pactó que en el marco del Servicio Público de Empleo se negocie destinar una partida económica exclusivamente para dar empleo a los jóvenes.
Infraestructuras.
El Ejecutivo entregó ayer el desglose de las obras licitadas en lo que va de año y las previsiones hasta el 31 de diciembre. Hasta el momento se han licitado 443 obras por un importe de 452.529.000 euros, y quedan pendientes otras 170 obras por otros 514.481.000 euros.
Entre las obras pendientes de licitación se incluyen la incineradora de Cogersa (264 millones de euros), la carretera Infiesto-Campo de Caso, el enlace de San Miguel de la Barreda y la carretera de Bobes a San Miguel de la Barreda, que son otros 100 millones más. El resto de los casi 514,5 millones se distribuyen entre los proyectos de saneamiento y del plan A, del que ya se han licitado 254 obras, el 77,3%.
El ajuste estatal en obra pública generará 660.000 parados, según las constructoras
Las patronales del sector no logran respaldos parlamentarios para aumentar la inversión del Estado en 2011
Madrid, Efe
El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Juan Lamo Espinosa, sostuvo que con los recortes previstos en infraestructuras en los Presupuestos Generales para 2011 «puede generarse un incremento del desempleo de 660.000 personas».
A su vez, otro dirigente del sector, el presidente de la patronal constructora CNC, Juan Francisco Lazcano, explicó ayer que tras haberse reunido con portavoces parlamentarios del Congreso no tiene esperanzas de que suba la inversión en infraestructuras durante el proceso de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
«Lo que sacamos en claro es que no va a haber ningún movimiento en cuanto a las previsiones que tiene el presupuesto que actualmente conocemos», afirmó Lazcano.
El también vicepresidente de CEOE confirmó así una reciente reunión de varios representantes empresariales del sector de las infraestructuras y la construcción con los portavoces de la Comisión de Presupuestos del Congreso.
«Nos sentimos defraudados (con estos Presupuestos), que traen consigo más desempleo y menos crecimiento del PIB», reiteró Lazcano, lamentando el recorte en la inversión en infraestructuras prevista por el Gobierno para el año que viene.
Lazcano consideró irrelevante la desaparición del Ministerio de Vivienda, ya que «a nivel de la Administración central va a seguir teniendo sus funciones en la secretaría de Estado», que dependerá del departamento de Fomento. Este esquema «no es novedoso», ya que así estaba definido en el pasado. Por tanto, opinó que «de acuerdo con el necesario ajuste fiscal que está haciendo el Gobierno», este cambio «es una buena solución».
El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró que uno de los principales retos que a afrontar es «cómo canalizar» el excedente de viviendas terminadas sin vender, proceso que, a su juicio, es «una digestión pesada» que «llevará su tiempo». Blanco ratificó su intención de mantener la supresión de la desgravación fiscal por la compra de vivienda habitual para rentas superiores a 24.000 euros a partir de 2011.
La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, anunció la concesión de 200 millones de euros en préstamos participativos para solucionar los dos problemas acuciantes del sector de las autopistas de peaje, que son «las obras adicionales y las expropiaciones». La primera beneficiaria va a ser la autopista radial de peaje R-2, que une Madrid y Guadalajara.
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