La mayor parte de las plazas que deben convertirse en fijas, entre 1.940 y 2.486 según las cifras de varios sindicatos, se concentra en el Servicio de Salud del Principado (Sespa)

Los sindicatos califican de señuelo electoral el anuncio de 3.000 plazas de funcionario

Las centrales respaldan la creación de empleo fijo, pero subrayan que el Principado sólo actualiza la oferta pública comprometida desde 2000

Oviedo, J. A. A. / E. P., P. GONZÁLEZ, en La Nueva España

Una medida electoralista que se basa en el supuesto de convertir una obligación contraída en una cesión del Gobierno. Así entiende buena parte de los sindicatos la decisión del Principado de convocar las oposiciones de 2.500 a 3.000 plazas de empleo público a lo largo de 2011 correspondientes a ofertas de empleo público no cubierto que el Principado arrastra desde el año 2000, aunque el mayor número se corresponde con los ejercicios 2006, 2008 y 2009. La mayor parte de las plazas que deben convertirse en fijas, entre 1.940 y 2.486 según las cifras de varios sindicatos, se concentra en el Servicio de Salud del Principado (Sespa). El resto, unas 800 plazas, pertenece al ámbito de la Administración autonómica. En educación no hay plazas pendientes de convocar.

Al tiempo, Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado, reconoció que «se trata de sustituir personal que ya está trabajando en la Administración, que son interinos o personal temporal, y convertirlo en funcionario a través de oposiciones». Este acuerdo pactado por el Principado y los sindicatos no supone la creación de nuevos puestos de trabajo, sino la conversión de los ya existentes ocupados por trabajadores interinos en plazas de funcionario, tal y como subrayó ayer el Principado. Además, y como confirmó Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, en 2011 la oferta pública de empleo estará congelada, como ya sucedió este año virtualmente, ya que sólo se convocaron 120 plazas nuevas y todas para Educación Secundaria.

La patronal asturiana, a través de su presidente, Severino García Vigón, mostró su rechazo frontal a la decisión porque «ahora toca apretarse el cinturón». «No es el momento de consolidar situaciones, porque por otros sitios están diciendo ya que no debe existir nada fijo, sino que hay que adelgazar la Administración en todo lo relacionado con el gasto corriente», añadió.

Todas las centrales sindicales coincidieron en aplaudir la decisión del Gobierno por lo que supone de generación de empleo estable. Pero introdujeron matices. «No es la primera vez que venden esta moto. Son plazas que ya están presupuestadas y deberían haber salido ya. Esperamos que esta vez cumplan», aseguraba ayer Manuel Nieto (CC OO). Nieto, al igual que otros líderes sindicales del sector de la Administración pública, como Luis Ángel Ardura (UGT), aseguró que la medida «no significa crear más empleo público, sino empleo de calidad». De todas formas, Ardura mostró su «satisfacción contenida» por la decisión y su temor a que «en 2011 no haya oferta de empleo público». Para José Luis González (USIPA), el anuncio se debe a que «se están acercando las elecciones. Simplemente, es una medida electoral». De igual manera se expresó Marco García (CSI). «Es el timo de la estampita. Están obligados a sacar esas plazas. Lo que pasa es que lo hacen ahora a bombo y platillo con vistas a las elecciones. Y lo peor es que dudo que cumplan», apostilló. Desde el ámbito de la educación, Gumersindo Rodríguez (ANPE) afirmó que se trata de «una huida hacia adelante para recabar votos», y desde el sanitario, Margot Marqués (SATSE) dudó que «lo vayan a hacer», al tiempo que recordó que hace años el Principado «adquirió ese mismo compromiso» incumplido.

Asturias se ha quedado al margen del frente de gobiernos autonómicos que exigen al Estado aplazar la devolución de los anticipos correspondientes a la financiación autonómica de 2008 y 2009. Nueve autonomías participantes en la Conferencia de gobiernos autónomos, celebrada el pasado lunes en Santiago de Compostela, han decidido aliarse para reclamar al Gobierno que aplace la devolución de más de 20.000 millones, una cantidad de la que a Asturias le corresponden más de 700 millones. Asturias, por ahora, no forma parte de ese ente interautonómico, pero Vicente Álvarez Areces comparte esa posición.

Las autonomías que votaron a favor del aplazamiento de la deuda por parte del Estado han sido Galicia, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Baleares, Cantabria, Murcia, La Rioja y Valencia, mientras que Extremadura y Andalucía (ambas gobernadas por el PSOE) se desligaron del acuerdo. Madrid tampoco avaló esa reivindicación porque no tiene que realizar devolución alguna, mientras que País Vasco y Navarra tienen un sistema de financiación diferente. La Conferencia de gobiernos autónomos enviará la resolución aprobada el lunes a los gobiernos de Canarias y Castilla-La Mancha por si también se suman a esa reivindicación ante el Estado.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, se mostró partidario de «fragmentar» la devolución al Estado, en sintonía con la reivindicación de esas ocho autonomías, aunque indicó que el marco para abordar esa situación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que forman parte todas las comunidades autónomas.

La realidad es que Asturias no se ha integrado, por ahora, en la Conferencia de gobiernos autónomos, que tuvo su antecedente en el grupo de comunidades que reformaron sus estatutos a partir de 2004. Sin embargo, este ente interautonómico, tras varias reuniones, fue creciendo y ampliando objetivos con la vocación de mejorar la colaboración mutua entre los gobiernos regionales, hasta incorporar a la totalidad de las comunidades, excepto Asturias. Fuentes de esa entidad afirmaron que el Principado puede sumarse cuando lo desee.

De interinos a fijos

El Principado quiere convocar las oposiciones, o finalizar los procesos ya iniciados, de unas 3.000 plazas de funcionarios que ahora están ocupadas por personal interino. La mayor parte de ellas, entre 1.940 y 2.486, es del Sespa. El resto, unas 800, en administraciones públicas. En el sector de la educación, las oposiciones están al día.

El coste

Gobiernos y sindicatos insisten en que convertir en fijos a 3.000 funcionarios no aumentará el coste de la Administración. La única diferencia retributiva entre un funcionario y un interino es que éste último no cobra el complemento de la carrera profesional. El mayor coste se centra en las oposiciones, para lo que hay presupuestados 600.000 euros.