La Audiencia ha convocado al Ejecutivo y a las eléctricas a una vista el próximo miércoles para escuchar sus alegaciones antes de resolver

La Audiencia Nacional paraliza el Decreto del carbón

Las nuevas ayudas al consumo de mineral autóctono quedan suspendidas hasta que el tribunal adopte el miércoles una decisión definitiva sobre la norma

30.10.10 - CÉSAR CALVAR | GIJÓN, en El Comercio.

El Gobierno cosechó ayer dos fracasos en su batalla con las eléctricas, a las que pretende obligar por decreto a quemar carbón de extracción nacional en sus centrales térmicas hasta 2014.

La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional admitió las medidas cautelares planteadas por las empresas contra uno de los desarrollos reglamentarios del decreto del Ministerio de Industria, cuya entrada en vigor -prevista el 1 de noviembre- queda paralizada momentáneamente hasta el miércoles 3, cuando el tribunal decidirá si deja o no sin efecto la norma.

Las eléctricas recurrieron ante la Audiencia Nacional la obligación que establece el citado desarrollo reglamentario de comunicar en un plazo de tres días por carta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) su compromiso de compra de carbón autóctono.

Técnicamente la resolución judicial no afecta al decreto ley, pero dejar en suspenso parte de la normativa que lo desarrolla acarrea, en la práctica, su paralización, recalcaron fuentes del sector eléctrico.

La Audiencia ha convocado al Ejecutivo y a las eléctricas a una vista el próximo miércoles para escuchar sus alegaciones antes de resolver. De momento, Industria niega que esta decisión de aceptar una de las medidas propuestas por las eléctricas acarree una suspensión de su decreto ley. Alega que los jueces sólo dan la razón a las empresas en un punto muy concreto, el que afecta a sus futuras adquisiciones de carbón , por lo que la norma sigue en vigor para el mineral ya almacenado en sus depósitos.

Paralelamente, el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, ha enviado al Ejecutivo un escrito en el que le solicita que retrase dos meses la entrada en vigor del decreto, a lo que Industria se niega. El tribunal argumenta que considera apropiada esta dilación hasta que se resuelva el recurso interpuesto por Endesa, Iberdrola y Gas Natural contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto. Un portavoz del Ministerio subrayó que el pronunciamiento del tribunal de Luxemburgo es sólo «una solicitud» y «no un mandato» de obligado cumplimiento de ahí que su funcionamiento no queda bloqueado. Y señaló que han fundamentado su negativa en que el decreto tenía el visto bueno de la Comisión, que «lo había estudiado de arriba abajo».

Iberdrola, Endesa y Gas Natural rechazan el decreto por considerar que es antieconómico y atenta contra la libertad de mercado, ya que les obliga a consumir un mineral más caro. También esgrimen motivos medioambientales: aseguran que el carbón español ensucia más que el importado.

Valoración

El Ministerio de Industria considera insistió ayer en que la decisión de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Luxemburgo no supone una paralización del mismo, según indicó un portavoz del departamento de Miguel Sebastián.

Las medidas cautelarísimas que analizará la Audiencia responden a una resolución publicada el martes por el Ministerio de Industria con detalles técnicos para la aplicación del decreto , entre ellos el precio al que se pagará el megavatio hora a las nueve centrales que quemen carbón nacional, situado en una media de 71,63 euros.

Las eléctricas recurrieron el desarrollo porque recogía un plazo de sólo tres días para que las centrales remitiesen sus cartas de intención a los distribuidores eléctricos, lo que, a su juicio, supone un lapso de tiempo insuficiente.

Desde Galicia, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, manifestó su «satisfacción» por las decisiones de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo respecto al decreto del carbón , con la que se bloquea su desarrollo. Con estos pronunciamientos, ha indicado, el Gobierno gallego ve reforzada su postura. Guerra indicó que espera ahora que la decisión sea confirmada por los tribunales.

Apoyo unánime de la Junta General a la minería asturiana

30.10.10 - E. C. | GIJÓN, en El Comercio.

El diputado del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, Benigno Enríquez, dijo ayer que el PP asturiano tiene un «problema de conciencia» en todo lo relativo al sector del carbón y las dificultades que atraviesa. Así, ha señalado que la formación presidida por Ovidio Sánchez intenta «justificarse» con diversas iniciativas y declaraciones, a pesar de que el presidente del partido, Mariano Rajoy, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sean contrarios a las ayudas al carbón nacional.

Enríquez ha cargado así contra los ’populares’ después de que estos presentasen en la Cámara una proposición no de ley que solicita prolongar las ayudas al carbón más allá de 2020. La iniciativa fue aprobada por unanimidad. Pero para Enríquez esa proposición «no aporta nada nuevo» porque la Cámara ya se ha manifestado en apoyo del carbón en el último debate sobre el estado de la región. Ha ahondado en la crisis que vive.

La iniciativa aprobada fue defendida por el diputado del PP, Ramón García Cañal, y solicita el mantenimiento de las ayudas al carbón más allá de la fecha límite del 15 de octubre de 2014. Pidió una declaración del Gobierno regional en defensa de la minería.

Villa: «El Gobierno debe dar un puñetazo en la mesa y cortar de raíz el problema»

Mieres / Langreo, D. MONTAÑÉS, en La Nueva España

El secretario general de SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, lamentó ayer la judicialización de la entrada en vigor del nuevo real decreto, calificando las noticias que generaron de «confusas y alarmistas». No obstante, puso énfasis a la hora de reclamar al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero una respuesta firme y contundente que permita despejar el futuro del sector: «El Gobierno debe dar un puñetazo de autoridad sobre la mesa y ejercer sus atribuciones como gobierno, cortando de raíz esta situación».

El veterano sindicalista advirtió de que las objeciones planteadas por la Audiencia Nacional se enmarcan más en las formas que en el fondo: «Al final, únicamente pone en entredicho el plazo establecido de tres días para la firma de los convenios con las eléctricas». Una de las firmas implicadas, Endesa, mereció reproches concretos: «El problema que tiene esta empresa es que está controlada en más de un 90 por ciento por capital italiano y tiene otros intereses». No fue la única queja que ayer manifestó Villa al dirigirse al sector eléctrico: «Algunas firmas parecen estar más interesadas en desgastar al Gobierno que en defender los intereses del país». El dirigente del SOMA también reseñó la situación en que se encuentran las empresas mineras, sobre todo Hunosa, debido al stock de carbón.